DESDE ESTADOS UNIDOS... "En contexto"

Demandan a Estados Unidos por financiamiento de ocupaciones judías en la Ribera Occidental

La medida judicial contra el Departamento del Tesoro acusa a varias ONG de contribuir a violaciones de la ley internacional contra el pueblo palestino

ribera

Abogados trabajando de forma voluntaria, en representación de ciudadanos estadounidenses que solidarizan con la causa palestina, presentaron una demanda judicial en una corte de Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro, por su responsabilidad en la falta de supervisión a varias ONG pro-Israel que han canalizado decenas de millones de dólares para ocupaciones ilegales en zonas aún en disputa en la Ribera Occidental (West bank, en su uso en inglés).

Al Jazeera entrega varios antecedentes de la medida legal. Identifica al abogado responsable como Martin  McMahon, quien lidera el esfuerzo legal para que el Departamento del Tesoro quite los beneficios de exención tributaria a varias organizaciones, eliminando su carácter de “sin fines de lucro”.

El documento presentado ante la Corte del Distrito de Columbia señala textualmente que “la agenda de estas  organizaciones de caridad es deshacerse de todos quienes no sean judíos de la zona de la Ribera Occidental y del Este de Jerusalén”. Han sido exitosos en este cometido, agrega, primordialmente por el fracaso de larga data “del Departamento del Tesoro en el monitoreo y prevención de actividades criminales, por lo menos en los últimos 30 años”.

Una de las firmantes es la escritora palestina-estadounidense y activista de derechos humanos Susan Abulhawa, quien señaló que el objetivo es buscar justicia para el pueblo palestino. “Quiero que estas organizaciones que ayudaron a Israel sean obligadas a pagar restituciones para las víctimas impactadas por sus acciones”.

La demanda señala que estas ONG han contribuido a la violación de leyes internacionales y del propio Estados Unidos, y que han contribuido a muchos crímenes y violaciones a los derechos humanos contra palestinos. Entre esos crímenes, la demanda legal nombra “asesinatos, quema de propiedades, destrucción de propiedad privada, asaltos y limpieza étnica, además de actos terroristas”. El documento identifica a algunas organizaciones específicas, entre ellas Falic Family Foundation, FIDF (Friends of the Israeli Defence Force), American Friends of Ariel, Gush Etzion Foundation, American Friends of Har Homa, y Hebron Fund. El Departamento del Tesoro tiene 60 días para responder al fondo de la demanda.

El documento, difundido por Al Jazeera, informa que en el periodo 2009-2013, más de 220 millones de dólares han sido canalizados a los asentamientos ilegales, provenientes de más de 50 organizaciones de Estados Unidos que aprovechan las donaciones libres de impuestos para potenciar tanto la economía de las colonias irregulares como el aspecto militar de su defensa.

Contexto…

La medida judicial será una gran presión para el Departamento del Tesoro, pues ha sido el propio gobierno de Obama el que se ha opuesto al establecimiento de nuevas colonias israelitas en la Ribera Occidental. Obama y sus asesores al más alto nivel han criticado constantemente la falta de voluntad del gobierno de Netanyahu para frenar la colonización de zonas aún en disputa con el pueblo Palestino. En ese sentido, el gobierno de Israel ha hecho oídos sordos a todos los emplazamientos desde el gobierno de EEUU.

El tema ha estado en el centro de las tensas relaciones entre ambos países, aunque aún dentro de un marco de acuerdo general de aliados en el Medio Oriente. Por esto, la administración de Obama a través del Departamento de Estado fue rápida en aclarar que “este gobierno, como cada gobierno desde antes de 1967, ve la actividad de asentamientos como ilegítima y contra productiva para la causa de la paz”. Aclara también que “los Estados Unidos nunca han defendido o apoyado los asentamientos y la actividad asociada con ellos, y por extensión, no lleva adelante políticas que los legitime”.

Frente a esta clara oposición de Obama a las nuevas colonias israelitas en los terrenos en disputa, la respuesta del Departamento del Tesoro a la demanda legal será clave y fundamental para apreciar si reacciona o no a favor de quitarle la exención tributaria a las organizaciones donantes que apoyan esos asentamientos.

 

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