Tribunal de Ecuador da un paso más en la guerra jurídica contra Correa y le ratifica prisión preventiva

El exmandatario ha denunciado constantemente que se trata de un ensañamiento en su contra, ya que esta es la causa número 26 que le abren sin tener los sustentos

Agencia Sputnik.- Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la prisión preventiva dictada contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y varios de sus ex altos funcionarios, en el caso que investiga presuntos aportes irregulares a la campaña de su movimiento político entre 2012 y 2016.

La decisión se dio por unanimidad de los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, que integraron el Tribunal.

Las defensas de los procesados habían solicitado la revocación de la prisión preventiva, argumentando que no se cumplieron los requisitos necesarios para dictarla, y proponiendo otras medidas como la presentación periódica ante la autoridad.

Durante la audiencia del jueves, el fiscal subrogante Wilson Toainga argumentó que la solicitud de detención preventiva por parte de la fiscalía y la aceptación de la medida por parte de la jueza que lleva el caso cumplen con los parámetros de «convencionalidad, constitucionalidad y legalidad».

Toainga afirmó que la fiscalía no responde a cuestiones políticas y que su trabajo es absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la ley, respondiendo así a los argumentos de varios de los procesados, que argumentaron que la medida es exagerada y obedece a represalias políticas.

En el caso conocido como «Sobornos 2012-2016», en el que la Fiscalía General investiga presuntos aportes realizados por contratistas del Estado a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del movimiento político de Correa, están procesados el expresidente, su exvicepresidente, Jorge Glas (actualmente en prisión), el exsecretario jurídico Alexis Mera, otros altos exfuncionarios del Gobierno de Correa y directivos de empresas privadas.

Los procesados son acusados de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Una de las evidencias contra los acusados fue aportada por la exasesora de Correa, Pamela Martínez, quien dijo en una audiencia realizada en agosto pasado que recibió y entregó dinero en efectivo de parte de empresas que aportaron recursos para Alianza País (que en ese entonces era el movimiento político de Correa) y que él conocía de esos aportes.

El expresidente, que reside en Bélgica, rechazó esas acusaciones y aseguró que hay una persecución política en su contra y de sus exfuncionarios.

La audiencia preparatoria del juicio a las 24 personas investigadas en el caso se reinstalará el 11 de noviembre.

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