Argentina

Último momento: imputaron al presidente Macri por el escándalo de Panamá Papers

El fiscal federal Federico Delgado impulsó la acción penal contra el presidente argentino Mauricio macri por presunta "omisión maliciosa" en su Declaración Jurada a raíz de la revelación de que participó en dos empresas offshore en Panamá y las islas Bahamas. La resolución quedó ahora en manos del juez Sebastián Casanello. Conoce todos los detalles a continuación.

Por El Ciudadano Argentina

07/04/2016

Publicado en

Argentina / Latinoamérica

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Como parte de la filtración internacional conocida como Panama Papers, en la que intervinieron más de 300 periodistas de todo el mundo, se conoció que Macri era vicepresidente de la empresa Fleg Trading, cuyo presidente era su padre Franco Macri. Al responder sobre los hechos, Macri dijo que «desconocía el asunto» y que era «todo legal».

Además, desde el Gobierno se mostró parte de la declaración jurada a la AFIP de Franco Macri, pero los documentos no probaron que el Presidente no fuera accionista, que no existieron operaciones a través de esa empresa, que no tenía una cuenta asociada ni tampoco que haya sido cerrada, sostiene el diario Página/12.

La segunda empresa de la que Macri participó (o participa) es Kagemusha, radicada en Panamá. En este caso, el mandatario también figura como vicepresidente, según consta en el Registro Público de Panamá. Sobre esta segunda compañía el Gobierno no ofreció ninguna explicación.

Así entonces, el fiscal Delgado consideró que hay elementos como para dar curso a la demanda judicial, luego de una denuncia realizada por el diputado nacional Darío Norman Martínez, perteneciente al Frente Para la Victoria (FpV).

Para el fiscal es necesario determinar si la «vida social de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones públicas sobre ello. Pero aún así, el trabajo judicial es determinarlo», señala El Destape.

Por último, la fiscalía recomienda requerir «una opinión consultiva a la Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la ley de ética pública».

¿Podrá Macri revertir este revés en su imagen «anti corrupción» en la que tanto insistió durante su campaña?

Macri preocupado

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