De qué se trata la polémica nueva Ley de Seguridad Interior de México

Este 21 de diciembre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la controvertida Ley de Seguridad Interior sin tener en cuenta la férrea oposición de organizaciones de defensa de derechos humanos dentro y fuera de ese país latinoamericano.

El mandatario mexicano siguió adelante con la tramitación de esa normativa, aunque aseguró que la última palabra sobre su constitucionalidad la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destaca RT en español.

«Especialmente sensible»

Peña Nieto aseguró que «soy consciente de que este ordenamiento» es «especialmente sensible para la vida pública» de México, «por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad».

El texto íntegro de la ley fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación mientras que el instrumento que dará cobertura legal a la actuación de las Fuerzas Armadas y entrará en vigor este viernes se rubricó a puerta cerrada.

Aunque falta el veredicto del máximo tribunal, EPN aseguró que no «dejará de haber una intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan».

Dudas sobre su constitucionalidad

Ante las dudas sobre su constitucionalidad, en vez de promulgar esa ley «lo responsable» habría sido someter las observaciones «al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución», aseguran miembros del colectivo Seguridad sin Guerra.

Esa organización estima que «hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho» a pesar de tener «un Gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones».

Por su parte, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, envió una carta a Enrique Peña Nieto para que atienda las demandas de la sociedad civil y vete esa ley porque «se está optando por un modelo ajeno a la seguridad ciudadana».