Entrevista

Analista catalán explica el momento del proceso de independencia: «La movilización pacífica de millones de catalanes será un elemento determinante»

"Rajoy ha activado una estrategia de judicialización de la política y de persecución de los políticos independentistas catalanes a través del Fiscal General del Estado. La detención de altos funcionarios y registros de sedes del gobierno de Cataluña fue visto por la sociedad catalana como la declaración de un estado de excepción", sostiene David Minoves.

Por Jose Robredo

10/10/2017

Publicado en

Entrevistas / Mundo / Portada

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FOTO: AFP / LLUIS GENE

El proceso de independencia de Cataluña de España se encuentra en un momento fundamental, ya que este martes 10 de octubre el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, debiera presentar ante el Parlamento la Declaración de Independencia, con lo que se formaliza la voluntad expresada en el referéndum del pasado 1 de octubre.

Los nueve días transcurridos tras la votación han sido tensos. Mientras la ciudadanía catalana se ha movilizado multitudinariamente y de forma pacífica en favor de seguir adelante con el proceso independentista, el gobierno catalán ha impulsado una intensa agenda política con el fin de afinar la estrategia que finalice con la separación de España. En este sentido, Puigdemont ha señalado: «La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración ‘unilateral’ de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley».

Por su parte, el Ejecutivo español, encabezado por Mariano Rajoy -quien ha sido duramente criticado por la represión ejercida durante la consulta del 1 de octubre- se ha mantenido firme en su postura de oídos sordos a cualquier espacio de negociación y, al mismo tiempo, ha sostenido en que no dudará en aplicar las herramientas legales que tenga a mano, como el artículo 155 que le permite intervenir de forma plena al gobierno autonómico catalán. Al respecto ha recalcado, en entrevista con el diario El País, que «mientras la amenaza de una declaración de independencia no desaparezca del panorama político va a ser muy difícil que el Gobierno no tome decisiones».

Junto con eso el gobierno español ha iniciado el proceso de presión económica al proceso independentista, a través de la aprobación de una norma legal que facilitaría el traslado de la casa matriz de Barcelona a Madrid, cosa que ya han anunciado varios de los principales grupos económicos de la región.

Así, el escenario político en el norte de la península es complejo. Para aclarar las dudas, El Ciudadano tomó contacto con David Minoves, analista catalán y presidente del Centro Internacional Escarré por las Minorías Étnicas y las Naciones, quien señala que el escenario político en Cataluña se sostiene en que «la ley aprobada por el Parlamento, detalla que si hay más votos afirmativos que negativos el se declarará formalmente la independencia de Cataluña y se iniciará el proceso constituyente de la República catalana». 

Al mismo tiempo, el analista expresa que la vía de solución del conflicto entre Cataluña y el Estado español pasa por «facilitar el reconocimiento mutuo de las partes», y establecer términos donde se pueda «plantear el ejercicio del derecho a la autodeterminación de manera acordada». 

De igual manera, Minoves cree que el actual momento permite «agudizar las contradicciones del gobierno de Rajoy ante la población española y el resto de partidos», y que, en caso que se dieran represalias por parte del gobierno español, el agónico bipartidismo tendría que «justificar eventuales actuaciones represivas que podrían pasar por la suspensión de la autonomía, la detención de los líderes catalanes o el recorte de libertades en Cataluña, con un alto coste social, político y de imagen entre la población española y la opinión pública internacional».

David Minoves (con el cartel que dice «Felipe, quién quiere la paz no trafica con armas») protesta contra el rey de España, Felipe VI, en un acto por los atentados en Barcelona

Considerando lo sucedido en el referéndum del 1-O como una victoria política y social ¿Cuáles son los escenarios que se plantean de aquí en adelante?

La ley aprobada por el Parlamento de Cataluña, que dio cobertura legal al referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre, detalla que si hay más votos afirmativos que negativos el Parlamento declarará formalmente la independencia de Cataluña y se iniciará el proceso constituyente de la República catalana. El viernes 6 de octubre se dieron a conocer los resultados definitivos, y éstos han determinado que bajo una participación del 42% -en una situación de sabotaje y boicot violento por parte del Estado español- el 90% del electorado votó a favor de que Cataluña se constituya como un Estado en forma de República. La ley determina que en el plazo de 48 horas de dar a conocer los resultados oficiales  se hará efectiva esta declaración. Por lo tanto, descontando el fin de semana, cabría esperar que el Parlamento proclame la independencia de Cataluña este martes 11 por la tarde.

