El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informará en los próximos días sobre los presuntos vínculos del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención “N”, con el crimen organizado, luego de que un juez federal le dictara prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes, durante su conferencia matutina, que la Fiscalía General de la República atrajo el caso a petición del Ejecutivo, y será el fiscal quien detallará las pruebas que involucran al edil con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El fiscal tiene que informar cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial del presidente municipal”, expresó Sheinbaum, quien también señaló que el edil fue reelecto para un nuevo periodo y ya llevaba años al frente del gobierno municipal.
El caso está relacionado con el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, el cual, según la FGR, operaba como un campo de adiestramiento del CJNG y donde se presume existían fosas clandestinas. Durante la audiencia inicial, la fiscalía presentó testimonios de víctimas que habrían sido reclutadas a la fuerza y llevadas al predio. Declaraciones indican que el alcalde tenía conocimiento e incluso participaba en las actividades ilícitas del lugar, y que recibía presuntamente pagos mensuales de 70 mil pesos por colaborar con la organización criminal.
Uno de los testimonios lo vincula directamente con José Gregorio Lastra, alias El Comandante Lastra, reclutador del CJNG detenido en marzo pasado, así como con otros miembros del grupo delictivo.
José Ascención “N” fue detenido el sábado 3 de mayo por autoridades federales, y tras una audiencia de 10 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, el juez dictó prisión preventiva oficiosa mientras se determina su situación legal.
Por otro lado, Sheinbaum reveló que recibió una carta de una madre buscadora relacionada con el caso del Rancho Izaguirre, y anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coordinará acciones para atender las peticiones de las familias. También se contempla una posible llamada entre el fiscal Gertz Manero y las madres buscadoras, acompañadas por la fiscal de víctimas Irene Herrerías.
La continuación de la audiencia fue programada para el próximo viernes, luego de que la defensa del alcalde solicitara el plazo constitucional de 144 horas para presentar pruebas.
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