Tienen tres días para impugnar la decisión

Destituyen a integrantes del Consejo Nacional Electoral de Ecuador

Los funcionarios alegan que se usó un informe sesgado con poca objetividad

Por carlosalejandro

18/07/2018

Publicado en

Latinoamérica

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El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de Ecuador removió este martes a los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego determinar que el accionar de los funcionarios no fue “independiente”.

Las personas cesadas de sus cargos son Nubia Villacís (presidenta), Ana Marcela Paredes (vicepresidenta), Paúl Salazar (Consejero), Mauricio Tayupanta (Consejero) y Luz Maclovia Haro (Consejera), detalla la agencia Andes en su página web.

El medio ecuatoriano también informa que el CPC abrió un lapso de 3 días para que los revocados puedan impugnar la decisión. Tras este período, se conocerá el fallo definitivo.

El integrante del CPC –postulado por el actual presidente Lenín Moreno- Pablo Dávila indicó a la prensa, en declaraciones citadas por Sputnik, que para tomar esta decisión se evaluó la “legitimidad de las funciones” de los voceros del CNE.

Foto: El Universo

Acusó a los funcionarios de estar «vinculados a intereses particulares del Ejecutivo anterior» y explicó que esa fue una de las conclusiones «más importantes» que tomaron en cuenta «para cesarlos en funciones».

Según el diario El Telégrafo, que cita al informe del CPC, el organismo contralor argumentó que a pesar de la remoción de los integrantes del CNE, esto «no implica la ilegitimidad de los procesos electorales que ejecutaron».

En su defensa, Villacís aclaró que en su expediente se consta con todos los certificados de las capacitaciones recibidas e impartidas sobre gobernabilidad y gerencia política. Además, indicó que no se puede mediante «informe técnico sesgado» deslegitimar sus iniciativas ciudadanas o hacer valoraciones subjetivas.

El pasado 10 de julio, los vocales hoy cesados expusieron en audiencia pública sus alegatos ante el CPC. En aquella oportunidad, según reseña diario El Universo, denunciaron que la evaluación se fundamentaba en juicios de valor y no en hechos objetivos.

A Paúl Salazar se le vinculó con enriquecimiento ilícito y presentó la declaración jurada real y no una sin su firma, con un error inclusive, que se usó para levantar el informe.

La consejera Ana Paredes pidió que se revisen los ‘lapsus cálami’ de los que se les acusó en su evaluación. Agregó que en el informe se obviaron artículos que consideró importantes, ya que aclaran la lectura sobre su caso.

«Somos el resultado de muchos procesos que nos antecedieron. Hacer borrón y cuenta nueva es una utopía, mi sugerencia es aportar a esta cultura de debate, de respetar el esquema de la estructura, perfeccionándola», dijo aquel día, citada por El Universo.

 

 

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