Denuncian que el gobierno mexicano quiere cerrar el caso de los 43 de Ayotzinapa

Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014, señalaron que las investigaciones oficiales sobre el caso se encuentran detenidas y que las autoridades desacreditan a los organismos internacionales que documentan sus fallas.

Durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes legales de las víctimas y de sus familiares advirtieron que hay diversas señales de que el gobierno del país pretende cerrar las investigaciones sobre el caso, de cara a la probable alternancia en el partido en la Presidencia de la República.

Familiares de las víctimas de Ayotzinapa continúan con sus denuncias

Una de ellas, indicaron, es la descalificación del gobierno del país al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, a quien acusó de emitir un informe sobre las denuncias de tortura de personas acusadas por el caso Iguala sin que esos señalamientos fueron todavía concluyentes.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, consideró “lamentable” que el Estado –en un acto sin precedentes—haya acusado a Jarab de exceder su mandato, por documentar que al menos 34 personas fueron torturadas para obligarlas a autoinculparse o incriminar a otras en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

De igual manera, destacó que el gobierno del país no ha investigado lo suficiente los mensajes interceptados por el gobierno de Estados Unidos, según los cuales un grupo de la delincuencia organizada coordinó desde la Unión Americana el ataque contra los normalistas el 26 de septiembre de 2014.

¿Quieren encubrir?

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, se preguntó si la falta de investigación de este tema implica un intento de encubrir a los delincuentes, tomando en cuenta que los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno llegan a los niveles más altos, incluido el Ejército y la Policía Federal.

Una de las intervenciones que más llamó la atención en la audiencia celebrada en República Dominicana fue la de Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, quien reclamó fuertemente a los representantes del Estado la falta de resultados en la búsqueda de las víctimas.

De pie y en voz alta, Navarrete acusó al gobierno mexicano de haber “violado y pisoteado el derecho de nuestros jóvenes a ser buscados. Su ‘verdad histórica’ está convertida en cenizas. Señores, ¿qué esperan para enderezar el camino?”, cuestionó.

En respuesta a las críticas, el fiscal especial del caso de los normalistas de Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, afirmó que las búsquedas de los 43 “jamás se han detenido”, y puso como ejemplo que hasta ahora se han realizado más de 800 acciones en este sentido, en unos 360 lugares, muchos de ellos sugeridos por especialistas internacionales.

De igual manera, indicó que se en días recientes se ha consignado a 31 personas más por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43, y afirmó que se ha tratado de “sensibilizar” a los detenidos para que den información valiosa sobre el tema, pero muchos de ellos “se han mostrado reacios por temor a que algo les ocurra” o se han quejado “sin razón” de que se les presiona para declarar en un sentido u otro.

Por su parte, los comisionados Luis Ernesto Vargas, Flávia Piovesan y Edison Lanza manifestaron su preocupación por las descalificaciones al trabajo de Jan Jarab y solicitaron información sobre el caso de espionaje a los representantes de los 43 mediante el programa cibernético Pegasus.