A un año de las desapariciones en Chilapa continúa la impunidad

A un año de la desaparición forzada de al menos 16 personas en Chilapa de Álvarez, Guerrero, distintas organizaciones exigen verdad, justicia y reparación del daño a las familias de los desaparecidos. Asimismo, condenan la falta de voluntad política de los distintos niveles gubernamentales para dar con el paradero de estas personas y la falta de apoyo a los familiares.

Entre el 9 y el 14 de mayo 2015, más de trescientas personas armadas irrumpieron en la ciudad de Chilapa, en presencia de la policía estatal, federal, la gendarmería y el ejército. Estas personas, autodenominadas como “Policías Comunitarias por la Paz y la Justicia”, exigían la captura del líder del grupo de delincuencia organizada “Los Rojos”. Según el comunicado publicado por las distintas organizaciones, desarmaron a los policías municipales y se apoderaron del Palacio Municipal. A continuación, empezaron a patrullar la ciudad y detener a personas que consideraban sospechosas. Estas fueron amenazadas, torturadas, y desaparecidas. Según testimonios, “los hombres armados ataban de manos y pies a los detenidos, sin ninguna orden de aprehensión, y los tenían varias horas tirados en el asfalto en torno a la glorieta”.

Durante estos días, los familiares de las personas desaparecidas se manifestaron y exigieron a las autoridades estatales y federales tomar medidas ante las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. No recibieron ninguna respuesta por lo que decidieron formar una organización en la que se integraron también personas con familiares desaparecidos desde el 2011 y que no habían sido escuchadas: el movimiento “Siempre Vivos”. Se exigió la atracción del caso por parte de la PGR, quien inició la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015 y prometió dar resultados en dos meses, lo que hoy en día no ha sucedido.

Los familiares y otras organizaciones denuncian que “autoridades de todos los niveles han simulado atender el caso de los desaparecidos de Chilapa”. Prueba de ello, afirman, es el hecho de que la presencia en el municipio del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, la Procuradora General de la República, Arely Gómez y el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo, además del anuncio de la presencia de 3 000 elementos del Ejército y la creación de un cuartel militar no han ofrecido una respuesta a la violencia generalizada en Chilapa y sus alrededores ni sobre el paradero de los desaparecidos.

Denuncian que en México se desaparecen personas con aquiescencia de las fuerzas estatales y que además, las instancias encargadas de investigar delitos no tienen capacidad de dar con el paradero de los desaparecidos a pesar de tener pruebas sobre los presuntos responsables. Estos presuntos responsables siguen incursionando armados impunemente en las cabeceras municipales de Chilapa y Zitlala.

La respuesta de atención a las víctimas “ha sido el desdén y el olvido como en otros casos registrados a lo largo del país”. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estuvo apoyando durante los dos primeros meses pero desde el mes de enero 2016 se suspendió el apoyo “argumentando cambios en las políticas para el otorgamiento de apoyo”. Aunque se comunicó que los apoyos serían reembolsados cuando se tuvieran otra vez los recursos disponibles, “aún no se han recibido los reembolsos de los apoyos firmados y constantemente ponen obstáculos para que las familias obtengan el Registro Nacional de Víctimas”.

Las familias de “Siempre Vivos” hacen un llamamiento a los grupos de familiares desparecidos de Guerrero a crear un frente común para realizar acciones coordinadas. Asimismo, exigen:

1. Búsquedas serias, inmediatas y con resultados claros, que no abonen a la simulación, por parte de las autoridades competentes, .

2. La creación de una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, integrada por personal interdisciplinario, autónomo y capacitado para atender estos casos.

3. Se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

4. La legislación en materia de declaración de ausencia, de acuerdo a estándares internacionales, para los casos de personas desaparecidas.

5. El apoyo puntual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las familias de los desparecidos, sin trabas burocráticos.

Los firmantes :

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos

“José María Morelos y Pavón”

Colectivo contra la tortura y la impunidad

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Organización de familiares de desaparecidos de Chilapa “Siempre Vivos”

Red Nacional De Organismos Civiles De Derechos Humanos

“Todos Los Derechos Para Todas Y Todos”