Parlamentarios de oposición se preparan para reactivar acusación constitucional contra Víctor Pérez

Los parlamentarios de la oposición se preparan para reactivar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, luego de que durante una manifestación registrada el viernes en Plaza Dignidad un joven de 16 años fuera empujado por un carabinero desde la baranda del puente Pío Nono al lecho del Río Mapocho.

El diputado Gabriel Ascencio (DC) afirmó que hubo un homicidio frustrado, por lo que es imperante reactivar la el recurso constitucional contra el ministro.

«Lo que hay allí hubo fue un homicidio frustrado. Hay que hacer efectivas las responsabilidades políticas de los funcionarios de Gobierno«, indicó Ascencio, citado por Cooperativa.

«Lo que tenemos es la posibilidad de presentar la acusación constitucional en contra del ministro del Interior -afirmó- esa acusación constitucional que estaba ‘stand by’ por la presentación de la otra acusación contra Mañalich, tiene que, necesariamente, reactivarse ahora«.

Agregó que «la acusación constitucional va a quedar redactada, definitivamente, este fin de semana y los primeros días de la próxima semana tiene que ser presentada en la Cámara de Diputados«.

«No hay otra respuesta posible a esta locura represiva a la cual nos está llevando el Gobierno«, subrayó.

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch planteó que «el ministro del Interior, literalmente, no hace nada, se peina. La verdad es que es muy chocante la primera reacción que le hemos escuchado».

«Estamos conversando con los distintos parlamentarios y parlamentarias, coordinándonos, trabajando con nuestros equipos jurídicos y legislativos, y esperamos en muy pocos días tener ya lista la acusación constitucional. Es la única medida coherente que podemos actuar en este momento, acusar al ministro del Interior por los gravísimos hechos que hemos visto durante estos días», acotó.

El diputado Diego Ibáñez (CS) sostuvo que «desde el Frente Amplio condenamos absolutamente la violencia ejercida por Carabineros, y exigimos inmediatamente la renuncia del ministro Víctor Pérez y la destitución inmediata del general director de Carabineros, Mario Rozas«.

En tanto, la diputada Emilia Nuyado (PS) planteó que «mientras el Gobierno no nombre un interventor, no anuncie un cambio profundo en Carabineros o una refundación de esa policía, yo no estoy dispuesta a aprobar su presupuesto para el próximo año«.

El senador Felipe Harboe (PPD) coincidió y exigió «acciones judiciales de responsabilidad política«.

«Este es un hecho gravísimo, es evidentemente una acción criminal, pero también revela la falta de protocolos para enfrentar situaciones límites. Esto, amerita, evidentemente, acciones judiciales de responsabilidad política«, aseveró.

«Estamos a la espera de que el Presidente de la República tome medidas porque este es un problema estructural, no solamente de un carabinero«, concluyó.

Declaraciones de Víctor Pérez

Pese a las graves evidencias sobre la actuación de Carabineros, el ministro Víctor Pérez se limitó a decir que  lamenta lo sucedido, pero que son las “investigaciones las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos de Carabineros, si los hechos son constitutivos de delito o no”.

Consultado respecto de las responsabilidades del general director de la institución, Mario Rozas, el jefe de Interior señaló que se trata de «aspectos políticos» y cree que, por el contrario, «todos aquellos que tienen responsabilidad, tanto constitucional como administrativa y política, debemos hacer los esfuerzos para superar esta situación».

Pérez afirmó que, «con apuntar con el dedo a otro, no superaremos esta dificultad».

El gobierno emitió un comunicado donde «rechaza y condena categóricamente» toda acción que atente contra los Derechos Humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia. En consecuencia, añaden, «si algún carabinero no cumple con los protocolos o la ley, atentando contra los derechos humanos, esa acción, además de los sumarios administrativos correspondientes, debe ser investigada por la Fiscalía y conocida, juzgada y sancionada por los Tribunales de Justicia, de acuerdo a la ley».

«El Gobierno rechaza y condena todo tipo de violencia, cualquiera sea su origen o motivación», expresa la declaración.

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