Dos mexicanos tienen aval de un juez para usar cocaína con fines recreativos

Los fallos no significan una legalización y serán evaluados por un Tribunal Colegiado

El gran debate sobre las drogas en países como México ronda muchas veces alrededor de si legalizar contribuye a la disminución o control del consumo.

Esta semana se dieron a conocer dos decisiones de un juez que algunos consideran un gran paso y otros condenan.

De acuerdo con el portal Animal Político, el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, de la sala 14 del juzgado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, emitió en mayo dos fallos en los que avala que dos personas usen la cocaína con fines recreativos.

Los demandantes pertenecen a la asociación sin fines de lucro México Unido contra la Delincuencia (MUCD), la cual dio detalles a través de un comunicado de cómo avanza el proceso.

En el texto explicaron que las decisiones son separadas y con ellas se ordena a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) «autorizar la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína, excluyendo todo acto de comercio».

De acuerdo con lo que trascendió de uno de los amparos, el juez prohíbe consumirla en lugares públicos y frente a menores de edad, inducir a otros a tomarla y conducir o ir a su centro de trabajo bajo sus efectos. También, limita el consumo a 500 miligramos por día, reseñó BBC Mundo.

Sin embargo, la Cofepris no vio con buenos ojos estos fallos y actuó para bloquearlos.

Por esta razón, las decisiones del juez pasarán a evaluación en un Tribunal Colegiado que tendrá la palabra definitiva.

Es decir, los tres magistrados que conformarán esa instancia decidirán si apoyan, revocan o derivan las decisiones a la Suprema Corte de Justicia.

La MUCD defiende este paso del juez y argumenta que no busca promover el consumo de drogas, pero sí extender la «cultura de la legalidad y el empoderamiento ciudadano para el ejercicio de los derechos».

«Hemos pasado años trabajando por un México más seguro, justo y pacífico», dijo Lisa Sánchez, directora del organismo. «Este caso se trata de insistir en la necesidad de dejar de criminalizar a los usuarios de drogas y diseñar mejores políticas públicas que exploren todas las opciones disponibles, incluida la regulación», añadió, citada por Ismor.bo.