Comunicado Público

Asociación Mundial de Radios Comunitarias repudia allanamiento de emisora en Puerto Varas

Como ya hiciera hace unos días el Colegio de Periodistas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) procedió a denunciar el allanamiento policial perpetrado por orden de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a la empisora radial  «La Voz de Nueva Brumau» el pasado 24 de febrero y se saldó con la detención de cuatro comunicadores mapuche […]

Por CVN

03/03/2015

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Como ya hiciera hace unos días el Colegio de Periodistas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) procedió a denunciar el allanamiento policial perpetrado por orden de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a la empisora radial  «La Voz de Nueva Brumau» el pasado 24 de febrero y se saldó con la detención de cuatro comunicadores mapuche williche que serán formalizados por infracción al artículo 36 b de la Ley General de Telecomunicaciones, que penaliza la radiodifusión sin licencia, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y lo convenido por tratados internacionales como las de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

El cierre de la emisora, que se encontraba en proceso de regularizan su licencia, se suma a los acometidos este mismo año contra la radio «La Victoria» y «La Voz de Carahue» en La Araucanía,

Comunicado de AMARC

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, advierte que, según el derecho internacional, consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, ningún estado puede castigar un acto de libertad de expresión con derecho penal. Por lo tanto, la legislación chilena está reñida con estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Pese a que la derogación del artículo 36b, letra a, está en trámite final en el Congreso para su eliminación, este tipo de acciones no contribuyen al desarrollo del sector social de las comunicaciones, que aún espera la plena ejecución de ley de radios comunitarias promulgada en 2010 y aboga por un debate más amplio sobre el sistema de medios y una nueva ley de comunicación.

Peor se da en estos casos, cuando dos de ellos corresponden a radios comunitarias de carácter indígena que hacen uso de su derecho humano a comunicar y tener sus propios medios, como lo establece el convenio 169 de la OIT.  A su vez, el Estado chileno se comprometió en 2013, a raíz del caso de persecución penal a la radio Kimche Mapu, a fomentar la radio indígena a través de la entrega de licencias y recursos para su desarrollo. Lejos de ello, se desconocen avances en este sentido, en orden a promover la comunicación indígena en el país y garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios

 

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