Plan de deportación masiva de Trump genera reacciones en defensa de los derechos humanos

Expertos aseguran que el proyecto refleja un "rebrote del fascismo"

El Ciudadano México

03/03/2025 1:00pm

Un polémico plan de deportación masiva propuesto a la administración de Donald Trump ha generado preocupación entre expertos en derechos humanos, políticos y miembros de la comunidad internacional. El proyecto, que cuenta con el respaldo de destacados aliados del exmandatario, como Erik Prince, exdirector de la contratista militar Blackwater, busca deportar a 12 millones de migrantes irregulares en un plazo de dos años mediante un ambicioso programa que privatizaría gran parte de las funciones de control migratorio.

Véase también: Deportación de migrantes mexicanos: EE.UU. confirma vuelos hacia el sur de México

Según un documento filtrado, que ha circulado entre los asesores de Trump, el plan propone la creación de campos de procesamiento en bases militares y la utilización de una flota privada de 100 aviones para deportar a cientos de miles de personas mensualmente, lo que implicaría un aumento del 600% en las actividades de arresto y expulsión. El costo estimado de esta operación sería de 25 mil millones de dólares, cifra que se destinaría a financiar la contratación de un «ejército pequeño» de ciudadanos privados con poder para realizar arrestos y aplicar la ley federal.

El plan no solo ha despertado críticas por sus implicaciones logísticas y legales, sino que también ha sido cuestionado por su posible violación de derechos humanos. Los críticos señalan que la propuesta, al centrarse exclusivamente en la expulsión de migrantes, no aborda las causas subyacentes de la migración, como la pobreza, la violencia y la desigualdad económica que impulsan a millones de personas a abandonar sus países.

Una de las propuestas más controvertidas del plan es la privatización de funciones clave del gobierno, como el transporte y la detención de migrantes. Aunque la Administración Trump no ha adoptado oficialmente la propuesta, algunos de sus aliados han expresado que recurrir al sector privado sería necesario para cumplir con las metas de deportación.

El plan contempla la creación de audiencias de deportación masivas y el uso de registros existentes para rastrear a los migrantes deportables. Además, propone un programa de recompensas para agentes locales y estatales que colaboren con las autoridades federales en la detención de migrantes, lo que podría generar tensiones con gobiernos locales que ya se oponen a las políticas migratorias de Trump.

La privatización de estas funciones ha suscitado críticas de expertos como John Sandweg, exdirector interino de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien advirtió que el plan podría enfrentarse rápidamente a bloqueos legales debido a sus posibles implicaciones constitucionales.

Más allá de las críticas legales y logísticas, el plan ha sido calificado por muchos como una muestra del ascenso de tendencias autoritarias. Asimismo, el plan de deportación masiva ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia y responsabilidad, especialmente debido a las conexiones previas de Prince con proyectos cuestionados, como el fallido esfuerzo para financiar operaciones en Venezuela.

El alcance global del plan también ha sido señalado como un riesgo diplomático. La deportación masiva de millones de migrantes podría generar fricciones con los países de origen, que podrían negarse a recibir a sus ciudadanos deportados, lo que complicaría aún más la ejecución del plan. Los críticos también han señalado que la utilización de contratistas privados en funciones gubernamentales podría abrir la puerta a una mayor militarización de las políticas migratorias en Estados Unidos.

A pesar de que el presidente Trump aún no ha tomado una decisión oficial sobre el plan, el debate sobre la militarización de la inmigración y el uso de empresas privadas en funciones de seguridad nacional sigue siendo uno de los temas más divisivos en la política estadounidense actual. Mientras tanto, el futuro de esta propuesta sigue siendo incierto, aunque ya ha generado un debate intenso sobre los límites éticos y legales de la política migratoria de Estados Unidos.

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