Los paracos se cobran la vida de otro líder social en Colombia

Representantes del Movimiento Ríos Vivos informaron este jueves que el líder social Hugo Albeiro George Pérez  fue asesinado por dos hombres armados que se trasladaban en una motocicleta por el nordeste del departamento de Antioquía, Colombia.

De acuerdo con las declaraciones de los activistas sociales, los dos sujetos armados dispararon contra el líder Pérez, de 47 años de edad, quien estaba en una cafetería junto a su sobrino Domar Egidio Zapata George, de 23 años de edad, también asesinado en el lugar.

Se presume que estos asesinatos de los también integrantes de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (Asvam) estarían vinculados a las familias que han expresado su rechazo contra la construcción  del proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidroituango.

“La familia del líder George ha habitado de manera ancestral en la finca Manzanares y son tenedores de buena fe de esta propiedad (…) sobre la manera como estaban haciendo las negociaciones sobre las tierras y estuvo en desacuerdo con los precios y la vía que se construyó entre Puerto Valdivia y la zona de presa”, indicaron en el texto.

Los miembros de la organización social exhortan al Gobierno nacional a investigar los hechos y hacer justicia. Así mismo denuncian que los funcionarios policiales que se apersonaron al lugar de los hechos no ejecutaron los procedimientos correspondientes tales como:  «No aseguraron ni cercaron la escena del crimen», señalaron al insistir que las evidencias pudieron haber sido alteradas.

Igualmente, destacaron que las familias de la zona son víctimas de las inundaciones y destrucción de sus fincas, además de ser afectadas directamente por la construcción del acueducto. Refirieron que ni siquiera han sido reubicadas a otros espacios, a pesar de que se inició el proyecto sin su consentimiento.

También piden a las autoridades activar de forma inmediata diferentes medidas de protección contra el Plan de Prevención y Protección colectivo para su movimiento, debido a las amenazas contra más de 69 activistas sociales y ecológicos en la nación neogranadina.

Asimismo, demandan que las 500 familias afectadas por la inundaciones de los túneles del proyecto sean atendidas, ya que sus peticiones han sido ignoradas por las empresas públicas de Medellín.