DDHH de los pueblos originarios

El domingo 23 de junio pasado, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile) convocó a diversas entidades y a personas de reconocida solvencia moral a la constitución de una Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios (CORDHPO). Su principal objetivo es ponerse al servicio de la VIDA y la JUSTICIA respecto de los ocho pueblos originarios que habitan en nuestro país y que el actual sistema económico y político, basado en la extracción de recursos naturales, los mantienes en peligro de extinción. Especial mención merece la militarización de La Araucanía, donde la policía actúa “como si estuviese en guerra” con el pueblo mapuche.

La CORDHPO exige al Estado de Chile avanzar en políticas públicas efectivas, teniendo como norte a la justicia y respetando la verdad histórica. Además, solicita la libertad sin condiciones de los presos políticos mapuche, la promoción de una ley de indulto general a los presos por el conflicto territorial, la creación de una instancia de diálogo permanente entre el Estado y los legítimos representantes de dicho pueblo, el reconocimiento de la autodeterminación que posibilite la recuperación de los territorios en manos de empresas forestales y de proyectos mineros y energéticos. Es indispensable, también, el pleno respeto del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile a fin de que los pueblos originarios sean consultados sobre las políticas sociales y de inversión que les conciernen. Y lo más patético de las peticiones es sobre el necesario resguardo de la integridad física y síquica de la niñez mapuche.

Las autoridades se defienden argumentando que han entregado tierras a las comunidades en el marco del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Ley Indígena Nº 19253/1993.

Sin embargo, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo ha señalado que las tierras de las comunidades mapuche “se encuentran en muchos casos en condiciones paupérrimas en cuanto a productividad, sin derechos de agua y sumando además un avanzado estado de degradación de suelos y vegetación. Por esto es necesario apoyar procesos de restauración ecológica, para la recuperación paulatina de las funciones ecosistémicas que permitan sostener actividades productivas en esos lugares, apoyando técnicamente en la elaboración y ejecución de planes de ordenación y monitoreo. Esto se debe constituir en un diálogo de saberes que permita llegar a las mejores soluciones para recuperar las importantes funciones que cumplen bosque, cultivos, praderas y otros, para el bienestar des este pueblo originario”. (“Pastoral Popular” Nº 328, pág. 24, Santiago de Chile).

Por su parte, la Misión Mapuche de la Compañía de Jesús ha abordado el problema de la recuperación territorial afirmando que “para fomentar el buen vivir en territorio mapuche se hace urgente una redistribución de la propiedad de la tierra”, porque “el mal llamado “conflicto mapuche” no se solucionará policial y judicialmente”. Agregan los misioneros jesuitas que “la vida está siendo violentada por una injusta tenencia de la tierra y por un uso de ella bajo criterios puramente productivos, sin consideración alguna respecto de los equilibrios ecológicos y espirituales necesarios para una vida armónica y sustentable. La recuperación territorial no es un asunto meramente económico o productivo. Es una lucha religiosa por la recuperación del equilibrio y la posibilidad de vivir en paz”. Ratificando a la Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, los sacerdotes que acompañan a los mapuche afirman que “en veinte años de Ley Indígena, se han restituido 170 mil hectáreas. En 500 mil hectáreas viven cerca de 300 mil mapuche. No es razonable que se diga “se ha entregado mucha tierra a los mapuche”, cuando en los veinte años anteriores a la Ley Indígena las forestales se hicieron de cerca de un millón y medio de hectáreas en la zona, ni cuando en el territorio quedan todavía propietarios de fundos de miles de hectáreas. Sólo en los tres años del gobierno de Salvador Allende se estaba en proceso de restituir a los mapuche el doble de lo que se ha restituido desde la vuelta de la democracia en 1990. Pero el proceso de Allende se echó totalmente atrás durante la dictadura, con una violencia feroz, y nunca se ha vuelto a intentar. Esto es un injusticia que clama al cielo”. (“El “conflicto mapuche” sí tiene solución”, en “Mensaje” Nº 621, agosto 2013, Santiago de Chile).

La validez de la CORDHPO, de los Ingenieros Forestales y de los misioneros católicos se acentúa tras las recomendaciones al Estado de Chile formuladas por el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, en el sentido de adoptar con urgencia una estrategia nacional que permita abordar de manera integral el tema mapuche con el objetivo de evitar las confrontaciones en esa región que, recientemente, ha terminado con la vida de Rodrigo Melinao, de 26 años, padre de dos niños y con su esposa embarazada de cuatro meses, miembro de la comunidad Rayen Mapu, de Ercilla. Fue asesinado en un territorio vigilado por Carabineros, PDI y por guardias civiles armados.

La Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios (CORDHPO) insiste en la necesidad de que Chile, como Estado miembro de la ONU, cumpla los compromisos contraídos en materia de derechos humanos.

Por Hervi Lara

Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile).

Santiago de Chile, 18 de agosto de 2013