México: el Gobierno apuesta por desmovilizar a la población tras el trágico sismo para no ser criticado

Abiertamente, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto pidió a la población del país latinoamericano regresar a la normalidad.

Sin embargo, se trata de una normalidad que a todas luces inexistente: a nueve días del temblor, una veintena de víctimas se encuentra aún bajo los escombros; miles de damnificados carecen de lo más básico (techo, alimentación, vestimenta); las comunicaciones aún funcionan de forma intermitente y el dolor colectivo no cesa, tal como destaca RT en español.

Este trágico panorama en México evidentemente no es desconocido por el mandatario Peña Nieto y su gabinete. Entonces, la pregunta cae por si sola: ¿por qué, si no hay condiciones para la normalidad, al mandatario mexicano le urge tanto que la población vuelva al trabajo, a la escuela, a la cotidianidad?

La respuesta, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con lo que más temor despierta en los políticos: el pueblo organizado. Si bien es cierto que en la emergencia se ha tratado más de un tema de solidaridad que de real organización, pero por algo se empieza y podría ser el germen de una crítica más potente.

Centralizando la ayuda

En la Ciudad de México, la urbe más grande del país y una de las áreas más afectadas por el sismo de magnitud 7,1, pocas veces se pudo ver tanta participación comunitaria en la historia moderna. Y, para los peces gordos de la política y la economía, esta puede ser la chispa que haga arder el descontento social largamente adormilado en un país castigado por la corrupción hace años.

En esa dirección, cinco días bastaron de esa reacción colectiva para que Peña Nieto empezara a pedir a la gente que «dejara atrás el dolor y se enfocara en la reconstrucción». Al mismo tiempo, autoridades (incluidos los militares) comenzaron a apropiarse de las herramientas donadas para los rescates y a ‘centralizar’ la ayuda de la sociedad con la excusa de la «organización».

Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México llamó a su comunidad, no a trabajar por las víctimas, sino a regresar a la vida académica, a pesar de que algunos estudiantes y profesores forman parte de la larga lista de damnificados.

Empresas se sumaron a la campaña pro normalidad y obligaron a sus empleados a trabajar, incluso en inmuebles dañados. Y empezó una campaña de desprestigio contra las redes sociales por los rumores dañinos.

El activismo molesta

Para el 25 de septiembre, la rebeldía seguía en el aire: en las facultades y escuelas de la UNAM, estudiantes votaban por no reanudar las clases y continuar con la ayuda a las víctimas. Pero los pasos para desmovilizar eran claros.

Ejemplo de ello fue el centro de acopio del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde el flujo de donaciones cayó dramáticamente. Para el 28, la autoridad universitaria ya lo había desmantelado.

Peña Nieto no solo erró en la atención de la crisis, también en calcular la masiva solidaridad y el resentimiento social que se ha gestado en décadas de abusos. Por eso, el pueblo que actúa al margen del Gobierno se convierte en asunto de seguridad nacional.

Finalmente, mientras crece la exigencia popular para que los responsables de esta tragedia paguen, los políticos peligran.