Lo obrado por la integrante de la Corte de Apelaciones de Valdivia implica haber resuelto una causa judicial a sabiendas de una situación familiar que la hacía parcial, desahuciar de facto sentencias de la Corte I.D.H., incurrir en una causal de notable abandono de deberes y comprometer la responsabilidad del Estado de Chile ante una eventual condena internacional por estos hechos.
La educación es en sí misma desarrollo humano y, a su vez, un derecho humano. Vivimos la educación, porque somos seres sociales que construyen procesos mientras viven, por lo tanto, pensar la educación en sociedad es un compromiso con las nuevas generaciones y su formación.
Estando a puertas de las elecciones Municipales, consideramos fundamental una mirada de promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes, más allá de la sola “focalización” que el Estado o el Gobierno realice a través de sus programas impulsados por el ministerio de Desarrollo Social, de la subsecretaria de Prevención del Delito, de SENDA u otros organismos.
Estamos frente a una política institucional y sistemática de maltratos, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas del orden. No pueden seguir muriendo personas a manos de la policía, esto no da para más. En espera de la nueva Constitución, una intervención civil se convierte en una imperiosa necesidad. Nosotrxs no seguiremos poniendo los muertos.
