Condenados al infierno

Hace poco menos de un mes, en las orillas del Centro de Justicia, una familia cuyo nombre mantendré en reserva, se me acercó a explicarme algo que esperaban, pronto fuera noticia. Con sigilo, me anunciaban que durante la próxima hora realizarían una fuerte manifestación en las afueras de la Ex Penitenciaría. Eran familiares de reos.

Acusaban una supuesta imprudencia que gendarmes, la noche anterior, habrían cometido con los reclusos. Según ellos, personal uniformado habrían entrado ebrios y violentos a los pabellones, después de haber bebido en las dependencias de la cárcel. En el lugar habrían golpeado brutalmente a varios internos, los que terminaron con serias lesiones. Además, querían denunciar las precarias condiciones en las que sus seres vivían: el hacinamiento, la insalubridad, la inexistente rehabilitación, etc. La protesta, se hizo, aunque mucho de aquello, no se supo.

Tal vez han sido muchas las protestas similares que tampoco se han sabido. La realidad que se vive al interior de los recintos penales excede incluso más allá de lo que ya se ha conocido. Son verdaderos campos de concentración, con todos los elementos que recuerdan los viejos y sucios laberintos de muerte que maquillaron la Europa de los inicios de los años 40.

La sobrepoblación, es, a estas alturas, majaderamente excesiva. Cada año se dice lo mismo, aunque las cosas no cambian. El incendio del miércoles en la madrugada en San Miguel, solo fue, como diría García Márquez, la “crónica de una muerte -masiva y dolorosamente- anunciada”.

Actualmente, Chile está dentro de los tres países con mayor población carcelaria per-cápita de Latinoamérica. El incremento, desde el año 2004 hasta la fecha, supera ampliamente el 50 por ciento. Lo anterior, tras la implementación de la reforma procesal penal que, según han dicho hasta el cansancio los expertos, no se condice con el actual sistema carcelario chileno. El paso de la construcción de recintos penitenciarios ha sido lento, y los programas educacionales bases y familiares, que ayudan a no potenciar más futuros delincuentes, siguen siendo vagos, y lejos de un estándar que ayude a no seguir llenando y llenando pabellones con condenados.

Incluso más, se estima que del total de cárceles construidas, la capacidad de recepción alcanza cerca de 30 mil reos. La población real, sin embargo, es de 55 mil.

Sin  mencionar la triste realidad que albergaba al recinto en San Miguel. Con una capacidad para cerca de 800 reclusos, en sus dependencias se custodiaban mil 900, leyó bien, mil 900, sobrepasando en más de un 100 por ciento su capacidad. Lo peor, como si lo anterior fuera poco, es que para tal cantidad de personas, apenas cinco funcionarios de Gendarmería, de la guardia interna, eran los encargados de que todo adentro funcionara con “normalidad”. Y más aún: sólo un paramédico en caso de que alguien se enfermara.

Así, no cuesta mucho imaginarse porqué fueron 81 los muertos. Muchos de ellos, irreconocibles. El sistema carcelario vive su propio infierno, y no precisamente sólo al interior de las rejas. Personal del Gendarmería viene solicitando por lo menos hace un par de años una mejora sustantiva, tanto en las condiciones de las cárceles, como en sus condiciones laborales. La inseguridad, las bajas remuneraciones, todos son elementos que constituyen el depresivo mapa que, finalmente, es el que genera la arquitectura de nuestros centros penales.

Llamó la atención, según expusiera Bomberos de la Zona Metropolitana Sur, que recién una hora después de iniciada las llamas en el edificio de San Miguel, fuera alertados del incendio. Alerta que la hizo un recluso desde una de las torres. Gendarmería no tuvo reacción oportuna, y es fácil entender el diagnóstico. Simplemente, no dan abasto.

Todo lo anterior, configura aquella otra realidad de las que muchos, tal vez antes del incendio, no sabían. Y si se quiere ser más fino en las múltiples aristas de todo este caos, vale preguntarse cómo, durante todas las transmisiones de radio y televisión, la mayoría de los medios sacaban a más reclusos al teléfono, que a los propios familiares o autoridades. Es un secreto a voces la maquinaria económica que varios uniformados se han armado, cobrando por el ingreso de estos aparatos, evidentemente, prohibido para los detenidos. Una cuota, para quienes tiene el poder de no ser revisados, y que luego hacen llegar a destino, para que paradójicamente, un tiempo después lo allanen, le quiten el celular, y así el negocio continúa. Así lo denunciaban también los familiares hace pocas semanas atrás en las afueras de la ex Penitenciaría.

El presidente Sebastián Piñera ha encausado ya una expresión retórica sobre la actual situación carcelaria. El diagnóstico, es común. Chile no aguanta a un preso más. Se construyen hoy más cárceles, pero sin programas concretos de rehabilitación. Quizás por ahí pase el problema, quizás la solución de toda esta depresión social, sea en atacar el origen, desde la educación. Mientras, seguimos viendo este reality show de delincuentes a quienes el castigo social no fue solo privarlos de su libertad, sino también, de sus más íntimos derechos humanos.

Por Julio Sánchez Agurto