Proponen 10 años de cárcel por difundir material penal en Puebla

El legislador del PT, Antonio López, sugirió multar hasta con 190 mil pesos a los responsables de obstruir el proceso de la justicia

Con la intención de respetar el debido proceso, el Congreso de Puebla buscará que sea ilegal compartir material gráfico y audiovisual en redes sociales o medios de comunicación relacionado con la comisión de algún delito o investigación penal.

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Según la propuesta del diputado local petista, Antonio López Ruiz, los responsables serán castigados con cuatro a 10 años de cárcel y una multa superior a los 190 mil pesos.

El legislador presentó una iniciativa para reformar las fracciones XXXIX y XL del Artículo 421 y el artículo 424 y adiciona la fracción XLI al Artículo 421 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Con esto, será considerado como obstrucción de la justicia el fotografiar, filmar, videograbar, reproducir, difundir, publicar, exponer o comercializar material gráfico relacionado con alguna investigación.

De acuerdo con el dictamen, es necesario crear más mecanismos para garantizar el principio de presunción de inocencia, y responder “al reclamo social de mantener el equilibrio entre el respeto de los derechos de los individuos que enfrentan un proceso penal y la eficacia del sistema penal”.

También se explica que, a pesar de la comisión de un delito, se debe velar por la defensa del presunto responsable y la protección a las víctimas, lo que incluye proteger sus datos personales (nombres, edades, identificaciones), identidad e intimidad.

Al explicar su iniciativa, señaló que en el país se han registrado hechos lamentables que atentan contra la dignidad de las personas, como el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, cuando en redes sociales y medios de comunicación se compartieron diversas fotografías y videos de su cuerpo tras el crimen.

López Ruiz dio un ejemplo ficticio, sobre un robo a casa-habitación, en donde la difusión del material audiovisual por personas ajenas a las víctimas, a pesar de que los afectados contaran con un video para identificar a los responsables, provocó la liberación de presuntos culpables al violar el debido proceso.  

“Imaginen que, con eso, en una labor policial dan con quienes entraron a la vivienda, los detienen, los presentan ante el Ministerio Público y posteriormente ante un juez; pero que por alguna circunstancia alguien filtró información y subió el rostro de las personas a redes sociales, apareció en algún medio digital y hasta hubo reportajes en televisión de las pruebas (…) y los responsables son absueltos porque no se respetó el debido proceso”

Antonio López Ruiz
Diputado local petista

¿Qué es lo que propone el diputado?

El diputado local petista, Antonio López Ruiz propuso que las personas que cometan actos que afecten la procuración y administración de justicia sean sancionados con cuatro y hasta 10 años de prisión.

También con una multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de la comisión del delito, es decir, de 96 mil 220 pesos a 192 mil 440 pesos.

Esto aplicará a las personas que “en el ejercicio de sus funciones, por cualquier medio y fuera de los supuestos previstos por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, fotografía, audio o video, relacionado con una investigación penal”, con la reforma al Artículo 421 del Código Penal del Estado.

Además, el castigo aumentará en una tercera parte, si la imagen, fotografía, audio o video que se difunda sea de mujeres, niñas, niños o adolescentes o de personas con discapacidad, según la modificación al Artículo 424.

Con esto, el responsable podría recibir una pena de cinco años y seis meses a 13 años y cuatro meses de prisión y multa de mil 333 y hasta 2 mil 666 UMAS, es decir, de 128 mil 261 pesos como mínimo y 256 mil 523 pesos como máximo.

Portada: Iván Rojas

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