El tabú de la violencia contra las personas mayores que devela la pandemia del COVID-19

La pandemia del covid-19 ha desnudado la fragilidad del Estado, de sus instituciones y ha puesto en tela de juicio la relación con las personas mayores, en particular con las mujeres mayores, las personas en situación de dependencia y con condiciones de salud que requieren cuidados de larga duración

La pandemia del covid-19 ha desnudado la fragilidad del Estado, de sus instituciones y ha puesto en tela de juicio la relación con las personas mayores, en particular con las mujeres mayores, las personas en situación de dependencia y con condiciones de salud que requieren cuidados de larga duración.

En esta situación se ha vuelto a constatar que la violencia hacia las personas mayores sigue ocurriendo, que los cuidados son actividades esenciales, pero que algunas ocasiones no generan bienestar físico y emocional en las personas. Por lo que resulta necesario analizar articuladamente este tipo de prácticas, porque la forma en que cuidamos y nos relacionamos con las personas mayores refleja aspectos sociales y políticos que trasciende el ámbito privado.

Pensar la compleja relación con los cuerpos frágiles, que ante el escenario del covid-19 experimentan formas explícitas y otras veces solapadas de violencia en todas sus expresiones.

El Chile, el aumento del porcentaje de personas mayores de 60 años en la población es uno de los hechos sociales más importantes en este siglo XXI, se está viviendo un proceso de envejecimiento demográfico avanzado (CELADE, 2010) que se equipara a los de los países del norte global, pero que no está a un nivel similar respecto de la calidad de vida de las personas mayores.

En nuestro país, el 19,3% de la población es mayor de 60 años, donde el 55,7% son mujeres y 44,3% son hombres (INE, 2018), de las cuales el 14,2% se encuentra en situación de dependencia funcional[1].El 4,4% de este grupo posee dependencia leve; el 5,5% dependencia moderada; y 4,3% dependencia severa (CASEN, 2017). Asimismo, la esperanza de vida del país ha aumentado considerablemente desde el siglo pasado, siendo actualmente de 77 años para los hombres y 82 años para las mujeres, con previsión de seguir aumentando en los años siguientes (INE, 2018).

Se refiere a la necesidad de supervisión y/o ayuda de terceras personas para llevar a cabo las variadas actividades diarias que supone una vida autónoma (SENADIS, 2016)

El envejecimiento demográfico implica sortear retos sociales y políticos importantes, dentro de los cuales está la organización social de los cuidados (Leiva, 2015). Debido a la crisis desencadenada por la pandemia del covid-19 las consecuencias sociales y políticas para los cuerpos envejecidos se ha agravado, durante las semanas de cuarentena producto de las medidas sociosanitarias, se han evidenciado grandes desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a las personas mayores.

Uno de los primeros signos de esta desigualdad fue la necesidad de cuidado de una gran cantidad de población de personas mayores y, fundamentalmente, en situación de dependencia. Esta situación no es nueva, ni tampoco la dificultad para otorgar cuidado, pero que se ha acrecentado sobre todo por las particularidades de la situación actual de cuarentenas.

El cuidado en Chile se realiza de manera privada, en el silencio de los hogares, trabajo por lo demás subvalorado (Fedirici, 2018, 2013), sumado a la evidente falta de dispositivos de apoyo para la prevención y atención de las dependencias. En el desmantelamiento del sistema de protección social y las crisis del cuidado, las políticas neoliberales han privatizado y transformado en mercancía el trabajo no remunerado transformándolo en una crisis de la reproducción social (Fraser, 2016).  

En esta creciente mercantilización de las actividades de cuidado en nuestra sociedades capitalistas, dicho proceso ha sido relegado a un espacio sin valor económico ni social, con una asignación meramente simbólica y no ser contabilizado en el PIB, como resultado de un orden de género.

En este sentido, cuando se habla de orden de género se hace referencia a loas atributos valorados para aquello masculino y lo femenino. De esta manera, la persistencia de la tradicional división social del trabajo y de patrones culturales que subordinan y subvaloran lo femenino ha llevado a la invisiblización del valor que tiene el trabajo de cuidado para el desarrollo de las sociedades.

Producto de un modelo previo de reparto de responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, y una reorganización de los trabajos de cuidados, proceso que está cerrándose actualmente de forma no sólo insuficiente y precarizada, sino reaccionaria, en la medida en que se basa en los mismos ejes de desigualdad social (Pérez Orozco, 2006).

