Posnatal y justicia social

Finalmente, el Gobierno envió el proyecto de ley de prolongación del posnatal. Su propuesta se ve limitada por las presiones de aumentar lo menos posible el gasto público. El principal desafío para dar un paso adelante en materia de seguridad social, aumentar la cobertura, se dio muy limitadamente. De otra parte, recogiendo una demanda del gran empresariado, se redujo en tres meses la duración del fuero maternal. De esta manera no se modifica el carácter regresivo en el otorgamiento de este beneficio ya que proporcionalmente continuará destinando más recursos a las madres pertenecientes a los sectores de mayores recursos. El mismo carácter restrictivo en los beneficios está presente en los otros mejoramientos sociales considerado a proponerse como proyectos de ley durante el año.

Prolongar el posnatal a seis meses es una demanda sentida por la población y forma parte de las promesas electorales efectuadas durante la compaña presidencial. Sin duda constituye un paso adelante enviar un proyecto de ley sobre la materia.

Pero, de no resolverse el tema de la cobertura del beneficio y convertirse en una iniciativa que mejore la regresiva distribución del ingreso existente en el país, la iniciativa termina perpetuando una regresión inaceptable.

Anualmente, solo la tercera parte de las madres perciben posnatal, 160.000 de las 240.000 mujeres que tienen hijos no lo reciben. Entre las beneficiarias, la mitad del subsidio es captado por el quinto quintil, o sea por las personas de mayores ingresos. Entre quienes no lo perciben se cuentan las trabajadoras sin contrato y quienes lo hacen por cuenta propia.

Más aún cuando se reduce la duración del fuero maternal, estableciéndose que duraría hasta un año después del nacimiento, reemplazando la norma vigente que lo establece durante todo el embarazo y hasta doce meses después de concluido el posnatal. De esta manera se reduce el fuero en tres meses, permitiendo desde ese momento el despido, “otorgando –como señaló la diputada Carolina Goic– más facilidades a los empresarios para despedir a las mujeres” (16/03/11).

En Chile, la tasa de participación laboral femenina es siempre baja, haciéndolo un porcentaje no menor de ellas en condiciones de elevada precariedad. Un 14,3% de las mujeres son asalariadas sin contrato y un 18,6% son trabajadores por cuenta propia no profesionales. “Es decir, un tercio de las trabajadoras chilenas –señaló Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer – no recibe actualmente ningún subsidio del sistema de protección a la maternidad, y continuará sin recibirlo, a la luz del anuncio presidencial. Esas mujeres –añadió- están fuertemente concentradas en los primeros quintiles de la distribución del ingreso. Nos preguntamos cuándo si no ahora teníamos la oportunidad de abordar la realidad de estas mujeres, las más pobres entre los pobres. Es injusto –concluyó- el sistema“(02/03/11).

Ante una realidad tan abrumadora, el Gobierno -con posterioridad a su primera formulación- acordó incluir en su propuesta a sectores de mujeres no consideradas inicialmente por no contar con un contrato de trabajo indefinido, incorporando a las que tienen contrato a plazo fijo y a temporeras siempre que acrediten –lo que constituye una exigencia restrictiva- pertenecer al quintil de menores ingresos de la población a través de la Ficha de Protección Social. Además se les exige, según la propuesta, que el último contrato antes de quedar embarazada sea a plazo fijo o por faena y tener al menos ocho cotizaciones en los últimos 24 meses.

Al tema de la cobertura hay que incorporar también, si se desea que el proyecto sea socialmente progresivo, el tema de cómo por sectores se distribuye el beneficio. Una incidencia positiva en la distribución de los ingresos se produce obviamente si beneficia más a los sectores de menores ingresos. No es el caso. “La extensión del postnatal que propone el Gobierno –destacó Eduardo Engel, académico de la Universidad de Yale– transfiere un subsidio cuatro veces mayor a una madre que gana $650.000 o más que a una madre que gana el salario mínimo. Peor aún, un tercio de las mujeres trabajadoras seguirá sin recibir subsidio material alguno, ya sea porque no tienen contrato o porque son trabajadoras por cuenta propia sin profesión. Como la mayor parte de este tercio tiene bajos ingresos con suerte un 5% de los recursos destinados a extender el posnatal llegará al quintil más pobre” (06/03/11).

