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Respuesta al Intendente de esta saturada Región

En una columna publicada el jueves 3 de junio en El Mercurio, Fernando Echeverría, intendente metropolitano, plantea la necesidad de que el Consejo Regional (Core), entidad colegiada que él preside, apruebe una nueva expansión urbana promovida por el gobierno anterior, con lo cual se dispondría, según sus promotores, de los terrenos necesarios para absorber el crecimiento de esta megalópolis compuesta por 52 comunas. Plantea Echeverría que en los próximos 20 años la población de la capital crecerá en un millón 600 mil habitantes, cifra que naturalmente no ponemos en duda.

Ahora bien, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde 1994, instrumento normativo que se origina en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, consciente de que la cuenca de Santiago está saturada y en conocimiento del encierro geográfico y falta de vientos e inversión térmica en los meses de otoño e invierno -situaciones inmodificables-, promovió un crecimiento hacia adentro, para reducir el uso de vehículos motorizados, fuentes móviles que generan altos niveles de contaminación atmosférica y en tal sentido impulsó el aumento de la densidad habitacional. En octubre de 2006 se incorporaron al PRMS las provincias de Talagante y Melipilla, y las comunas de Buin y Paine, regulándose así toda la superficie de la región.

A pesar de lo anterior, en 1997 se modifica el PRMS permitiendo el cambio de uso de suelo de miles de hectáreas rurales localizadas en la provincia de Chacabuco. De esta manera se originaron las Zonas con Desarrollo Urbano Condicionado (Zoduc), fórmula que exigía a los titulares de los predios transformados en urbanos asumir los costos del crecimiento. Así, se informaba a la opinión pública, se generarían núcleos urbanos con los necesarios equipamientos para mantenerse desconectados de la ciudad de Santiago, produciendo la integración social, pues debían considerarse dentro de los proyectos altos porcentajes de viviendas para sectores vulnerables. Nada de ello aconteció y hasta hoy, según noticia publicada el jueves 3 de junio, existe un conflicto entre el MOP y varias inmobiliarias por las millonarias obras de aguas lluvia en Chicureo. Quienes deben asumir ese costo son los titulares de los proyectos, pero desean cargarle la mano al Estado.

En mayo de 1998 se publica en el Diario Oficial el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), a raíz de la pésima calidad del aire que ya teníamos en aquella época y que se mantiene. Esta reglamentación es obligatoria acorde con lo establecido en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y también fijaba una limitación a la expansión urbana. Por presiones sectoriales se derogó en 2001 la medida que impedía modificar los usos de suelo de los terrenos agrícolas y de valor natural.

En 2003, a través de una polémica aprobación del gobierno regional, se autorizaron los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en 90 mil hectáreas rurales de 11 comunas periféricas. Para ello se dictó el nuevo artículo 8.3.2.4 del PRMS que bien cautela el interés común. Así, en el año 2005 se presentaron a tramitación tres PDUC en 2 mil 500 hectáreas en la comuna de Pudahuel. Sus voceros informaban que sus inversiones alcanzan los 3 mil millones de dólares, y por incapacidades públicas y privadas para hacer bien las cosas aún no son aprobados por la Contraloría General de la República, a pesar de que ya estaban autorizados por la dócil Corema y por el Core.

Nuestra fundación, celosa guardiana del orden público en materia de vivienda, medio ambiente y urbanismo, denunció oportunamente en el ente fiscalizador una serie de irregularidades detectadas en el proceso administrativo de estos tres mega negocios inmobiliarios.

Como vemos, las Zoduc después de 13 años se han desarrollado mínimamente, según el reportaje del 3 de junio en El Mercurio, y los PDUC después de siete años todavía no inician sus obras. Sabemos que estos últimos se originaron para enmendar los errores normativos cometidos con las primeras; el principio que sustentaba su existencia era la exigente y responsable política urbana contemplada paso a paso en cada una de las condiciones y fundamentalmente en las medidas de compensación, mitigación o reparación contenidas en el artículo 8.3.2.4. del PRMS.

Por el contrario, la nueva expansión en 10.000 hectáreas que comenta Echeverría carece de la rigurosidad impuesta a los PDUC, requerimiento que garantiza la ejecución de todas las obras necesarias para asegurar el bien colectivo de la ciudad. Por ello consideramos que la autoridad debe enmarcase en la normativa vigente para dar paso al crecimiento urbano en esta metrópolis, asunto que le hicimos notar el jueves 3 de junio en el Minvu a Pablo Allard, asesor de la ministra Magdalena Matte.

Comprendemos que Echeverría, ex- presidente de la Cámara de la Construcción, quien se mantendrá en su cargo sólo por un año, tal como lo anunció públicamente, quiera seguir expandiendo la ciudad, ya que él es un distinguido actor inmobiliario, pero debemos tener presente que los nuevos cambios de uso de suelo en trámite han sido solicitados por los propios interesados, procedimiento asaz impugnable, lo que se debería unir al complejo escenario existente con los acuíferos. Como somos regionalistas de verdad y queremos un desarrollo equilibrado en el país, entendiendo que los terrenos agrícolas hay que cuidarlos, le proponemos al gobierno que se rechace de plano o bien se congele esta tramitación, debido a que, tal como lo dijimos, tenemos abundantes terrenos rurales para seguir creciendo.

El gobierno actual está revisando la antojadiza clausura del aeropuerto Los Cerrillos, lo cual nos parece bien y por ello somos partidarios de que esta nueva, falaz e innecesaria expansión urbana también sea re analizada, no solamente por el Minvu, sino que por todos los servicios sectoriales.

Por Patricio Herman

Fundación Defendamos la Ciudad

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