Subvención Escolar Preferencial: lucrando con la educación de los más pobres

Lucrar con recursos del Estado y no garantizar calidad es hoy una realidad generalizada en el sistema educativo; ya sabemos con detalle cómo se produce esto en las universidades, pero el panorama en la educación escolar no ha terminado de clarificarse. Fuera de los cobros regulares por copago o arancel y la consabida segregación social y desigualdad educativa que el sistema produce, se instaló hace pocos años un mecanismo que profundiza sistemáticamente el lucro y genera en muchos casos deterioro de los procesos educativos. Este mecanismo es el creado por la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).

La Ley SEP, aprobada durante el gobierno de Bachelet, fue concebida para mejorar los aprendizajes de los estudiantes más vulnerables con recursos adicionales del Estado. Esta ha sido una de las iniciativas menos cuestionadas de la política educativa y que, en general, ha concitado un importante nivel de consenso en los actores involucrados. Y parece claro, nadie podría estar en contra de allegar más recursos a las escuelas, más todavía si se trata de un apoyo focalizado en los estudiantes que más lo necesitan.

El mecanismo se concreta a través de un valor adicional (inicialmente de un 60%) a la subvención por alumno calificado como “prioritario”, para todas las escuelas subvencionadas (municipales y particulares). Los sostenedores con alumnos prioritarios suscriben un convenio por cuatro años, a través del cual se comprometen a cumplir metas, entre las cuales está el mejoramiento sostenido de los resultados en la prueba Simce. Los aportes adicionales permiten generar, por medio de un Plan de Mejoramiento Educativo, inversión en materiales y equipamiento para el trabajo pedagógico, contratación de servicios profesionales en asesorías, perfeccionamiento, etc. Para la ejecución del plan la Ley autoriza la contratación de entidades de apoyo externo, constituidos formalmente como organismos de Asistencia Técnica Educativa (ATE). Es aquí donde comienza el problema.

La mayoría de estos organismos poseen fines de lucro o bien dependen de instituciones cuyo lucro está encubierto y se benefician ampliamente con los recursos del Estado. La prestación de servicios a través de licitaciones públicas se realiza sobre montos significativos de dinero y no existe ninguna regulación respecto del margen de ganancia para estas empresas externas. Al tomar un ejemplo aleatorio y sacar un simple cálculo de lo que gasta un organismo ATE en las intervenciones y luego contrastarla con el valor total de la licitación, es posible constatar que la utilidad obtenida es superior a todo negocio conocido. Lo que ocurre entonces, es que gran parte del dinero no se queda en las escuelas y estas sólo sirven de tránsito para terminar sirviendo a intereses particulares, lo que constituye un gran despilfarro si consideramos las enormes carencias del sistema escolar.

Una escuela con alta concentración de estudiantes prioritarios puede recibir fácilmente en promedio 30 ó 40 millones de pesos anuales por concepto de subvención preferencial. Las licitaciones normalmente son por el conjunto de escuelas de un municipio o de una corporación, por lo que los montos comprometidos en una sola licitación son considerables. Las sumas que puede obtener un organismo ATE durante un año son exorbitantes, por lo que se produce la paradoja de la abundancia de recursos por un lado y escuelas que no logran mejorar la calidad por otro.

Todo esto sin contar que hay dueños de corporaciones de escuelas particulares subvencionadas que poseen ATEs y que se pagan a sí mismos (con platas del Estado) en sendas asesorías auto-contratadas. Al mismo tiempo, muchos de los recursos, según lo ha establecido la propia Contraloría para el caso de los colegios municipales, han sido utilizados por los sostenedores para otros fines. Efectivamente, no existe mayor control sobre estos dineros e incluso a fines de 2011 se concretó un gran perdonazo para los municipios que utilizaron los fondos en áreas que están completamente fuera de la ley.

Si todo ello redundara en mejoramiento educativo sería legítimo para alguien pensar que finalmente se garantiza un bien superior. El problema es que el despilfarro de dineros públicos no ha significado cumplir con el propósito para el cual fue creada esta ley, cual es el mejoramiento de los aprendizajes de los sectores más vulnerables. Tal propósito es poco alcanzable cuando hay fuga legal de recursos y cuando se cree que el mejoramiento educativo pasa por la externalización y no por el fortalecimiento de las condiciones de gestión y las capacidades profesionales de las escuelas y sus comunidades.

Se trata más bien de un modelo de apoyos de trayectoria irregular y/o fragmentada, cuya ejecución descansa en la sustitución de los actores internos o en la prescripción hiperburocratizada de tareas, con una visión ajena, tecnocrática y formalista de la escuela. Un modelo basado en la proliferación de formatos a completar y en la tecnificación de la gestión curricular a través de la venta de planificaciones estándar o guías a aplicar sin vínculo alguno con el contexto y sin considerar las diferencias entre estudiantes. Un modelo basado en el discurso ingenieril, válido para todo tiempo y lugar y centrado en la eficacia escolar entendida como entrenamiento para pruebas estandarizadas. Son mayoritariamente instituciones de dudoso sustento académico, respecto de las cuales existe una percepción generalizada de mala calidad, que no han sido evaluadas y que contribuyen a la desprofesionalización docente y a la pérdida del valor de la comunidad escolar.

Ya se cumplieron los cuatro años de los primeros convenios suscritos por las escuelas y la promesa de mejoramiento en los resultados otra vez no se cumplió. Por instrucciones ministeriales todas las escuelas debían poner metas sobre el 90% de logro, pero la situación fue tan negativa que nadie ha querido tocar el tema. No hubo evaluación pública de lo ocurrido y, en general, los estudios realizados dan cuenta del escaso o nulo impacto en términos de mejora en los aprendizajes.

En resumen, la asistencia técnica a través de la Ley SEP es claramente otra vía de transferencia de recursos del Estado al sector privado, con la lógica de crear un mercado en que la educación es vista como otro negocio cualquiera. Que el Gobierno anuncie más recursos sin cambiar este modelo, sólo profundizará el deterioro de la educación y, so pretexto de los más pobres, incrementará una danza de millones cuyo uso nada tiene que ver con ese propósito. Junto con ser ésta la manera más ineficiente que uno pueda imaginar en el uso de recursos, en los hechos la externalización cambia completamente el eje de la inversión pública en educación.

La colaboración externa es, por cierto muy necesaria, pero debe realizarse fortaleciendo de manera permanente la capacidad de las escuelas, invirtiendo en el tiempo no lectivo de los docentes y en los espacios de trabajo colaborativo. Para las universidades que forman profesores es vital este vínculo, pero el modelo de externalización deja en manos de la buena voluntad de cada institución su adecuada implementación. De hecho, muchas universidades públicas y privadas sin fines de lucro intentan genuinamente entregar un apoyo de calidad en este contexto, pero el tema de fondo pasa por cambiar las reglas del juego e impedir que se concrete un mecanismo más para la concentración de la riqueza en Chile. Quien se perjudica finalmente con este tipo de políticas son los estudiantes en cuyo nombre el Estado toma dinero de todos los chilenos para ir aparentemente en su ayuda.

Por Miguel Caro R.

Director Departamento de Educación

Universidad Arcis

@miguelcaroramos