TPP: La cucharada de SOPA que amenaza la Internet en Chile

Un acuerdo similar a las congeladas leyes PIPA y SOPA en Estados Unidos se está cocinando. Argumentando la protección de los derechos de autor, el Trans Pacific Partnership Agreement (TPP) persigue penas de cárcel por copiar un CD y aspira a que las compañías proveedoras de Internet se transformen en policías. También implica el monopolio en el acceso y desarrollo de fármacos y productos alimenticios para los países no productores de tecnología. El gobierno maneja el tratado con completo hermetismo.

Hacer un link hacia una película o usar un copiador de CD que evada los sistemas antipirata pronto en Chile podrían ser delitos encarcelables. Es el horizonte de un acuerdo tramitado en absoluto secreto por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), dependiente de la Cancillería, y que es parte de la agenda de Estados Unidos para el Pacífico.

Su nombre es Trans Pacific Partnership Agreement (TPP), o sea, un Acuerdo de Asociación Transpacífico, negociado desde la administración de Michelle Bachelet en secreto y asociado a los Tratados de Libre Comercio.

El TPP en un comienzo fue conocido como acuerdo P4 y abarcaba el área de influencia norteamericana en los países del Pacífico. Las conversaciones secretas incluyen, además de Chile, a Perú, Nueva Zelanda, Australia, Brunei Darussalam, Singapur, Vietnam y Malasia.

El TPP es un acuerdo suscrito el 2005 y que va en su décima ronda de negociación, la que se realizó el 9 de diciembre de 2011 en Kuala Lumpur, Malasia. Fue cocinado por la United States Trade Representative (USTR), que es la representación comercial de Estados Unidos. La próxima mesa de conversaciones se realizará en marzo, en Los Ángeles, EE.UU.

Tal como informó El Ciudadano, en febrero de 2011, Knowledge Ecology International (KEI), ONG norteamericana dedicada al dominio compartido de saber, filtró el capítulo referido a la propiedad intelectual del TPP.

UN TRATADO DEL TERROR

Como todos los acuerdos que derivan de los Tratados de Libre Comercio, el TPP contempla medidas que afectan seriamente el flujo de contenidos en la red, al incluir un capítulo que amplía las medidas en defensa del copyright.

Si la mayoría de los países respetan los derechos de autor 50 años después de publicada una obra y Chile lo elevó a 70, el TPP busca extenderlos hasta 95. Además convierte en delito encarcelable el evadir un programa de protección de esos derechos. O sea, si se copia un disco protegido, ya no sólo será delito copiarlo, sino que también usar un programa que permita hacerlo. Para eso se piden sanciones criminales, aunque no haya ánimo de lucro o beneficio económico.

Daniel Álvarez, abogado de Derechos Digitales, acusa que si con la actual legislación “en Chile en los próximos 20 años el dominio público de obras y bienes culturales no crecerá; de aceptarse que sean 95 años, una generación entera quedaría sin derechos a acceder de manera libre a importantes obras culturales”.

También el TPP contempla hacer responsables a los prestadores de servicio de Internet de las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea. Estos estarían obligados a identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de la red.

Proveedores de servicios de Internet, como las compañías telefónicas, serían responsables de vigilar lo que los usuarios suben y descargan de la red.

Así proveedores de servicios de Internet, motores de búsqueda como Google, redes sociales como Facebook o portales de videos como Youtube estarían obligados a bloquear accesos a presuntos infractores, transformándose así de buscadores en policías.

De ser aprobada la medida, éstos se encargarían de ejercer las sanciones a los usuarios sin la necesidad de pasar antes por un tribunal, como impone el protocolo que actualmente rige en Chile.

Los lobbystas de Washington presionan es incluir sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor y aunque no haya ánimo de lucro o beneficio económico para el infractor.

“Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada” -asegura Alberto Cerda Silva, director de estudios de Derechos Digitales.

Los derechos de autor no sólo son para la industria del entretenimiento, también implican el monopolio en el acceso y desarrollo de fármacos y productos alimenticios para los países no productores de tecnología.

“Nadie crea algo a partir de nada. Mientras más grande sea el dominio público hay más posibilidades de crear y generar obras, o sea, del desarrollo cultural”, agrega el legista, cuya organización exhorta al Gobierno a que promueva normas que equilibren los legítimos derechos e intereses no sólo de la industria sino que también de los usuarios, el fortalecimiento del dominio público y que se amplíen los usos justos de bienes culturales, medicinas y avances científicos.

COMPLETO HERMETISMO

Daniel Álvarez, abogado de Derechos Digitales, cuenta que han pedido información sobre los contenidos del acuerdo a la Direcon, pero la instancia no entrega información argumentando la seguridad nacional y la estabilidad de las negociaciones comerciales.

Para averiguar sobre los avances de las negociaciones, la ONG Derechos Digitales incluso apeló al Consejo de Transparencia, acción que les fue denegada. La razón: la seguridad nacional y la estabilidad de las negociaciones comerciales.

Francisco Vera, vicepresidente de Derechos Digitales cuenta que “este tipo de legislaciones se vienen haciendo desde hace tiempo. Con cada proyecto de ley se intenta cercenar más las posibilidades de acceso al conocimiento. Se vulnera el acceso a la información, la libertad de expresión y terminan por desmantelar como conocemos hoy Internet”.

BENEFICIO DE TRANSNACIONALES

Fabián Peña, bloguero argentino, acusa que “se visualiza la utilización de leyes restrictivas de derechos de autor online en beneficio de las transnacionales de las industrias culturales de Estados Unidos que protegen sus mercados monopólicos pero le exigen apertura comercial al resto del mundo mediante acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”.

Peña agrega que “la propiedad intelectual bajo la forma de derechos de autor o propiedad industrial ha sido denunciada en los últimos años como mecanismo de penetración y monopolización de mercados de países en desarrollo en diversos campos de la técnica: farmacología, biotecnología, nanotecnología, alimentación, electrónica, química o mecánica, como un instrumento de concesión de monopolios temporales y bloqueo de tecnologías nacionales”.

Hugo Baronti, consultor en tic y desarrollador de joomla, considera que esta arremetida legal corresponde a un “avance del modelo de producción del copyright. Es el traspaso del modelo de propiedad intelectual al ciberespacio. Es un proceso calendarizado que apunta a transformar la sociedad del conocimiento en la sociedad de la escasez”.

Estas leyes a juicio de Peña “han resultado una trampa y un retraso para el crecimiento económico autónomo de las economías nacionales que ven bloqueado el ingreso de nuevas tecnologías y de know-how mediante aplicación de cláusulas restrictivas de explotación comercial y transferencia tecnológica (marcas, patentes, diseños industriales) que favorecen a las casas matrices en territorio de los Estados Unidos”.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

El Ciudadano

VEA EL TEXTO DE LA PROPUESTA DE EEUU (EN INGLES)