Otra de las marcas de esta desigualdad es la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas mayores, una parte importante de ellas se encuentra viviendo es una situación de pobreza y exclusión social. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2017, del total de personas mayores de 60 años, un 21,6% se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

La precariedad de la vida de muchas personas mayores, que con sus pensiones sólo alcanzan a cubrir los gastos básicos[1], no debe comprenderse solo desde la imposibilidad de mantener un nivel de ingresos que permitan la satisfacción de sus necesidades básicas, sino también con otros elementos culturales, sociales y políticos que las pone en una situación de riesgo de ser una víctima de violencia,  y en mayor riesgo las personas en situación de dependencia que no pueden llevar una vida autónoma e independiente lejos de sus agresores.


[1] 50% de las personas mayores recibe menos de 151 mil pesos de ingresos (Subsecretaría de Previsión Social, 2019)

La violencia hacia las personas mayores puede definirse como “acción única o repetida, o la falta de acción apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza, que causa trauma, estrés y sufrimiento a una persona mayor” (OMS, 2002)[1].


[1] Declaración de Toronto para la prevención global del maltrato de las personas mayores, a través de Red Internacional de Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)

En nuestro país, se ha definido el maltrato como “cualquier acción u omisión que produce daño a una persona mayor y que vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona. El maltrato puede realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por desconocimiento de manera no intencionada” (SENAMA, 2014).

De esta forma, se desprende que la violencia es estructural que subraya distintos ámbitos sociales, culturales, jurídicos y políticos, y que no puede reducirse a las relaciones interpersonales, es un fenómeno con cierta consistencia y de carácter social, en la cual se reproducen las jerarquías de la edad y la violencia se constituye un medio para garantizar tanto la opresión y disciplinamiento de esos cuerpos dóciles y fragmentados.

La violencia ocurre en relaciones interpersonales e institucionales, que se manifiesta de diferentes maneras: física, psicológica, sexual, económica, abandono y/o negligencia, además se reproduce intergeneracionalmente y está permeada por prácticas patriarcales. Por esta razón, no debe perderse de vista que la violencia hacia las personas mayores es un tema de Derechos Humanos, donde no se les puede negar el estatus de ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, al ser la esperanza de vida mayor para las mujeres en Chile[1], las violencias también son experimentadas más intensamente por las mujeres mayores, replicando lo estructural de la violencia de género del sistema capitalista patriarcal que no sólo invisibiliza el trabajo de cuidados que muchas de ellas hacen, sino que ni siquiera les ofrece una vida sin violencia durante la vejez.


[1] 82 años para las mujeres y 77 años para los hombres.

La violencia hacia las personas mayores se produce en un contexto que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder, esta se caracteriza por responder al sistema simbólico de discriminación por edad “edadista” que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos fundamentales de las personas mayores a vivir una vida libre de violencia y reproducen la desigualdad normalizando los comportamientos violentos.

Así, la violencia se transforma en un articulador simbólico que está implícitamente en las relaciones sociales, la que se expresa en la formulación y aplicación de normas y sanciones, activándose como mecanismos de regulación y dominación. De ese modo, se construyen objetos y sujetos de la violencia y la violencia misma como un hecho social y político.

El reconocimiento de la existencia de violencia hacia las personas mayores es más reciente que en otros grupos de la población como la violencia de género, pero es un problema invisible que hay que visibilizar. Se trata de un “conflicto iceberg” del que solo se conoce una parte, es un problema importante que no ha sido abordado adecuadamente desde las políticas públicas.

Las situaciones de violencia son recogidas desde una perspectiva normativa, pero la legislación que la aborda evidencia una mirada “edadista” de la situación que se experimentan. El marco legislativo de la Ley 20.422 y Ley 20.427 tipifican las situaciones de violencia, establece sanciones, pero no otorga garantías para enfrentar el problema de la violencia, ya que no se comprende lo complejo de las situaciones que experimentan las personas mayores.

En este sentido la violencia no debe comprenderse como un delito aislado, es un problema multicausal y tienen distintas expresiones, a la cual no solo se deben dirigir acciones sancionadoras o punitivas, porque no se pone en el centro la vida de las personas mayores, no se pone acento en la prevención, la protección y la reparación.

Por otro lado, en una lógica política estigmatizante, se les subestima, no se fiscaliza y los canales de denuncia no se ajustan a la realidad de las personas mayores, ya que muchas de ellas no denuncian por no poder, no querer o no saber.

Además, en muchos casos las víctimas no tienen la capacidad suficiente para denunciar, al estar afectadas de limitaciones cognitivas y de comunicación por causa de enfermedades degenerativas (Arroyo, Ribeiro y Mancinas, 2011).

