Latinoamérica

Argentina y el recorte de Macri: en la primera semana del 2018 se perdieron 2000 empleos registrados

Se trata de una escalada respecto de los datos de cesantías que se venían registrando en los últimos meses en el país trasandino.

En la primera semana de enero, la primera del año, en Argentina sumaron más de 2000 los despidos de asalariados registrados, tanto del sector público como del privado.

Se trata de una escalada respecto de los datos de cesantías que se venían registrando en los últimos meses. De hecho, según un trabajo de la consultora Tendencias Económicas, esta cifra de despidos equivale prácticamente a todas las cesantías que se produjeron a lo largo del mes de diciembre, aunque algunos estudios, como el del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), calculan que en el mes pasado los despidos sumaron casi 3350.

En la lista de las cesantías hay de todo. En el caso de los del Estado, entre los que han perdido su trabajo se encuentran trabajadores de muchas dependencias, desde los que tienen por tarea la producción de pólvora, como es el caso de los contratados de la Fábrica Militar de Azul, hasta los que se dedican a la contención social, como los de la provincia de Jujuy, pasando por los productores periodísticos de Radio Nacional, informa Tiempo Argentino.

En el sector privado también hay disparidad. Aparecen los petroleros de Santa Cruz, que enfrentan los despidos en las firmas proveedoras de servicios a las grandes petroleras, trabajadores de las firmas que producen envases de aluminio y también de compañías de servicios.

Los distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales esbozan diferentes excusas para justificar estas cesantías, algunas de ellas contradictorias entre sí o con el cuadro más general de rebote económico anunciado por Macri en Argentina que, se supone, debería generar empleo.

Voceros del gobierno nacional han señalado que ciertos despidos respondían a la finalización de los contratos que vinculaban al trabajador con el Estado. Lo mismo se ha dicho desde los municipios.

Este argumento deja de lado un hecho concreto, como que, por regla general, los contratados son trabajadores sometidos al fraude laboral ya que arrastran esa condición de precariedad laboral desde los gobiernos kirchneristas a esta parte en el país trasandino.

 

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