Ecuador: el vicepresidente Jorge Glas a un paso de ser destituido tras 90 días de cárcel

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue detenido el 2 de octubre tras ser acusado de asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht.

Tal como informamos en El Ciudadano, previamente, el 3 de agosto, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno le había retirado sus funciones profundizando la crisis en el oficialismo.

Un sector de Alianza PAIS denuncia que se trata de una persecución política contra uno de los principales aliados del expresidente Rafael Correa. El pasado 4 de octubre, Moreno designó como vicepresidenta encargada a María Alejandra Vicuña. El 13 de diciembre, la Justicia encontró culpable a Glas y lo condenó a 6 años de prisión, informa Nodal.

En esa dirección, mañana se cumplen los 90 días máximos permitidos de ausencia temporal del cargo del vicepresidente, Jorge Glas, según la Constitución de Ecuador. Esto abriría la puerta para su reemplazo definitivo, según analistas, algo con lo que discrepan cercanos al segundo gobernante.

Para el experto constitucionalista Gustavo Medina, exprocurador general de Ecuador, la situación de Glas es “realmente compleja y delicada”, pues si su ausencia provisional del cargo se torna definitiva al superar los tres meses, Moreno “puede ejercer la facultad constitucional de enviar a la Asamblea Nacional una terna” para que se escoja al nuevo segundo gobernante, informa El Diario de Ecuador.

Si la Asamblea no elige de entre esa terna, el primero de la lista resultaría designado como vicepresidente en reemplazo de Glas, que, aparte del proceso en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), afronta un posible juicio político en la Asamblea Nacional.

La documentación para el eventual inicio del proceso está en análisis en la Comisión parlamentaria de Fiscalización, que hoy, a las 10h00, se reúne para conocer la resolución de la Corte Constitucional.

El vicepresidente, que según Medina “está bastante cercado por las circunstancias”, espera la notificación por escrito de la sentencia del tribunal de primera instancia de la CNJ.

Su abogado, Eduardo Franco Loor, se ha quejado por la demora y ha argumentado que el Código Orgánico Integral Penal establece un plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia para notificar por escrito.