La única duda que queda por aclarar es si el gobierno español va a concretar realmente las amenazas de aplicar el artículo 155 de la constitución española que le permite intervenir la autonomía catalana, lo que ya hizo de facto interviniendo las finanzas del gobierno catalán, o el artículo 116 de la constitución que le permite declarar el estado de alarma, de excepción o de sitio. Las dos medidas extremas que violentarían las libertades fundamentales, las debería aprobar el Senado y el Congreso de los diputados de España, respectivamente.

¿En este último escenario la sociedad catalana cumple un rol importante?

La capacidad de respuesta de la sociedad civil mediante la movilización pacífica de millones de catalanes en las calles será un elemento determinante a la hora de facilitar que el gobierno de Cataluña haga efectivo el mandato de las urnas.

De darse una negociación con España ¿Qué puntos pueden considerase transables o no?

En este punto del conflicto político entre Cataluña y el Estado español la única opción de mediación pasan  por facilitar el reconocimiento mutuo de las partes y el establecimiento de los términos en que se pudiera plantear el ejercicio del derecho a la autodeterminación de manera acordada.  Cualquier otra propuesta que no incluya el ejercicio efectivo de este derecho está abocado al fracaso.

Otro tema que se tendrá que resolver tarde o temprano son los procesos judiciales de naturaleza política que des de la Fiscalía del Estado se han activado para inhabilitar y castigar a los miembros del gobierno y del Parlamento de Cataluña con el objetivo de impedir su actividad política y el ejercicio de sus derechos democráticos.

¿Equilibrio de fuerzas?: «En ningún caso son comparables»

Si bien se ha hecho visible la movilización pro independencia también se han evidenciado los sectores pro España ¿Cómo evalúas la correlación de fuerzas que se da en este proceso?

Hasta ahora hemos asistido a una movilización en la calle de manera continuada durante seis años de la base social favorable a la independencia de Cataluña, que se cuenta en millones. La movilización de la base social contraria a la independencia de Cataluña se cuenta en decenas de miles o centenares de miles. Pero si comparamos las dos últimas grandes movilizaciones de independentistas del 11 de setiembre o de los contrarios a la independencia el 8 de octubre, en ningún caso son comparables.

Pero, ¿Cómo se responde a la ofensiva de los medios de comunicación que resaltan las movilizaciones pro España?

El indicador más fiable hasta el momento son los votos. Si tomamos como muestra el resultado de las últimas elecciones autonómicas, los partidos independentistas sumaron el 48%, los unionistas el 39% y los no alineados un 12%. Pero el uno de octubre de 2017, respecto a las elecciones del 27-S, la cifra de partidarios de la independencia se incrementó en 77.530 votos. El total del sí el uno de octubre de 2017 alcanzó los 2.044.038, mientras que el apoyo a los partidos independentistas sumó 1.966.508 en 2015 (el 47,8%).

Si tenemos en cuenta que el referéndum del 1 de octubre se celebró en una situación de violencia y dificultad extrema para votar, el hecho que más de dos millones de personas expresaron su voluntad a favor de la independencia es muy relevante.

Un último dato de contexto que nos puede dar muestra de la amplitud del apoyo social al independentismo es analizar los resultados del último referéndum celebrado, para la aprobación del Estatuto de Autonomía reformado el 2006. Comparando los dos referéndums, el sí a la independencia obtuvo el uno de octubre de 2017 un aval más amplio que el Estatuto de Autonomía en el referéndum de 2006. Esto fue en números absolutos de votos y en porcentaje sobre el censo: el 38,46% a favor de la independencia el 2017 frente al 35, 78% del sí al nuevo encaje autonómico en 2006.

¿Qué tan factible puede ser que se concrete la mediación internacional, especialmente de la UE?

