Arrestaron en Australia presunta terrorista de las fresas

Este domingo fue arrestada una mujer de 50 años de edad por ser presuntamente la causante de contaminar las fresas con agujas en Queensland, Australia, que provocó una crisis en todo el país, según las autoridades del país.

La Policía local a través de un comunicado anunció que se espera que la mujer comparezca ante el tribunal el próximo 12 de noviembre.

Los funcionario comenzaron a investigar el caso a mediados de septiembre, cuando un residente de Queensland de 21 años se tragó una aguja que estaba dentro de una fresa y resultase hospitalizado con dolor agudo de estómago.

Posteriormente, los casos de la inserción de agujas dentro de fresas empezaron a incrementarse en todo el país y al menos seis productores australianos de la industria fresera retiraron su mercancía de la venta como medida de prevención.

Adrian Schultz, vicepresidente de la Asociación de Productores de Fresas de Queensland indicó que este acto único de «terrorismo comercial» puso de rodillas a una industria multimillonaria y prendió las alarmas en la sociedad por la contaminación de alimentos.

Hace dos meses, el mandatario australiano Scott Morrison, solicitó a los cuerpos de seguridad de la nación equiparar las condenas de cárcel por contaminación de comida con las que sancionan la financiación del terrorismo, a raíz de la crisis desatada por el sabotaje con agujas insertadas en las fresas.

«Quien comete un delito por falsificación o robo de propiedad del Estado tiene diez años (de prisión). Quince es la condena por tenencia de pornografía infantil o financiación del terrorismo», expresó Morrison en una rueda de prensa.

El Ejecutivo australiano también pidió ampliar la definición de sabotaje, que normalmente se refiere a las infraestructuras nacionales, para incluir a los alimentos de consumo humano y que afectará a los actos de gran escala que dañen la «seguridad nacional». El primer ministro ha anunciado que se creará un nuevo delito por «imprudencia» que se sancionará con un máximo de 10 años de cárcel y en el que no se necesitará demostrar un motivo.

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