La tragedia inició el pasado 28 de abril y ya completa 38 días

Asociación colombiana pide declarar emergencia económica, ecológica y social por Hidroituango

Un "estado de excepción" permitiría atender de forma integral y efectiva esta lamentable situación que impacta a más de 130.000 personas de 17 municipios de los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar

Por Luis Yañez

06/06/2018

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Luego de 38 días desde el inicio de la emergencia por fallas estructurales en la represa de Hidroituango -al occidente de Colombia, en el departamento de Antioquia- la Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) pidió al gobierno «se declare la emergencia económica, ecológica y social», argumentando que mediante ese mecanismo se podría atender de forma integral la tragedia humanitaria.

La ACSP se pronunció respecto al tema, tomando en consideración que la emergencia que impacta a más de 130 mil personas de 17 municipios de los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar.

Comunicado oficial de la Asociación

La Asociación Colombiana de Salud Pública, en su búsqueda por impactar de forma eficaz en las condiciones de vida y el bienestar de la población colombiana, respecto a la emergencia de Hidroituango, que inició el pasado 28 de abril y que ya completa 38 días, se permite comunicar a la opinión pública nacional e internacional que:

Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional a declarar la emergencia económica, ecológica y social contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política, estado de excepción que permitiría atender de forma integral y efectiva la tragedia humanitaria que impacta a más de 130.000 personas de 17 municipios de los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar, y cuyas repercusiones en el abastecimiento de alimentos, el transporte y la producción son nacionales.

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, en conjunto con la Fuerza Pública: Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, y la respuesta financiera de EPM (Empresas Públicas de Medellín), la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, deben enfocar sus esfuerzos a mejorar la atención de la población en los albergues, quienes denuncian condiciones de hacinamiento, escasa y mala alimentación y deficiente atención en salud, especialmente dirigida a niños y niñas, jóvenes, mujeres en estado de gestación y personas mayores, quienes están presentando cuadros preocupantes de enfermedades evitables y trastornos psicológicos producto de la emergencia, la incertidumbre y la angustia por lo que pueda ocurrir.

Convocamos a los-as expertos en salud pública y demás profesionales de las ciencias de la salud de todo el país a sumarse a estos esfuerzos. El bienestar de esta población directamente afectada debe ser la prioridad de todos los actores públicos y privados en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, por ello resolver su derecho constitucional a la vivienda digna y a la reconstrucción de sus proyectos de vida, demanda un plan de acción articulado que ya debe estar en marcha.

Hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación Departamental y Municipales de los municipios de mayor afectación de la emergencia: Puerto Valdivia, Ituango, Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá y Briceño, a emprender con celeridad un plan de contingencia, dirigido a los 27.940 niños y niñas desescolarizados a la fecha, como efecto desafortunado de la emergencia.

Invitamos a los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales a dar una cobertura constante, a informar de manera veraz e imparcial, con la responsabilidad social que los asiste, e igualmente conminamos a EPM, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Gobierno nacional a suministrar información clara, cierta y oportuna sobre la emergencia de hidrotuango y sus implicaciones.

Alentamos el trabajo que adelantan los organismos de control, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, así como la Defensoría del Pueblo, para evaluar las razones por las cuales el país enfrenta esta tragedia, comprender el curso de acción, las posibles omisiones y desatenciones, las responsabilidades compartidas y los hechos que envuelven el asesinato de los líderes Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, pobladores de Puerto Valdivia y opositores al proyecto Hidroituango, se esclarezcan las 63 amenazas en contra del Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, de modo que evitemos que este tipo de hechos nos vuelvan a ocurrir.

Finalmente, en el Día Mundial del Medio Ambiente, queremos llamar la atención sobre la importancia que tiene el cuidado y la preservación de la naturaleza, el respeto que le debemos a sus ciclos naturales, la inconveniencia de desviar ríos y construir proyectos sobre fallas geológicas, la necesidad imperiosa de escuchar a los expertos así como a los líderes-esas sociales que representan la voz de las comunidades directamente impactadas por eventuales decisiones que los deben hacer partícipes, la responsabilidad que atañe a la academia en la formación integral de profesionales, técnicos y tecnólogos dotados de idoneidad, conocimiento, pero sobre todo ética respecto a las decisiones y tareas que se les encomiendan.

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