Así es el plan de EE. UU. y la oposición venezolana para robarse Citgo
La empresa canadiense Crystallex está más cerca de su objetivo de tomar acciones de Citgo para “compensarse” por la estatización de la mina Las Cristinas, y para ello cuenta con la complicidad de tribunales estadounidenses
Una de las principales causas conflicto político de Venezuela es la lucha por el control de los recursos energéticos de esta nación, y una de las piezas claves dentro del tablero es Citgo, la corporación petrolera venezolana con sede en Estados Unidos (EE. UU.) que refina cruco y comercializa combustible, lubricantes y petroquímicos.
La mayor filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y uno de los principales activos del país caribeño en el exterior, cuyo valor supera los 10.000 millones de dólares, se encuentra en grave riesgo de ser embargado.
Esto se debe a que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el lunes 30 de julio que la minera canadiense Crystallex pueda cobrar activos de Citgo para resarcir una indemnización por un monto de 1.200 millones de dólares.
El tribunal secundó la decisión que tomó en agosto de 2018 una corte federal que autorizó a la minera a confiscar acciones de la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en territorio norteamericano.
El litigio del Estado venezolano con Crystallex comenzó a finales de 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) anunció su nacionalización y suspendió licencias para la exploración de oro y otros minerales.
En 2011, el Gobierno le retiró a la minera la licencia que el propio presidente Chávez había aprobado en 2002 para explotar la mina Las Cristinas, uno de los yacimientos de oro más grandes del país caribeño.
En ese momento, el Ejecutivo determinó que la empresa canadiense operaba de forma ventajosa contra los intereses venezolanos.
También en 2011, la minera canadiense introdujo una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, por la expropiación de la concesión de la mina de oro las Cristianas, ubicada en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.
En 2016, el CIADI dictaminó que Venezuela debía pagarle a la compañía minera 1.202 millones de dólares que la canadiense ha intentando cobrar en varios tribunales estadounidenses.
Incluso, en enero de 2018 una corte estadounidense sentenció que la demanda de la compañía minera “falló en establecer el reclamo” porque se dirigió contra Venezuela y no directamente contra la petrolera estatal PDVSA. En los tribunales internacionales, las naciones soberanas y las empresas estatales generalmente se consideran entidades legales separadas.
El nuevo fallo judicial aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana pierda el control de un activo externo valioso, en medio de la crisis económica y política del país.
Crystallex está más cerca de su objetivo de tomar acciones de Citgo para “compensarse” por la estatización de la mina Las Cristinas y para ello cuenta con la complicidad de la oposición venezolana y los tribunales estadounidenses.
¿Por qué Citgo?
Citgo tiene su sede en Houston, Texas, y cuenta con tres refinerías de crudo operativas en Luisiana, Illinois y Texas, que procesan en conjunto un promedio de 750.000 barriles por día para surtir a la costa oeste norteamericana.
Además, posee 6.000 estaciones de servicio abanderadas con su marca y unas 48 terminales de almacenamiento y distribución.
La corporación es la octava refinería más grande en suelo estadounidense y cubre el 4 % de la demanda de combustible del país. Solo en 2015 suministró quince mil millones de galones de gasolina.
Adicionalmente, mercadea directamente con las aerolíneas en los principales aeropuertos: Chicago, New York, Dallas/ Forth Worth, Miami y Atlanta. Sin embargo, está empresa está comprometida como aval para el pago de compromisos financieros.
El 51 % del valor accionario de Citgo fue puesto como garantía para una emisión del bono 2020 de su casa matriz, PDVSA, por 2.500 millones de dólares, mientras el resto de las acciones fueron hipotecadas a la empresa rusa Rosneft por 1.500 millones de dólares.
Batalla por el control de Citgo
En su afán de asfixiar la economía y desestabilizar a la nación suramericana para poder derrocar a su presidente legítimo, Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump decidió perpetrar un golpe a la principal fuente de ingresos: PDVSA.
Washington impuso sanciones a Citgo para confiscar sus activos en suelo norteamericano y utilizar la empresa venezolana como botín de guerra.
Las sanciones impuestas a principios de año bloquean 7.000 millones de dólares en bienes de Venezuela y 11.000 millones de dólares en exportaciones petroleras durante el transcurso de 2019.
Asimismo, establecen que Citgo podrá operar siempre y cuando deposite sus ganancias en una cuenta que no está a disposición del Ejecutivo venezolano, sino del autoproclamado “presidente interino” y ficha política de Trump, Juan Guaidó.
Además, en una violación a la constitución y las leyes venezolanas, el supuesto “presidente encargado nombró una directiva de Citgo, para el que se encargue del “control progresivo y ordenado de los activos en el exterior”.
Por otra parte, su “embajador” ante EE. UU., Carlos Vecchio, tiene la tarea de cumplir con las órdenes de Trump y asegurarse que la corporación petrolera venezolana esté en manos norteamericanas.
Desfalco a Citgo
La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en desacato aprobó a principios de mayo la autorización de pago de los intereses devengados en favor de los tenedores del bono Pdvsa 2020.
