La corrupión es una de las principales causas de la pobreza que afecta a más del 60 % de los 8,7 millones de hondureños

OEA rechaza deseo del Congreso hondureño de reducir penas por corrupción

El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez, expresó hoy su rechazo a la pretensión del Parlamento del país de reducir las penas por el delito de corrupción

Por Jose Robredo

14/08/2017

Publicado en

Latinoamérica

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El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez, expresó hoy su rechazo a la pretensión del Parlamento del país de reducir las penas por el delito de corrupción.

«Ya de regreso en Honduras informo que alertaremos sobre problemas de reducción de penas de delitos de corrupción. Mala señal para el país», indicó Jiménez en un mensaje a través de Twitter.

El vocero de la MACCIH, equipo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), reaccionó sobre el tema luego de que en los últimos días trascendió que en una reconsideración de acta, el Parlamento hondureño, que actualmente discute el nuevo Código Procesal Penal, ha modificado las penas contra la corrupción.

La decisión del Parlamento también ha provocado reacciones en contra por parte de la oposición política, porque considera que se quiere favorecer a los corruptos.

Jiménez dijo en otro mensaje que la MACCIH planteó «al Congreso mejor redacción de delitos de corrupción y ampliar penas» y que con lo que se ha hecho «se contraría dirección anticorrupción».

En otro Twitter, el vocero de la MACCIH señaló que «la corrupción es un problema que afecta a todos pero más a los pobres. La población debe debatir si reducir penas va en la dirección correcta».

La MACCIH se instaló en Honduras en abril de 2016 tras un acuerdo entre el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández y la OEA para frenar y castigar la corrupción en el país centroamericano.

La corrupción en Honduras, un flagelo de vieja data, es una de las principales causas de la pobreza que afecta a más del 60 % de los 8,7 millones de hondureños, según diversas fuentes.

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