Para proteger a la infancia, la juez cuarto de distrito en Yucatán, Miriam de Jesús Cámara Patrón, ordenó la suspensión de las operaciones de una mega granja de 49 mil cerdos en el área de cenotes de Homún, en Yucatán.

Los pobladores habían denunciado que la industria había  reiniciado actividades en días pasados, a pesar que sus permisos se encuentran impugnados ante el Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, la juez admitió el amparo interpuesto, el pasado 28 de septiembre, por abogadas de la organización Equipo Indignación, representantes legales de seis niños, niñas y adolescentes de esa comunidad maya.

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El recurso legal se presentó por los permisos que otorgaron los anteriores titulares del gobierno del estado de Yucatán, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el presidente municipal de Homún, quienes avalaron el funcionamiento de la granja.

Reclamo justo

Los niños y adolescentes reclaman que son violaciones a los derechos al agua, a un medio ambiente sano, al principio precautorio. Así como también constituye a la obligación que tienen las autoridades de hacer efectivo el derecho del interés superior de la infancia y adolescencia, contenidos tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales.

“La operación de la granja porcícola afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”, reconoció la juez Cuarto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán.

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A criterio de la juez federal, de la demanda de amparo, así como de los elementos aportados se desprenden datos estadísticos que generan una presunción de que la granja en cuestión podría poner en peligro la pureza o utilidad del agua en la región, pues es sabido que establecimientos de ese tipo generan un fuerte impacto ambiental, tanto, que existen diversos ordenamientos diseñados para que esto no alcance proporciones catastróficas para los habitantes de alguna región en particular.

Consideró que “existe un interés en la sociedad que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una vida digna, en particular sus pobladores menores de edad”.

Obligaciones de la sentencia

Tras el fallo la empresa propietaria de la granja, Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), queda obligada  a detener toda acción que implique su puesta en marcha y/o funcionamiento,  y  a las autoridades estatales y municipales, en especial al gobernador del estado, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y al presidente municipal de Homún, a implementar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar que la suspensión sea efectiva.

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Por su parte, pobladores del municipio de Homún, clausuraron de forma simbólica la granja de 49 mil cerdos, pues sostienen que su instalación se hizo sin consultar al cabildo del municipio y contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, elaborada por una cirujana dentista y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán (Seduma).

Será el próximo 9 de octubre cuando se realice la audiencia para definir si la suspensión se vuelve definitiva, en tanto se resuelve el amparo presentado por el riesgo que enfrenta la infancia de Homún.

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