Más allá de la cuota: dignidad laboral ahora

Por Álvaro Aguilar

Cuando hablamos de inclusión laboral, no sólo nos referimos a cifras o porcentajes. Hablamos de oportunidades reales, de dignidad, de justicia social. Eso es justamente lo que busca la Ley N°21.690: que más personas con discapacidad y quienes reciben pensión de invalidez tengan acceso a empleos formales, estables y significativos.

Hoy, las empresas con 100 o más trabajadores deben contratar al menos un 1% de personas con discapacidad. La nueva normativa plantea que esta cuota subirá a 2% cuando el 80% de las empresas cumpla la ley. Pero estamos lejos: solo un 21% del sector público ha alcanzado el umbral actual. Esta brecha nos interpela como país.

La implementación de esta ley depende de varios factores, especialmente de la claridad en las normativas y la fiscalización. La Dirección del Trabajo tendrá nuevas facultades para crear una unidad especializada en inclusión laboral, lo cual es positivo, pero se necesitarán recursos, personal capacitado y presencia territorial para que esta funcione de manera eficaz. La supervisión no debe ser sólo una exigencia, sino también un acompañamiento efectivo a las empresas.

A su vez, es crucial que las empresas tengan claridad en las normativas. ¿Cómo deben presentar su política de inclusión? ¿Qué información debe incluirse en los reportes? ¿Qué se entiende por «razón fundada» cuando no se encuentran candidatos adecuados? Estas cuestiones deben especificarse claramente en el reglamento, aún pendiente. Mientras no haya reglas claras, muchas empresas se sienten inseguras y prefieren no cumplir.

Otra barrera importante está en las medidas subsidiarias, como las donaciones. La ley exige que al menos un proyecto financiado esté fuera de la Región Metropolitana. Sin embargo, el criterio actual considera sólo el domicilio legal que figura en el Registro de Donatarios, en el cual aún no pueden incluirse más de uno. Así, se excluye a muchas instituciones con trabajo territorial efectivo. Proponemos que se pueda registrar más de un domicilio o modificar el criterio territorial para que más proyectos regionales puedan recibir apoyo.

Finalmente, es necesario mejorar la coordinación entre las autoridades. La Subsecretaría del Trabajo, la Dirección del Trabajo y la División de Cooperación Público-Privada deben trabajar de manera más estrecha y unificada. La falta de comunicación coherente genera confusión entre las empresas y las organizaciones sociales, lo que dificulta el cumplimiento de la ley.

Un ejemplo de ello ocurrió en enero de este año, cuando la nueva ley estableció, y un dictamen de la Dirección del Trabajo lo ratificó, que las empresas debían diversificar sus donaciones entre fundaciones y regiones desde su entrada en vigencia. Sin embargo, debido a la falta de claridad, la División de Cooperación Público-Privada decidió hacer caso omiso de esta disposición a pocos días de cerrar el proceso, lo que compromete claramente la descentralización de los esfuerzos de inclusión laboral y nos lleva a correr en círculos a último momento.

La inclusión laboral no es solo una obligación legal. Es una muestra del tipo de sociedad que queremos construir, donde las diferencias sean vistas como un valor y no como un obstáculo. Una sociedad donde el trabajo sea un derecho para todos, no un privilegio.

La Ley N°21.690 es un avance, pero su éxito dependerá del reglamento que la acompañe y de la acción coordinada de todos los actores involucrados. Es fundamental que autoridades, empresas y organizaciones sociales e incluso personas con discapacidad, trabajemos unidos(as) para garantizar que su inclusión sociolaboral sea una realidad y no solo un objetivo legislativo; haciéndonos cargo, además, de abordar de forma urgente otros temas relacionados, como la grave brecha en educación, la equidad de género y la descentralización de las contrataciones.

Por Álvaro Aguilar

Presidente Consejo Asesor en Fundación Ronda Chile

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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