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Constitución política, soberanía y borreguismo

Hay un tema ineludiblemente ligado a la actual elección presidencial y quizás, a las futuras, sobre el cual poco o nada se dice, pero que es el que determina o la solución o la perpetuación de todos los problemas involucrados en la realidad política y social en que estamos inmersos.

Vivimos, en el Chile de hoy y desde hace ya 30 años, una circunstancia política completamente anómala y en todo momento, absolutamente inaceptable: la castración de la voluntad política de la Nación, expresada en la Constitución Dictatorial de 1980. Esta constitución es en su cuerpo y en su espíritu, la negación misma de lo que pretende ser y niega al mismo tiempo la condición de auténticos ciudadanos a los habitantes de este país.

Para quienes se preguntan porqué debemos tener una Constitución Política es necesario recordar lo siguiente: una multiplicidad de millones de individuos diferenciados por etnia, raza, nacionalidad, religión, pensamiento político, clase social, cultura, etc., que viven -como nosotros- en un régimen de colectividad nacional, en un territorio determinado, necesitan, para poder convivir en armonía, de un instrumento jurídico que regule la vida en comunidad y defina importantes cuestiones de orden ciudadano y organizativo que hagan posible la coexistencia de todos. Estos individuos o ciudadanos -nosotros- necesitan por tanto subscribir un contrato fundamental entre ellos que determine la organización del Estado, las formas de ejercicio del poder político y establezca los derechos y deberes de los ciudadanos. Este es el contrato social al que llamamos Constitución Política.

En una democracia, este instrumento debe ser diseñado por la propia ciudadanía de manera libre e informada, debe ser sancionado por ésta como expresión de la voluntad nacional y aprobado por ella en ejercicio de su legítima soberanía, de su legítimo poder.

Esto es precisamente lo que no ocurre con la Constitución de Pinochet que nos rige hoy. Como se sabe, ella fue concebida sin participación ciudadana y de espaldas a la voluntad soberana de la Nación y es resultado de la elucubración personal de expertos en la elaboración de cadenas y jaulas de hierro jurídicas, destinadas a impedir la participación activa y directriz de la ciudadanía en la vida política y social del país.

Y luego, votada fraudulentamente, fuera de toda democracia y estado de derecho, en un clima de persecución política, de crimen y de terror planificado. Es una constitución diseñada para resguardar de modo exclusivo los intereses de los llamados poderes fácticos de orden politico, social y económico y para impedir al mismo tiempo, el surgimiento de una amplia y legítima democracia ciudadana; para cercenar toda política y cultura de derechos humanos.

La aberración más notable de ella es el hecho de que impide con intencionada trapacería, toda posibilidad posterior de expresión de la voluntad nacional a través del mecanismo del plebiscito, es decir, abole en la práctica el derecho fundamental de la ciudadanía de corregir, de opinar y decidir sobre las circunstancias políticas, sociales y económicas que rigen sus propias vidas. Al hacerlo desconoce su propia esencia y deviene en el hijo bastardo que reniega de la existencia de la madre que le da el ser, en este caso, de la voluntad nacional mayoritaria.

El principal ideólogo de esta aberración política, jurídica y ética, Jaime Guzmán, adscribió a los ciudadanos la condición de siervos, o peor aún, de ”borregos”, sometidos a la voluntad de los que en aquel momento detentaban el poder con la fuerza de las armas y de la persecución sangrienta. Y aún más allá de dicha época, como lo constatamos y soportamos hoy, día a día.

En consecuencia, la Constitución bastarda niega a los miembros de la sociedad su condición de sujetos de la política para convertirlos en objetos sometidos forzadamente a ella. Basada en este marco jurídico la derecha pinochetista creó luego el sistema electoral binominal de elecciones que favorece tramposa -y desvergonzadamente- a quienes detentan el poder y eterniza su uso y abuso por parte de éstos.

Institucionalizó así, de modo eficaz, el ”borregismo” electoral y politico: los borregos votan, como se les manda, pero no eligen a candidato alguno, como lo vemos incluso, en el caso de una de las actuales candidaturas presidenciales.

Tampoco pueden democratizar el sistema electoral. La Constitución los obliga además a someterse a reglas laborales que favorecen a las empresas y a discriminaciones económicas y sociales de todo tipo, las que hacen prácticamente imposible la movilidad social y la superación personal y profesional. Los borregos deben aceptar sin derecho a réplica ni oposición, la enajenación del patrimonio nacional en beneficio del lucro de personas y empresas privadas. Y así, suma y sigue…

En este mundo político constitucional heredado de Pinochet y de sus adláteres derechistas, todos somos borregos. Como si no fuera suficiente la gravedad de este hecho, hay uno todavía más trágico si cabe: el terror politico creado por la dictadura en sus años de poder ilimitado, prevalece aún hoy en el fondo de la mente y del corazón de los borregos, quienes han asumido su rol de objetos de la acción política de otros, como legítimo y en su mayoría no son capaces todavía de comprender que política -y constitucionalmente- fueron despojados violentamente de su facultades soberanas como miembros de una sociedad. Y que ellos viven inmersos en esta abominación ética, política y social, cada minuto y cada día de sus vidas, sin rebelarse ante ella.