Resulta evidente que las limitaciones del proyecto provienen de reducir al máximo su impacto en el gasto público. Ello explica el publicitado debate que se produjo al interior del gabinete ministerial. Hacienda priorizó los aspectos financieros en las distintas alternativas presentadas, con vistas a que el gasto fuese el menor posible. Se descartó con la intervención presidencial establecer un posnatal obligatorio general de seis meses. Para Evelyn Matthei el beneficio debía ser obligatorio para las personas de menor calificación y flexible para quienes posean una mayor. Felipe Larraín, ya que ello significaba un menor gasto, se pronunció porque toda la ampliación del beneficio pudiese ser adaptable.

El informe financiero de la Dirección de Presupuestos, que acompañó el proyecto de ley cifró en US$170 millones el desembolso a efectuarse por la extensión del posnatal, pero el impacto final en las arcas fiscales lo estimó en US$91,1 millones, al considerar la disminución en el gasto que se producirá al reducirse la utilización de licencias médicas por enfermedad de los hijos menores de un año. Actualmente, añade el informe, “en promedio, las mujeres agregan diez semanas y cinco días adicionales a su posnatal mediante este permiso. Esto hace que hoy en Chile tengamos un posnatal efectivo de cinco meses y medio”. Ello ratifica que un mayor gasto fiscal se produciría de aumentarse la cobertura, que el proyecto hace muy limitadamente.

Las divergencias al interior del gabinete nunca se resolvieron. Piñera se decidió por la propuesta que deja al 83% de las mujeres contratadas con una cobertura total, permitiendo al 17% restante -de remuneraciones superiores a 30 UF mensuales- que pueden volver a trabajar a tiempo parcial después de las primeras doce semanas de posnatal, para así aumentar su total de ingresos. A la reunión final efectuada por Piñera, la noche anterior a dar cuenta pública del proyecto, Larraín no fue convocado. Tampoco estuvo presente en la ceremonia donde se detalló la propuesta, aunque una de las sillas de la primera fila tenía su nombre. Piñera en su intervención expresamente agradeció a los ministros “aquí presentes”, mencionando a los titulares de Salud, Trabajo y Sernam. “(…) Piñera –comentó La Tercera-, al optar por la obligatoriedad del beneficio para un mínimo de 83% de las mujeres propinó al jefe del equipo económico su peor derrota desde el alza tributaria de 2010” (02/03/11). Cristián Larroulet también apoyaba un posnatal totalmente flexible.

“En los hechos –editorializó El Mercurio-, más allá de las distintas visiones y roles de los ministros, la presentación del proyecto de posnatal dejó la impresión de un gobierno dividido. Y como aún no se conocen los detalles del proyecto, cabe suponer que esas divisiones se extenderán hasta la redacción del mismo, incluso hasta la a veces importante “letra chica” (04/03/11).

Las divergencias se expresaron más allá de las diferentes posiciones de los ministros, resueltas finalmente a nivel presidencial. Volvieron a manifestarse las “dos almas” de la coalición de Gobierno. Nuevamente el Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), a través de su director, Luis Larraín, fue uno de los portavoces más extremos de las posiciones críticas. “La forma en que distintas autoridades de gobierno se han planteado frente al proyecto de ley que ampliará el beneficio del posnatal es muy representativa del proceso de toma de decisiones que prevalece hoy día en la administración del Presidente Piñera. Este proceso es responsable, a mi juicio -agregó- de los modestos niveles de aprobación que ostenta hoy día el Gobierno (…)”.