Dentro de las mismas lógicas políticas, las redes institucionales han demostrado ser poco eficientes en el acompañamiento, apoyo y resguardo de las víctimas de violencia. Así mismo, no constituyen una figura de acogida en la cual las víctimas puedan apoyarse, encontrándose en total desprotección y soledad.

Por esta razón, es importante mencionar que en aquellas personas más dependientes de sus cuidadores/as, la probabilidad de violencia es mayor, dentro de este grupo se encuentran personas mayores con demencia, discapacidad y problemas crónicos de salud (Baker et al., 2016).

La relación entre la presencia de dependencia y la experiencia de violencia en personas mayores ha sido investigada por diversos estudios (Abusleme y Caballero, 2014; Flores, 2016; Iborra, 2009; Jiménez, 2012; Mancinas, 2007; Rivera, 2012 y Rueda, 2008).

Dicha relación se encuentra enmarcada como parte de los factores de riesgo, señalando en particular que la condición de dependencia en la persona mayor, especialmente vinculada con la provisión de cuidados y la sobrecarga enfrentada por las/os cuidadores, incrementa la frecuencia en que se presenta la violencia (Flores, 2016). De igual manera, las situaciones prolongadas de cuidado amenazan la salud física y mental de la persona que asume el cuidado, lo cual apresura la aparición de carga o estrés (Martínez, Villalba y García, 2001).

Por consiguiente, el actual confinamiento obliga a muchas personas mayores a estar encerradas en sus casas, se les ha recomendado el aislamiento físico, el encierro hace que se incremente el riesgo de violencia contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de convivencia, se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares.

La violencia existe y habita nuestro territorio, tiene muchas manifestaciones y es necesario seguir profundizando para buscar estrategias de intervención encaminadas al cuidado y protección de las personas mayores.

El Estado chileno ratificó en el año 2017 la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores, la cual debe hacerse efectiva para la promoción de la no violencia y resguardo de la integridad física y mental de las personas mayores.

Por lo tanto, se les debe proteger, ya que actualmente se encuentran desprotegido por parte del Estado, sus instituciones y la sociedad. Lo importante no sólo es reparar un hecho específico, sino también como mejorar y transformar las estructuras sociales.

Como sociedad chilena no hemos sido capaz de mirar de manera crítica y ser más enfática en construir una sociedad para todas las edades, de sensibilizar, educar y concientizar a la población en contra de la violencia hacia las personas mayores. Prevaleciendo los estereotipos negativos, invisibilizando la discriminación, el abuso y el maltrato.

Con lógicas políticas estigmatizantes y de control, acciones privativas de derechos, lógicas vinculadas a la tutela y la producción de la vejez desde un lugar deficitario. Se necesita un abordaje integral, sin desconocer una estructura de desigualdad de poder entre las edades, problematizar la visión totalizadora de la vejez sobre la que se ejerce violencia, es indispensable abordar enfoques que apunten a un análisis de la temática que trascienda los enfoques victimizantes y punitivista.

En este contexto de pandemia, es necesario replantearse prácticas y acciones donde se reflexione acerca de la dependencia, la autonomía y vulnerabilidad que soportan los discursos y prácticas en el cuidado de las personas mayores.

Como avanzamos en construir una sociedad para todas las edades, realizar cambios en este modelo donde entremos en una relación distintas “con” las personas mayores y no solamente “para” ellas. Yendo más allá de las lógicas tradicionales individualistas y dicotómicas que han prevalecido en las políticas públicas. Donde las situaciones de violencia no sean marginales.

Finalmente es necesario replantearse preguntas que van más allá de la situación de covid-19, ¿Qué podría emerger de esta crisis?, ¿Cómo avanzamos en la actual coyuntura? ¿Cómo respondemos a las necesidades de las personas mayores?.

Se requiere una profunda transformación estructural de orden social, en la que intersecciones de categorías de poder asociadas a la edad, el género y la clase estén presentes, se espera que una vez que pase la crisis de la pandemia, se posibilite retomar la lucha por una vida digna para todas las personas mayores.

Autor: Carolina Garcés

Trabajadora Social. Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales por la Universidad de Concepción, Master en Metodologías de la Investigación en Ciencias Sociales y Magister en Evaluación de Programas y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como académica en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes entre 2001 y 2015, donde también fue Editora General de la Revista Sophia Austral. Actualmente es académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat. Sus áreas de interés e investigación comenzaron con temas de vejez y envejecimiento; relaciones intergeneracionales, actualmente se ha enfocado en temas de feminsimo, género y cuidados. Es co-investigadora del proyecto FONDECYT 1181901 “Cadenas transfronterizas de cuidado entre Chile y Bolivia: trabajo de cuidado y emociones en un contexto de movilidad circular”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANI.

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