Violaciones a menores, ¿la huella de los militares estadounidenses en Colombia?

Un escándalo internacional generó la llegada, el mes de pasado, de una misión de militares rusos a Venezuela para ofrecer asistencia técnica. Los primeros Gobiernos en denunciar esta «intromisión» fueron el de Estados Unidos y el de Colombia, quienes de inmediato exigieron la retirada de los expertos.

Con su acostumbrada doble moral, esgrimieron que el arribo de los efectivos a Caracas supone «riesgos» y «amenazas». Sin embargo, solo basta revisar el historial para saber cuáles son las tropas que con su presencia en otro país generan destrucción y violaciones a los derechos humanos.

Los militares estadounidenses han estado en Afganistán, Libia y Siria, por ejemplo, y tras su paso solo se acumulan desgracias, pero también permanecen en Colombia, gracias a las alianzas que los Gobiernos de ese país han decidido mantener a cualquier costo.

En 2015 generó polémica la revelación de una serie de abusos sexuales cometidos por militares estadounidenses en contra de menores de edad en territorio colombiano.

De acuerdo con un informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC , al menos 54 niñas colombianas fueron víctimas de abusos sexuales perpetrados por militares estadounidenses, entre 2003 y 2007, reseñó el portal Actualidad RT. 

«Hay abundante información sobre la violencia sexual, en total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de EE. UU., que forma parte de un comportamiento sexista y discriminatorio denominado como ‘imperialismo sexual'», denunció en ese momento uno de los autores del reporte, Renán Vega, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Por norma los crímenes permanecen impunes. Foto: Web.

Lo más grave de este caso fue que los efectivos grabaron los abusos y vendieron el material, según la denuncia.

Además, en 2006 fueron reportados 23 casos de abusos sexuales cometidos por soldados estadounidenses, quienes eran parte del Plan Colombia, y 14 más en 2007, refirió el portal El Turbión. 

Sin legitimidad para hacer reproches

Esperar que por estos abusos se haga justicia es pecar de iluso. Desde la Corte Penal Internacional (CPI) asomaron en 2017 la posibilidad de investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por militares estadounidenses en Afganistán y Washington respondió con furia.

Desde entonces, EE. UU. descargó una batería de amenazas contra los jueces hasta que, hace tres semanas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que revocarían las visas a todo el personal de la corte involucrado en las pesquisas sobre el accionar de sus tropas.

Este viernes, una fuente oficial dijo a EFE que la Casa Blanca revocó la visa de entrada de la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda.

En junio de 2018, la directora para las Américas de la ONG Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, denunciaba que medidas como la separación de familias inmigrantes o la salida del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas restan a EE. UU. «toda la legitimidad para poder condenar violaciones a los derechos humanos en otros países».

«Hay intereses políticos y económicos tan importantes de la política norteamericana que previenen que estos Estados (latinoamericanos) legítimamente puedan levantar la voz en defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos», declaró a BBC Mundo. 

https://www.elciudadano.cl/latino-america/militares-rusos-permaneceran-en-venezuela-mientras-sea-necesario/04/04/

https://www.elciudadano.cl/venezuela/cucuta-despues-del-montaje-humanitario-eeuu-establece-base-militar-con-tropas-irregulares-de-mercenarios/03/14/