La mecha se volvió a encender: un tuit del exfiscal Carlos Gajardo puso otra vez en el centro el fallo de 2020 del caso Cascadas, cuando una sanción histórica contra Julio Ponce Lerou pasó de US$62 millones a cerca de US$3 millones, en una decisión dividida 3–2 en la Corte Suprema.
En su mensaje, el exfiscal vinculó el tamaño de la rebaja con el hecho de que la resolución se zanjó por un estrecho 3–2 en la Tercera Sala, y apuntó directamente al rol que tuvo Ángela Vivanco en esa votación. Además, sostuvo que el episodio merece ser investigado.
En su publicación en X, Carlos Gajardo escribió: «En 2020 la CS rebajó multa a Ponce Lerou de 62 a 3 millones de dólares. El fallo fue 3 a 2 con el voto de Vivanco. Cuando la Suprema expulsa a Vivanco le acredita irregularidades en diversas causas entre ellas esa. Debe investigarse si hubo coimas».
En 2020 la CS rebajó multa a Ponce Lerou de 62 a 3 millones de dólares. El fallo fue 3 a 2 con el voto de Vivanco. Cuando la Suprema expulsa a Vivanco le acredita irregularidades en diversas causas entre ellas esa. Debe investigarse si hubo coimas.https://t.co/PduBTExE7e pic.twitter.com/id4cicelCY
— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) January 31, 2026
El mensaje reabrió el debate, pero la historia de la rebaja de la multa a Julio Ponce Lerou viene de largo y parte en el corazón del caso Cascadas.
Rebaja de la multa a Ponce Lerou: el origen del “caso Cascadas”
La arista civil del caso Cascadas se remonta a 2014, cuando la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sancionó a Ponce Lerou con una multa histórica por infracciones al mercado de valores vinculadas a operaciones con las sociedades cascadas. La sanción fue ratificada en primera instancia y luego confirmada en segunda, pero en esa etapa comenzó el recorte del monto, abriendo una controversia que terminaría llegando a la Corte Suprema. En 2020, el máximo tribunal confirmó las infracciones, pero la discusión se concentró en si correspondía mantener o no la rebaja aplicada por la Corte de Apelaciones.
En 2016, el 18° Juzgado Civil de Santiago ratificó la sanción y en 2019 la Corte de Apelaciones de Santiago también confirmó las infracciones, pero redujo el monto a 75 mil UF, “menos de US$3 millones”. El recorte se vinculó a un fallo del Tribunal Constitucional de 2018, que declaró inconstitucional la norma que permitía multar hasta por un tercio del monto de una operación irregular. Ese giro abrió la puerta a que la discusión se trasladara desde el “qué pasó” al “cuánto corresponde sancionar”.
Rebaja de la multa a Ponce Lerou y el voto 3–2 en la Suprema
En 2020, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile ratificó por unanimidad las infracciones, describiendo un esquema de transacciones coordinadas “en monto y tiempo”. Donde se partió el tribunal fue en el recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para anular la rebaja aplicada por la Corte de Apelaciones. La mayoría —María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y el abogado integrante Diego Munita— rechazó la pretensión estatal, sosteniendo que la sentencia del TC era vinculante. La minoría —el expresidente de la Suprema Sergio Muñoz y el abogado integrante Pedro Pierry— fue de la idea de mantener la multa original, argumentando que Ponce no reclamó esa inconstitucionalidad oportunamente.
Hoy, el tuit de Gajardo vuelve a instalar en la agenda la rebaja de la multa a Ponce Lerou, el voto 3–2 y el llamado a indagar “si hubo coimas”. El debate se reactiva, además, en un contexto donde Vivanco fue detenida por OS7 de Carabineros tras orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que la Corte Suprema declarara admisible una querella de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por el caso “trama Bielorrusa”, que investiga presuntos delitos de corrupción judicial.