Larraín recordó que debido a las diferentes ángulos a considerar en la elaboración del proyecto se creó una comisión ad hoc sobre Mujer, Trabajo y Maternidad. El director del ILD se identifica con las conclusiones de la comisión. “Fue una propuesta inteligente y equilibrada –destacó – que conciliaba el beneficio de la maternidad con el de la empleabilidad de las mujeres. Pero tenía un problema, chocaba con el concepto socialista acerca de los beneficios de carácter laboral (…)”, que en su opinión constituyen una limitante. “Y entonces el Gobierno, sin tomar en cuenta que este no es estrictamente un derecho laboral, ni reparar por cierto en que un beneficio irrenunciable es una contradicción en los términos, decidió que el posnatal sería obligatorio para las mujeres de los cuatro primeros quintiles de ingreso. Si la flexibilidad es buena, es buena para todas las mujeres (…) pero no, simplemente se optó por tomar las banderas de la Concertación. La discusión ahora será si ese tope debe ser 30,40, o UF 50”.

Su conclusión es tajante. “(…) la falta de convicciones y de un ideario le está pasando la cuenta a este gobierno. Siempre termina pidiéndole cuentas a la Concertación (…) Hay quienes defienden la decisión, diciendo que esto pasará a la historia como la Ley Piñera. Pobre destino para las pretensiones de nuestro Presidente. Si ya está claro que no pasará a la historia como uno de los gobernantes más queridos, no frustremos tan temprano su ilusión de ser considerado uno de los mejores” (06/03/11). ¿Hasta cuándo pueden coexistir en una misma coalición posiciones tan discrepantes? Desde luego que en las formulaciones de Larraín tampoco está presente el problema social principal: El alto número de mujeres al margen de todo beneficio para el período de la maternidad.

El planteamiento del Instituto Libertad, centro de estudio dependiente de RN, se preocupó en especial, en correspondencia con las formulaciones del ministro de Hacienda, del efecto en el presupuesto 2011 proponiendo que se ponga en vigencia durante 2012. “El gasto fiscal- argumentó- no se encuentra contemplado en la ejecución del erario fiscal del presente año. El costo, que ha sido estimado entre los US$100 millones y US$150 millones implicará una reasignación de los dineros del Tesoro Público” (11/04/11). Para nada tiene en cuenta que debido a varios conceptos, particularmente por el precio del cobre, el fisco está aumentando fuertemente sus ingresos con relación a los considerados al elaborarse el presupuesto.

El cumplimiento en forma más restringida de las diferentes promesas electorales efectuadas no se plantea únicamente para el posnatal. Cristián Larroulet expresó el mismo predicamento en la eliminación de la cotización de 7% para salud por los jubilados, otorgándose el beneficio gradualmente y focalizando los sectores a quienes se les concederá. “Aquí –explicitó- hay responsabilidad de disciplina fiscal y por eso se opta por el concepto de gradualidad y focalización. Los costos –recalcó- son importantes” (26/02/11). Generalizando, se puede prever que un similar enfoque se efectuará en “las siete reformas estructurales” de Piñera previstas para 2011.

Con todo, el Gobierno aprovecha, aunque claramente con limitaciones y retrocesos, impulsar medidas demandadas por la población que nunca se enfrentaron en los veinte años de la Concertación. De la misma manera, se plantea terminar con “amarres” dejados como herencia de la dictadura. Es el caso por ejemplo de la ley reservada del cobre que asegura recursos para la adquisición de armamentos para las FF.AA. y que se puede modificar sin afectar en lo más mínimo el modelo económico.

El Colegio Médico entró al debate con una posición unánime. “No hay dos opiniones –señaló su presidente, Pablo Rodríguez– la ampliación de la lactancia materna, al menos por seis meses tiene una serie de beneficios sanitarios incomparables. Es muy positivo –insistió- que este proyecto priorice el tema sanitario sobre las condiciones laborales o económicas, pues se trata de un objetivo superior” (24/02/11).

Por Hugo Fazio

El Ciudadano