Posteriormente, la Junta Directiva de Citgo designada ilegalmente por Guaidó, con el apoyo de EE. UU. realizó el pago de la cuota de interés por 71,6 millones de dólares, usando cuentas por cobrar en el extranjero de PDVSA.
El pago estaba vencido desde el 27 de abril, y se realizó antes que culminara el período de gracia que estaba fijado para el 27 de mayo, con el supuesto objetivo de proteger a Citgo de los acreedores.
“Con las condiciones contractuales del bono, si PDVSA no paga esos intereses, los acreedores podrían tomar control sobre Citgo Holding”, indicó en esa oportunidad José Hernández, el procurador especial nombrado ilegalmente por Guaidó.
Sin embargo, el verdadero fin del autoproclamado y sus colaboradores era tomar ventaja de esta situación y apoderarse de recursos económicos de Citgo.
El Gobierno constitucional y legítimo de Venezuela responsabilizó Vecchio de robar millones de dólares al alterar la contabilidad de la petrolera Citgo.
“Es probable que el Departamento de Justicia de EE. UU. abra una averiguación ad hoc a la junta directiva espuria que Guaidó nombró en la empresa Citgo, porque alteraron la contabilidad para excederse en 70 millones de dólares en el pago de los intereses de un supuesto bono 2020”, denunció a mediados de junio el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Esa denuncia se unió a la malversación de fondos en la que estarían implicados colaboradores cercanos a Guaidó. Al parecer, dichos fondos están relacionados con un dinero destinado a la manutención de algunos militares que desertaron del Gobierno de Maduro y se refugiaron en Colombia en febrero pasado.
Venezuela acudirá a la ONU
Este miércoles, Caracas denunció que la decisión del tribunal de apelaciones que autoriza a la minera canadiense Crystallex a hacerse de las acciones de la red venezolana de refinerías Citgo para cobrar una deuda de 1.200 millones de dólares es una estafa internacional contra Venezuela.
“Denunciamos ante el mundo que es una operación de crimen organizado internacional para robarse los recursos de Venezuela, una gran estafa mundial, y el Estado venezolano seguirá ejerciendo las acciones que le competen en todas las instancias internacionales”, dijo la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez.
Rodríguez anunció que Venezuela acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la estafa internacional.
“Denunciaremos también ante la ONU, porque se están lesionando resoluciones de la Asamblea General. Vamos a ir a todas las instancias internacionales a defender los derechos legítimos del pueblo venezolano”, explicó.
La Vicepresidenta responsabilizó al diputado opositor Juan Guaidó de estar al frente de una acción de crimen organizado para el despojo de PDVSA, específicamente de Citgo, en asociación con el Gobierno norteamericano.
Informó además que el Gobierno venezolano tiene en sus manos las pruebas sobre el robo planificado por parte de la organización de ultraderecha Voluntad Popular para despojar a Venezuela de los activos de PDVSA.
Se trata de un chat telefónico en el que estarían incluidos los hombres de confianza de Guaidó, José Hernández y Carlos Vecchio, quienes en conjunto con un grupo de colaboradores planificaron el robo.
“Se llama el grupo despacho, desde allí empieza la planificación para apropiarse de los recursos de todos los venezolanos. Se dan credenciales (…) Ustedes conocen a detalle cómo ellos se robaron la supuesta ayuda humanitaria para Venezuela, donde hay ya juicios en Colombia a solicitud de la Fiscalía, pero en realidad, ese dinero de la supuesta ayuda humanitaria era la chuchería para pagar las prostitutas que ya conocemos su historia con algunos diputados de la Asamblea Nacional, en Cúcuta”, expresó Rodríguez.
“Crystallex nunca tuvo derechos mineros, nunca tuvo títulos legítimos ni propiedad sobre la mina Las Cristinas, una de las minas de oro más grande de nuestro continente”, advirtió la Vicepresidenta, y subrayó que “la verdadera gran operación se da en este chat, donde se está organizando ya cómo ir contra los activos de PDVSA en el Caribe, en Estados Unidos, en Colombia. En la apropiación incluyen el oro venezolano y también la deuda venezolana”.
Otro hecho que causó conmoción es que José Ignacio Hernández González, el «procurador especial en el exterior” designado por el autoproclamado Juan Guaidó, actuó como «experto pagado» por la empresa canadiense Crystallex para que, como abogado constitucional, demostrara la relación de Venezuela y Citgo, con el fin de exigir que sus activos le fueran entregados a la compañía minera por la demanda «ganada» en el CIADI.
Lo cierto del caso es que una vez más queda demostrado que el “autoproclamado” Guaidó sirve a los intereses de Washington, sin importar los daños que puede causar al pueblo venezolano.
El fallo nuevo fallo en contra de Citgo, que puede ser apelado o puede ser incluso bloqueado por la administración de Donald Trump, liquidaría la capacidad de Venezuela de refinar crudo y obtener recursos por la venta de los combustibles resultantes.
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