La concreción del referéndum ha abierto el debate explícito en las cancillerías, de la misma manera que las continuadas y masivas movilizaciones del 11 de setiembre de cada año abrieron el debate en la opinión pública internacional. Durante todo este tiempo la estrategia del gobierno del Estado español fue negar el conflicto, esconder el debate y argumentar que era un asunto interno, pero ante la evidencia de que eso no podía continuar, el propio gobierno español reconoció antes del uno de octubre que habían perdido la batalla de la opinión pública europea e internacional, y decidió concentrarse en la batalla de las cancillerías.

La celebración efectiva del referéndum, que el gobierno español prometió que no se celebraría, ha mostrado un estado fallido, y la brutal represión desatada por la policía española y la guardia civil ha generado indignación no solo en la opinión pública internacional sino también en las instituciones internacionales y los gobiernos europeos y del mundo entero.

¿Ha tenido acogida la solicitud de mediación?

Tras la petición del Presidente de la Generalitat para que se activara una misión de mediación internacional entre Cataluña y España, el gobierno de Suiza anunció que se ponía a disposición con el objetivo de facilitar esta mediación, para asombro e indignación del Gobierno de España que se niega a reconocer el Gobierno catalán como interlocutor y la existencia del conflicto.

Personalmente creo que solo habrá una opción real de mediación tras la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, cuando los gobiernos europeos y de otras partes del mundo se encuentren con un problema real sobre la mesa. Será entonces cuando aplicaran la ley de oro de la política internacional: el pragmatismo.

«Rajoy desató la mayor movilización de protesta realizada nunca en todo el Estado»

¿Qué grado de responsabilidad le asignas a Rajoy en el estado del actual escenario?

Total y absoluto. Tras una nefasta actuación del gobierno del PP en relación a Cataluña y siendo el principal responsable de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía aprobado por los parlamentos catalán y español el 2016 i ratificado en referéndum, Rajoy ha aplicado una política de tierra quemada con Cataluña. El problema es que ante los crecientes escándalos de corrupción que le afectan de manera directa y para esconder sus políticas de recortes sociales, el PP ha basado toda su estrategia de crecimiento y consolidación electoral en la catalanofobia. Una estrategia que tuvo que reactivar con más intensidad tras las últimas elecciones legislativas, al perder la mayoría absoluta, y al tener los diputados independentistas catalanes la llave de una mayoría alternativa. Una situación que pudo desactivar mediante el acoso anticatalanista a un PSOE rendido al marco mental del PP .

Por otra parte, Rajoy ha activado una estrategia de judicialización de la política y de persecución de los políticos independentistas y los dirigentes soberanistas catalanes a través del Fiscal General del Estado que hoy le es casi imposible parar. El episodio del ataque a la autonomía catalana mediante la detención de altos funcionarios y registros de sedes del gobierno de Cataluña el pasado 20 de setiembre fue percibido por la sociedad catalana como la declaración de un estado de excepción, que combinado con la persecución e incautación de material de propaganda electora, registros a imprentas y medios de comunicación, secuestro de correspondencia, prohibición de realización de actos políticos y amenazas a funcionarios y directores de colegios, superó todos los límites conocidos. Rajoy desató la mayor movilización de protesta realizada nunca en todo el Estado.

El referéndum le ha generado una crisis de proporciones al gobierno de Rajoy y el sistema de partidos representados en el Parlamento ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es dicho escenario para las aspiraciones catalanas?

Desde el movimiento soberanista se ha argumentado que el referéndum de autodeterminación de Cataluña es la única enmienda eficaz contra el régimen del 78, surgido del pacto entre los franquistas y los antifranquistas, y que fue muy cuestionado por el movimiento del 15M cuando ocupó las plazas de toda España exigiendo una democracia real ya.

El bipartidismo, sobre el que apoyaba el funcionamiento de la política española de la transición política desde el franquismo, se resquebrajó en las elecciones europeas de 2013, se rompió en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 se derrumbó en las elecciones legislativas de 2015 y 2016. Tras esas últimas elecciones se dibuja una España ingobernable. Y justamente el papel de árbitro del independentismo al tener en sus manos la posibilidad de facilitar un gobierno alternativo al PP agudizó más esta situación.

¿El PP no previó el actual escenario?

