Campesinos denuncian a Duque por incumplir programa de sustitución de cultivos

Comunidades del municipio de Córdoba, en la región Caribe de Colombia, manifiestan que pese a la voluntad de sus pobladores para avanzar en la sustitución de cultivos de uso ilícito, el Gobierno de Iván Duque no ha atendido de manera efectiva su llamado.

Los campesinos denunciaron el incumplimiento por parte del Gobierno del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), lo que ha generado confrontaciones directas con la Fuerza Pública por la erradicación.

La denuncia la realizó ante varias autoridades, tanto locales como nacionales, destacando la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, (Asodecas).

En el documento, la comunidad afirma que en el Acuerdo de Paz “se reconoce expresamente la pertinencia y necesidad de implementar planes integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo como herramienta para solucionar el problema de las drogas ilícitas, como parte de la transformación del campo que busca la Reforma Rural Integral”.

Señalan que desde abril de 2017, fecha en que se firmó en ese municipio el acuerdo con las familias campesinas, varias fases del proceso han sido dilatadas y se han dado fuera de los tiempos correspondientes.

Sin embargo, “en cumplimiento de lo acordado, los campesinos del alto Sinú han avanzado en la implementación de dichos acuerdos sin respuesta positiva por parte de los entes estatales; lo que genera un ambiente preocupante sin garantías y confianza para las comunidades”, afirman en la denuncia.

Una de las situaciones más críticas denunciadas por Asodecas es el hecho de que esta incertidumbre ha llevado a confrontaciones directas con la Fuerza Pública, cuando varios uniformados ingresan al territorio a erradicar los cultivos de uso ilícito y la comunidad defiende la sustitución voluntaria.

La comunidad solicita “reiniciar en el menor tiempo posible el proceso de sustitución con los campesinos inscritos en la zona del Alto Sinú”. Además, exige el acompañamiento de las entidades pertinentes, como la Gobernación de Córdoba, para garantizar que el Gobierno nacional cumpla con lo pactado.

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