El exvicepresidente de Cristina Fernández en Argentina

Nueva víctima del Lawfare: Amado Boudou condenado a 5 años y 10 meses de cárcel

Adicionalmente, el político queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos en la función pública y, además, debe abonar una multa de 90.000 pesos, según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal

Por Chevige González Marcó

07/08/2018

Publicado en

Argentina / Política

0 0


Amado Boudou, exministro de economía y exvicepresidente (2011-2015) durante el gobierno de Cristina Fernández, fue condenado este martes a cinco años y diez meses de prisión bajo los cargos de «cohecho pasivo» y «negociaciones incompatibles con la función pública», tras haber sido considerado penalmente culpable de diseñar un entramado para quedarse con la compañía Ciccone Calcográfica, única empresa con capacidad de imprimir billetes en Argentina.

Además de la pena de cárcel, el político queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos en la función pública y aparte, debe abonar una multa de 90.000 pesos (unos 3.286 dólares), según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 4. A su vez, el Centro de Información Judicial (CIJ) informa que el político argentino será detenido de forma inmediata.

Amado Boudou y el Caso Ciccone

Ciccone Calcográfica había quebrado, pero fue salvada gracias al apoyo económico de otra sociedad privada llamada The Old Fund. Así las cosas, las sospechas apuntaron siempre a que Boudou estaba detrás de aquella pequeña compañía, y que acordó rescatar a la empresa privada a cargo de la fabricación de billetes, pero obteniendo el 70% de sus acciones.

Sucede que el apuntado no podía quedarse con Ciccone por ser un funcionario público, es decir, no era compatible con su cargo, por ello necesitaba de otro grupo paralelo que hiciera su rol de testaferro. Sin embargo, esta versión siempre fue negada por el político kirchnerista.

El juicio desde el comienzo tiene algunas cosas extrañas

Boudou en sus palabras finales, antes de recibir la sentencia, aprovechó para criticar las actuaciones en el litigio: «El juicio desde el comienzo tiene algunas cosas extrañas», manifestó. En esa línea, afirmó que «hay un relato construido» y mantuvo firme su posición de presunta inocencia: «Jamás negocié por mí, ni a través de terceros, el 70% del paquete de Ciccone».

En ese tono, negó las acusaciones: «Si fuera cierto el supuesto de cohecho, falta alguien que cohechó. No tiene ningún asidero ni vínculo con la prueba, porque no existió«. A su vez, achacó contra la participación de la prensa en esta clase de temas: «El periodismo tiene un rol destacado, pero no es ser la justicia en la República Argentina». Y continuó: «No hace falta leer el libro de ningún periodista, hace falta leer lo que está en los expedientes. Todo está en los papeles».

El político criticó la veracidad del testimonio de Alejandro Vandenbroele, acusado de ser el testaferro y testigo principal: «Vandenbroele dijo que escuchó cosas de otra persona, pero que no me conocía. Se toman como verdaderas cosas que dice que le contaron que yo dije. Es demasiado mediato para ser tomado como una prueba, sobre todo cuando viene por parte de un imputado», reflexionó. Según la versión de Boudou, todo el caso se trató de un simple acuerdo entre privados. «Hay una cuestión de revancha de clase«, concluyó, haciendo alusión al actual gobierno de Mauricio Macri.

La defensa pide anular el veredicto

El abogado defensor Alejandro Rúa planteó cancelar el veredicto, ya que el magistrado a cargo de esta etapa del proceso, el presidente del Tribunal Pablo Bertuzzi, había sido candidato del gobierno de Macri para ocupar un cargo en la Cámara Federal. En ese sentido, Rúa ya había presentado una apelación ante la Corte Suprema planteando la recusación del juez, es decir, la impugnación de su actuación en el caso por considerarla parcial.

Finalmente, se espera que los magistrados a cargo de la determinación exhiban los argumentos por los cuales decidieron privar de la libertad al político. Empero, Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción (OA), ya expresó públicamente que «este es un momento histórico». Resta por ver si la defensa de Boudou presenta alguna instancia de apelación para revertir la condena.

Sin duda, se trata de un nuevo hecho de persecución política en el marco del proceso de Lawfare contra Cristina Fernández, de cara a sacarla del juego político de la nación latinoamericana antes de los próximos comicios presidenciales de 2019.

Síguenos y suscríbete a nuestras publicaciones

Comparte ✌️

Comenta 💬