No estaba en la agenda del PP la capacidad del independentismo catalán de superar todos los obstáculos y realizar un referéndum que había sido prohibido explícitamente por el gobierno del Estado y se había intentado desarticular judicial y policialmente sin éxito. Un hecho que ha generado una imagen de estado fallido y que le obliga a utilizar la fuerza en contra el Gobierno de Cataluña y en contra de una mayoría de catalanes que ya han mostrado su capacidad de movilización en las calles. Un extremo que ha reavivado muestras de solidaridad con los catalanes en otros territorios del Estado y que fuerza a Podemos y una parte importante del entorno del PSOE a la disyuntiva de apoyar al PP a costa del recorte de libertades y de derechos civiles y políticos a una parte de ciudadanos del Estado.

 

Anna Gabriel, diputada catalana de la CUP

 

Alianza transversal independentistas: «La confianza entre los diferentes actores se ha ganado en este proceso»

¿La situación es beneficiosa para el independentismo entonces?

La situación de crisis del gobierno de Rajoy es una oportunidad para el gobierno catalán, que ya no puede hacer marcha atrás ya que ello sacaría el conflicto catalán de la agenda internacional y le reubicaría en un problema doméstico que se resolvería con el código penal. En este sentido, es de esperar que el gobierno catalán aproveche esta oportunidad de crisis para agudizar las contradicciones del gobierno de Rajoy ante la población española y el resto de partidos que se verían forzados a tener que justificar eventuales actuaciones represivas que podrían pasar por la suspensión de la autonomía, la detención de los líderes catalanes o el recorte de libertades en Cataluña, con un alto coste social, político y de imagen entre la población española y la opinión pública internacional.

¿Qué tan fortalecido queda la alianza independentista de sectores de centro derecha, de izquierda y socialdemócratas (Juntos por el Sí) y anticapitalistas (CUP) luego de esta etapa del proceso?

La alianza entre JxSi y la CUP fue de difícil gestación, pero el papel del Presidente Carles Puigdemont ha sido clave para generar confianza en los anticapitalistas (CUP), en especial cuando situó  el referéndum como un objetivo irrenunciable para ampliar el apoyo a la independencia y a la vez dar el mandato democrático que abriera la puerta a la declaración de independencia a la que se comprometió JxSí en las elecciones del 27 de setiembre de 2015.

La remodelación del gobierno de Cataluña en julio de 2017 y la determinación demostrada del gobierno con la celebración del referéndum, así como el trabajo conjunto con las organizaciones soberanistas mayoritarias de la Sociedad Civil, Òmnium Cultural i la Asamblea Nacional Catalana, han sido determinantes para crear este clima de confianza con la CUP.

Pasado el uno de octubre, una vez se proclame la independencia, la responsabilidad de defender las instituciones catalanas y de hacer efectiva esta declaración a través de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana será clave para mantener esa unidad de acción entre JxSí y la CUP hasta que se celebren las elecciones constituyentes.

¿Cómo se lleva el proceso político interno de esta alianza a la hora apurar o no las etapas del proceso de independencia?

Una de las lecciones de este proceso es que la confianza entre los diferentes actores se ha ganado durante la gestación conjunta de la arquitectura legal y logística de la celebración del referéndum y la movilización de los ciudadanos en la calle. La dialéctica que existe dentro de los partidos y entre ellos se ha mantenido en un espacio de discusión interna que no ha trascendido a la opinión pública durante los tres últimos meses, determinantes para poder realizar el referéndum.

Dependerá del nivel de madurez de JxSí y de la CUP, así como de los eventuales actores que se puedan sumar a esta nueva etapa, provenientes de Catalunya en Comú o de Podem Catalunya, que es de defensa de las instituciones catalanas, de inicio de proceso constituyente y de mediación internacional, sean más o menos tranquilos. Pero si que cabe destacar que en este último tramo del camino ha emergido un nuevo actor, imprescindible, que es la gente organizada que salió a proteger sus colegios electorales y a defender las urnas y su voto. Difícilmente se podrá escribir el futuro de este proceso sin contar con su papel determinante de ahora en adelante. Un actor que ha tomado conciencia de su papel y que está claro que su influencia se hará notar en las decisiones de los partidos políticos.

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