Argentina

Comienza en el Congreso el debate por la ley de blanqueo de capitales y pago de juicios a jubilados

Hoy a las 13 se comenzará a discutir el proyecto en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.

Por Estefanía González

02/06/2016

Publicado en

Argentina

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El oficialismo, luego de la derrota política que sufrió con la ley antidespidos que finalmente fue vetada por el presidente Macri, se prepara para otro round en el Congreso en un escenario más favorable.

A partir de las 13, los titulares de la Ansés, Emilio Basavilbaso; de la AFIP, Alberto Abad; el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el secretario de coordinación interministerial, Mario Quintana, expondrán ante los diputados reunidos en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social los lineamientos de la iniciativa.

Según fuentes del interbloque de Cambiemos, el objetivo es poder sancionar la ley a mediados del mes de junio. El proyecto ingresó a la Cámara Baja en horas de la noche del martes.

La iniciativa propone pagar a los jubilados las sentencias y reajustes por haberes mal liquidados a través de la creación del Programa Nacional de Reparación Histórico para Jubilados y Pensionados que trabajará por medio de Ansés. Para pagar las sentencias, el Gobierno hará uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, por lo cual podrá disponer de las liquidaciones de acciones en manos del Estado de empresas privadas.

El proyecto también establece un blanqueo de capitales al que no pueden acceder funcionarios que hayan ejercido cargos a partir del 2010 ni podrán incorporarse los bienes que estén en paraísos fiscales.

El Gobierno para la aprobación del proyecto pretende contar con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa. A su vez, en los últimas días Daniel Scioli, vicepresidente del Partido Justicialista, adelantó que el PJ le daría apoyo al proyecto. Las dudas están puestas sobre el núcleo más duro del kirchnerismo en la Cámara de Diputados que cuestiona la posibilidad de que el Estado se desprenda de acciones en empresas privadas.

 

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