El Ciudadano tras el polémico registro de Carabineros en robo al BCI

El día de ayer, El Ciudadano difundió una nota audiovisual que mostraba a un grupo de carabineros registrando a quien había asaltado una sucursal del Banco BCI el día miércoles 8 de octubre. Un carabinero encuentra un fajo de billetes en los bolsillos del asaltante y lo extrae, luego otro policía se lo arrebata. Éste último, luego de acercarse a otro uniformado detrás de la patrulla, se guarda los billetes en el uniforme. Eso es lo que muestran claramente las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un edificio aledaño y no deja espacio a mayor interpretación.

Si la acción correspondía al procedimiento de registro normal de un sospechoso para extraer evidencias para la investigación, nos parece que éste es absolutamente irregular. Registrar al sospechoso de esa forma, “pelearse” por las pruebas, ser éstas arrebatadas por un carabinero a otro, quien finalmente las guarda en su bolsillo, no puede corresponder a un procedimiento ajustado a la norma.

Para conocer exactamente qué ocurrió según Carabineros, mostramos las imágenes y entrevistamos en cámara al Jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales de la institución, coronel Mario Rozas Córdoba, quien una semana después del atraco desconocía lo ocurrido y se sorprendió al ver las imágenes, señalando: “Me parece una cosa, por decirlo, irregular”.

Luego se le preguntó si podía asegurar que ese dinero había sido entregado a la Fiscalía, respondiendo que no daba crédito absoluto a que lo sustraído fuera dinero. “De acuerdo a lo que usted me está mostrando hay la acción de retiro, la sustracción, el robo”, manifestó. En el mismo acto destacó que el procedimiento debía ser evaluado en su contexto.

La semana pasada intentamos consultar al Ministerio Público, pero no hubo respuesta.

Posteriormente, dos cadenas nacionales de televisión replicaron la noticia, señalando que un medio de comunicación acusaba a carabineros de robo, mostrando las imágenes pero no las respuestas del coronel, a quien entrevistaron directamente. Chilevisión y Mega aseguraron que la fiscalía y el banco informaron que todo el dinero había sido devuelto el mismo día del atraco, situación respecto de la cual el coronel no expresó claridad cuando dicha información fue requerida por El Ciudadano. En esos medios, no habló en cámara ningún fiscal ni representante del banco. Sólo se mostró un pronunciamiento nuevo del coronel Mario Rozas, quien afirmaba fehacientemente lo anterior.

A nuestro juicio, el forcejeo que protagoniza el primer carabinero que extrae el fajo de billetes constituye un elemento suficiente para que la opinión pública se pregunte, a lo menos, cuál era el destino que en principio se pretendía de las especies.

Cuando mostramos el video al coronel Rozas y le ofrecimos esperar que la institución iniciara las averiguaciones pertinentes con Fiscalía para explicar lo observado, nos explicó que el plazo reglamentario para efectuar una investigación interna eran 20 días hábiles, pero que el video, por sí solo, no era prueba suficiente para abrir un sumario, ya que nuestro equipo debía aportar más antecedentes probatorios.

Entendemos que lo anterior refleja una clara discriminación a nuestro medio y un actuar a lo menos negligente de parte de Carabineros, toda vez que la institución sólo tuvo la disposición de revisar el procedimiento cuando la noticia adquirió relevancia pública, y cuando otros dos medios periodísticos, en este caso televisivos, se acercaron a efectuar las consultas pertinentes.

Frente al silencio de la Jefatura de Comunicaciones de Carabineros – a la cual contactamos cuatro días antes de efectuar nuestra publicación, sin obtener posterior respuesta para ampliar los antecedentes – no quedó otra alternativa que dar a conocer el hecho y con ello acelerar la posibilidad de un sumario interno que absolviera las dudas razonables planteadas por las imágenes, procedimiento que hasta hoy no se ha instruido.

En este sentido, queda claro que nuestro objetivo no fue injuriar a nadie, sino dar a conocer un hecho del que tomamos conocimiento a través de un testigo y cotejar dicho testimonio con Carabineros de Chile. La institución nos dio a entender que la información entregada en primera instancia era todo lo que tenía a su haber, sin volver a tomar contacto posterior con nosotros pese a que invitamos al coronel Mario Rozas a efectuar un chequeo interno antes de proceder a la publicación.

Queremos aprovechar de hacer presente que la tardanza en obtener pronunciamientos oficiales y consistentes de Carabineros de Chile ha sido reiterativa en el tiempo, en lo que respecta a otras consultas que El Ciudadano ha realizado por canales formales para el desarrollo de investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción institucional.

Podemos mencionar, por ejemplo, que el Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros ofreció entregar una respuesta en 20 días hábiles (un mes) a tres preguntas que planteamos el día 29 de septiembre de 2014 para la preparación de un reportaje sobre la denuncia de escuchas telefónicas ilegales en contra del general Bruno Villalobos Krumm – investigación que finalmente fue publicada hoy en la Edición Nº 158 “Especial de Espionaje” del diario El Ciudadano, sin contar con el pronunciamiento de Carabineros, dado el excesivo tiempo de espera que el mando institucional nos impuso.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar la incapacidad de Carabineros para responder a reiteradas consultas que este medio de comunicación ha realizado – por vía telefónica, correo electrónico y de manera presencial – en torno al ocultamiento y pérdida de investigaciones por drogas vinculadas al emblemático caso de Jorge Matute Johns, donde se cuestiona la probidad de un asesor jurídico de confianza del actual jefe de la Octava Zona de Carabineros, Iván Bezmalinovic, general que aparece en las tarjetas de presentación incautadas a un traficante investigado en dicho caso. De nuestra insistencia son testigos el coronel Mario Rozas y la periodista de la Prefectura Concepción, Ana Betanzo.

Pedimos disculpas públicas a cualquier funcionario de Carabineros que, por atrevernos a cuestionar un procedimiento, encender el debate y exigir la entrega de una respuesta oficial consistente, haya malentendido nuestro afán de dar a conocer una situación que el propio Departamento de Comunicaciones Sociales calificó, en un comienzo, como “irregular”.

Recalcamos que nuestra publicación no tuvo como objeto enlodar el trabajo de uniformados que a través de todo Chile sí realizan labores apegadas al derecho y a conductas probas, con toda la dificultad que imponen la extrema jerarquización de sus acciones, la nula posibilidad de sindicalización, los traslados arbitrarios y la persecución interna que muchos viven por denunciar actos de corrupción de colegas o superiores, o por no ganarse la simpatía del Alto Mando, debiendo arriesgar en muchos casos su integridad física y familiar por dar a conocer los apremios que se viven internamente.

Finalmente, no podemos terminar estas palabras sin hacer presente el doble estándar con que, desde la Jefatura de Comunicaciones de Carabineros, se nos imputa el dar publicidad «irresponsable» a un video, mientras que al mismo tiempo el mando avala programas emitidos en televisión abierta que muestran la denostación de ciudadanos detenidos en allanamientos, cuando ni siquiera han sido juzgados por los tribunales de justicia, exponiéndolos a la denigración pública mientras se enaltece la labor institucional, no por realizar diligencias de cualitativa importancia para toda la comunidad o por aplastar la corrupción que afecta a este país, sino a través de un show de carácter comercial y netamente propagandístico.

Entendemos que en una República, las instituciones y funcionarios públicos deben estar sometidos al constante escrutinio y fiscalización de una ciudadanía empoderada. Es eso lo que nos motiva a seguir adelante para fortalecer nuestras plataformas y remecer a las instituciones, a fin de que otorguen mayor transparencia a sus actos.