Tribunal de Paz asegura que no acoge a narcos como exguerrilleros

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia aseguró que no admite a infiltrados en la lista de excombatientes con beneficios de justicia, esto en respuesta al Gobierno colombiano que los acusa de acoger a seis narcotraficantes.

«A la fecha, la JEP ha recibido 58 solicitudes de garantía de no extradición, 43 han sido rechazadas, siete avocadas y ocho están en estudio preliminar», señaló la JEP en un comunicado.

En los 43 casos, los solicitantes no estaban acreditados como integrantes de las FARC, después de revisar los listados remitidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de revisar las personas excluidas por la misma, ni sobre ellos pesa acusación o condena por conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las FARC.

Uno de los beneficios judiciales es la garantía de no extradición. Foto: Web

Denuncian guerra sucia

La Oficina del Alto Comisionado de Paz difundió más temprano una carta firmada por el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, dirigida al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y al alto comisionado, Miguel Ceballos, asegurando que Washington conocía los casos de ocho presuntos narcotraficantes que intentaban hacerse pasar por exguerrilleros.

«En muchos casos, hubo evidencia de que estos individuos sobornaron a comandantes de las FARC para ingresar en las listas de sus filas», dice la carta de Whitaker, fechada en octubre, pero divulgada el 22 de abril.

La misiva también asegura que hay pruebas de que «abogados colombianos cobraron millonarias sumas de dinero para preparar documentación falsa certificando a un narcotraficante como miembro de las FARC».

El expresidente colombiano Juan Manuel Santo firmó el acuerdo de Paz en La Habana, Cuba. Foto: Agencias

En este sentido, Ceballos reveló que retiró a seis supuestos narcos que se habían colado en las listas de beneficiarios de la desmovilización de las FARC entregadas por la extinta guerrilla.

Alo menos 7.000 integrantes de las FARC alzados en armas se desmovilizaron a mediados de 2017 para hacer parte de programas de reincorporación a la vida civil diseñados y orientados por el Estado.

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