Una prueba de ello es que durante 20 años de ”democracia,” han sido escasas las voces que a lo largo del país se han levantado para denunciar y rechazar esta situación. Pues, el borreguismo se ha hecho parte intrínseca de la psicología nacional. Los pocos hombres y mujeres lúcidos y justos que han clamado por una nueva Constitución Democrática y  lo siguen haciendo, son considerados gentes raras y aisladas que “nunca están conformes con nada”(!).

La Constitución dictatorial constituye una verguenza nacional e internacional sin precedentes y  su prevalencia después de 20 años de vida ”democrática” es un dedo acusador no sólo sobre la ética de la desprestigiada clase política de derecha y de centroizquierda, sino también y en particular, sobre la conciencia y la moral de cada ciudadano de este país. Todos, absolutamente todos, somos responsables de ello.

Por ello, hemos dicho y repetimos, que la tarea política fundamental, irrenunciable y sagrada del momento para cada chileno, es la creación de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución política, que sea expresión legítima de la voluntad y la soberanía de toda la Nación. No hay otra tarea política más urgente ni más trascendente que ésta pues todas las demás están implícitas en ella.

Por ello, uno no sabe si reír a mandibula batiente o llorar a moco tendido, cuando viene un candidato presidencial aparecido de la nada y nos asegura que ”Chile cambió” y que lo único que hay que hacer para solucionar todos los problemas del país es desalojar a las viejas generaciones de los mandos del Estado y colocarlo a él al frente de éste. Desgraciadamente, y aunque esto pudiera parecer un chiste, a pesar de esta garrafal falta de criterio político y de conocimiento histórico, no son pocos los compatriotas que aceptan tal afirmación sin razonamiento alguno y creen que de esa ignorancia y de ese atrevimiento puede surgir la transformación del país.

Evidentemente, la tarea que planteamos implica dimensiones que van más allá de la significación de determinada candidatura presidencial, más allá de los intereses de un cierto grupo social o político y probablemente, más allá de la extension de un período de gobierno, pero la relevancia política de ella y el imperativo ético que conlleva, debería llevar a los candidatos que dicen representar una auténtica vocación democrática, no sólo a tener un criterio y una posición clara frente a ella, sino debería llevarlos incluso a encabezar la lucha por una nueva Constitución para la Nación.

Pues, ningún cambio real, profundo y efectivo es posible, sin devolver a los ciudadanos su natural rol de sujetos de la política y de legítimos directores del destino de sus vidas y del desarrollo del país. Pero también sabemos que los olmos todavía no dan peras y debemos conformarnos con el hecho de que tanto Frei como Enríquez-Ominami hayan aceptado en principio la necesidad de la iniciativa y que Jorge Arrate, haya ido aún más allá y la haya incorporado con real convicción y energía como uno de los pilares de su programa de gobierno. Por su parte, Piñera no puede darse ni por enterado de una idea semejante.

Grande es el descontento popular con la clase política, con los partidos y con la situación social y económica. No menos con las invariables modificaciones y mutilaciones que numerosos proyectos de ley de los gobiernos de la Concertación en favor de la ciudadanía, han sufrido por años y siguen sufriendo en el parlamento, por parte de los representantes de la derecha nacional. Tales alteraciones desvirtúan deliberadamente los objetivos para los cuales dichos proyectos fueron concebidos o simplemente los convierten en apenas remedos de su contenido original. Esto es solo posible porque la ciudadanía no está representada proporcional -y adecuadamente- en el parlamento y esto a su vez es resultado de la legislación autoritaria dejada por la dictadura.

Sin embargo, el descontento y las  protestas de los borregos se dirigen automáticamente en contra del gobierno de turno, nunca en contra de la legislación autoritaria ni contra la derecha política y sus representantes parlamentarios, verdaderos responsables del fracaso de aquellos proyectos de ley que se negocian interminablemente hasta viciar sus verdaderos propósitos. Todo ello nos dice que mientras los borregos no adquieran real conciencia de su borreguismo, jamás van levantar la voz ni  enarbolar bandera alguna tras una nueva Constitución Democrática. Seguirán culpando al empedrado de la cojera que les impide progresar.

Por Elias Vera Alvarez

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