Siguen cuestionamientos a iniciativa de la U. de Concepción

Concepción: Unión Comunal de Juntas de Vecinos pide pronunciamiento de Contraloría por polémico proyecto PACYT

Organizaciones vecinales señalan que el Proyecto Parque Científico y Tecnológico -PACYT- tiene sus permisos vencidos, irregularidad que impediría el inicio de las obras y no permite suscribir contratos para la ejecución de las obras.

Este 29 de marzo, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción presentó un escrito ante la Contraloría Regional de la República, en el cual se solicita al organismo un pronunciamiento ante la ejecución del Proyecto Parque Científico y Tecnológico PACYT, el cual se encuentra con sus permisos vencidos, lo cual, señalan los vecinos penquistas, es una irregularidad que impide el inicio de las obras y no permite suscribir contratos para la ejecución del polémico proyecto.

Tal como han informado distintos medios locales y nacionales, desde hace bastante tiempo se han anunciado diligencias en torno a la construcción del Parque Científico y Tecnológico del Biobío (Pacyt), el cual está registrado desde 2010 en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) del Ministerio de Desarrollo Social.

Su emplazamiento está presupuestado en 91.3 hectáreas correspondientes a la primera etapa del loteo realizado en los fundos La Cantera y El Guindo, de propiedad de la Corporación Universidad de Concepción y ubicados en el cerro contiguo a la casa de estudios.

Pero, mientras la Universidad de Concepción y la clase política difunde diversas expectativas con la construcción de este Parque Científico y Tecnológico, también se han levantado planteamientos críticos a estas afirmaciones, alertando sobre la pérdida de la posibilidad de que la comunidad regional acceda a los servicios de una posible restauración ambiental de este mismo cerro, hasta ahora cubierto con plantaciones de pino y eucalipto y, también, cuestionando el supuesto aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, pues se soslaya la matriz económico y productivo de la región y el país, destinado proveer de materias primas a firmas transnacionales y comprarle a éstas productos manufacturados.

Según consigna la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, fechada el 03 de abril de 2012, este terreno será subdividido y urbanizado en tres etapas; la primera de 91,3 ha., la segunda de 38,1 ha. y la tercera de 125,6 ha. Las faenas que se especifican son: obras de pavimentación y electricidad; obras de infraestructura de agua potable, de alcantarillado, de aguas lluvia y construcción de áreas verdes, entre otras.

Esta propiedad es adyacente a la población Agüita de la Perdiz y al cerro Caracol, y además está muy cerca de la Reserva Nonguén, un recinto de 3.036 hectáreas que desde su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) ha experimentado una franca recuperación de las especies propias de este ambiente, muchas de ellas endémicas, lo cual es uno de los motivos sustentadores de las gestiones para que este lugar sea incluido al catálogo de Parques Nacionales.

Esto podría implicar el establecimiento de corredores biológicos y la ampliación del recinto, precisamente en dirección a la superficie considerada en el loteo aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental.

Quienes han puesto de manifiesto la pérdida que comportaría la ejecución de este proyecto y las falencias jurídicas que adolece, son representantes del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff). El 9 de agosto de 2017 denunciaron ante la Superintendencia del Medio Ambiente la caducidad de este proyecto, pues “dicha empresa (UdeC) no ha iniciado la ejecución de las obras del proyecto aprobado el 2012”.

La condición de caducidad a la cual alude la denuncia se consigna en el artículo 25 ter de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, donde se establece que “la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación”. Y agrega: “El reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo”.

Parque Científico y Tecnológico de Concepción: Preguntas y observaciones ante un proyecto inconsulto y no transparente

 

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