Incidencia del Gobierno Electrónico en la población y desafío del Estado respecto a Internet

Las siguientes líneas están enfocadas en una reflexión sobre la incidencia de e-government o gobierno electrónico, en adelante GE. Este concepto ha sido estudiado por diversos autores, como Álvaro Bellolio, Jomaris Rossell y otros. Por definición, el GE es “La capacidad y la voluntad de un gobierno para hacer uso del Internet y las tecnologías de información en la ejecución de sus funciones, con el fin de satisfacer de la mejor manera las necesidades de la ciudadanía” (Álvaro Bellolio A., y Jomaris Rossell L., 2011: p 9).

En el cuerpo de esta columna se describirá desde el territorio de Chile, la incidencia del GE en la población, impulsada por distintas instituciones públicas. Luego, escribiremos algunas líneas acerca del importante desafío que tiene el Estado chileno en este proceso de modernización digital, en que debe responder y considerarlas como beneficios para la totalidad de la ciudadanía.

Siendo el GE una voluntad de los estados para hacer uso del ciberespacio y la tecnología para aproximarse a los ciudadanos, con la finalidad de mejorar sus necesidades, en este contexto es de destacar la importante incidencia de este sistema digital en las siguientes observaciones.

A través del GE, apoyado por las tecnologías de información y comunicación (TIC) y, por supuesto, también, de la piedra angular de la cual descansa la tecnología, que es “Internet.”

En Chile, se pueden apreciar distintos avances de servicios rápidos y beneficiosos para la ciudadanía, como por ejemplo, trámites online y consultas relevantes que se pueden hacer en distintas plataformas digitales. Sin la pretensión de hacer publicitad, es válido enumerar entre ellos a: Chileclic, con cerca de 430 servicios que se puede realizar de modo online; Chilecompra, como un sistema de compras público orientado al Estado; Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones públicas que han habilitado plataformas para otorgar distintas asistencias, de manera autoservicio, que permiten retirar certificados de distinta índole; y la destacada implementación de la Comisaría Virtual, surgida en el contexto actual de la crisis sanitaria.

Y si sumamos a la indagación que se puede hacer acerca de la transparencia del Estado a través del sistema digitalizado, se justifica no sólo un avance significativo del GE, sino que también una positiva incidencia en las exigencias de la ciudadanía.

Todo lo anterior ha sido posible gracias al ciberespacio. Pero como Estado, en este caso, ¿No es un desafío o un compromiso de garantizar el Internet a toda la ciudadanía?

Desafío para el Estado en este proceso de modernización digital con respecto al Internet:

El ciberespacio es la piedra angular de la cual se asienta la tecnología y el mismo GE. En este sentido, es más que imprescindible que todos los ciudadanos gozaran de acceso a este recurso, sin embargo, la realidad ha demostrado lo inverso.

Hay grandes razones por las cuales el Estado debería prestar severa atención a una tal política pública, y están fundamentadas en la ocurrencia de la actual crisis sanitaria del mundo. La presente y persistente crisis Covid-19 nos ha traído una lección de aprendizaje, y durante esta lección, se destaca al ciberespacio como una herramienta indispensable.

Gran porcentaje de las actividades sociales, laborales y educativas se realizan y se realizarán vía (Internet) online, por un tiempo que no ha sido determinado hasta la fecha, no obstante, el recurso vital del cual venimos hablando, hasta ahora sigue siendo limitado para muchos.

Desde el ámbito educacional, el hecho de no poder contar o costear una red para poder adaptarse al nuevo sistema de aprendizaje no presencial, incide perjudicialmente -y muy sobresaliente- en los quehaceres de muchos estudiantes de diversas categorías; universitarios y niños colegiados son los más afectados.

El resultado de lo anterior ha dado un destino de abandono y/o congelamiento de estudios de diversos ingresados en los asuntos educativos, cosa que no está bien visto cuando Chile se posiciona en el segundo lugar de la región en materia de GE.

En efecto, lo precedentemente descrito explica el desafío trascendental que tiene el Estado frente a esta situación. Por las anteriores razones expuestas, es un reto esencial que tiene el Estado para garantizar esta infraestructura a lo largo de sus 756.950 km/2 de territorios.

Pero no es recomendable hacerlo mediante la autorización a grandes empresas comunicacionales privadas que se esparzan en toda la faz de las regiones; lo mejor sería hacer público este bien y considerarlo como una planificación estratégica en caso de una eventual crisis para apoyar a los niños colegiados y jóvenes universitarios, así, evitando que no caigan en una frustración de congelamiento de estudios.

Reflexiones finales:

El sistema de GE está considerándose como una estrategia digital utilizada por diversos países del mundo para aproximarse cada vez más a los ciudadanos con el propósito de facilitar sus requerimientos y, también, poder interactuar con ellos de manera de saber sus reales necesidades.

Grandes avances del GE se han destacado en el sistema público de Chile, especialmente en el Servicio de Impuesto Internos, Registro Civil, Policía de Investigaciones, Departamento de Extranjería y Migraciones, entre otros, los cuales realmente permiten a la ciudadanía economizar tiempo y al Estado reducir el exceso de atención al público.

El futuro venidero reserva un desafío imprescindible al Estado para entender a este recurso clave (Internet) que hace funcionar las TIC y que sostiene al GE, como un medio que debe ser garantizado por el Estado y para todos.

Por supuesto que lo solicitado aquí parece ser difícil de lograr en un Estado subsidiario, pero en un marco de responsabilidad axiológica, es una tarea de cualquier tipo de Estado.

Por ende, desde ya, hacemos un llamado, no sólo al Estado de Chile, sino que también al resto de Latinoamérica incluyendo el Caribe, en este proceso de GE, para que reflexionen sobre un proyecto de ley para permitir que todos puedan hacer uso del ciberespacio independiente de cualquier dificultad económica.

Y, en el caso específico de Chile, el llamado es a “Aprobar” en un contexto de “cambio constitucional”, para que en la futura carta magna se incluya el derecho de toda la ciudadanía a conectarse a Internet.

Por Guillaume Guy-Paul