Brasil: comienza juicio clave que podría terminar con la presidencia de Michel Temer

Este martes se reabre otro frente en la Justicia para el presidente de Brasil, Michel Temer, el que podría costarle su cargo. En este caso se trata de la Justicia Electoral y podría llevar a anular su mandato por supuestas irregularidades en la campaña de las elecciones de 2014, a las que acudió como candidato a la Vicepresidencia junto a Dilma Rousseff.

Así entonces, y tras haber sido suspendido el pasado 4 de abril, el Tribunal Superior Electoral retomará el proceso contra la fórmula Rousseff-Temer por supuesta financiación ilegal de la campaña. Los siete magistrados que componen ese órgano deben pronunciarse sobre las denuncias que sostienen que la campaña fue financiada con recursos no declarados de empresas como la constructora Odebrecht, una de las protagonistas de la trama de desvíos orquestada alrededor de la petrolera estatal Petrobras, y que ha sacudido no solo al gigante sudamericano, sino también a toda la región.

En caso de que los magistrados concluyan que la campaña fue financiada con recursos ilegales, el tribunal puede declarar inválida la victoria electoral y despojar de su mandato a Temer. Sin embargo, el presidente no hizo referencias al tema y quiso mostrar una aparente tranquilidad y normalidad.

En un acto con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que tuvo lugar este lunes en Brasilia, el mandatario enfatizó que Brasil “salió” de su recesión histórica en el primer trimestre del año gracias a sus reformas promercado, las cuales han levantado el temor y enojo de gran parte de la población, tal como se ha visto en la última huelga general del mes de mayo.

“Este gobierno consiguió hacer muchas cosas en sólo un año”, remarcó, escudado por importantes figuras políticas como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; el jefe del Gobierno, Eliseu Padilha; y el canciller Aloysio Nunes. Según diferentes analistas, esa buscada sensación de normalidad y de avance de la agenda política podría ser apenas la calma que antecede a la tormenta.

En la previa al juicio, otro dolor de cabeza para Temer

Además de tener que vérselas con el Tribunal Electoral, Temer recibió durante este lunes el escrito del interrogatorio de la Policía Federal en el marco de la investigación que la Corte Suprema abrió contra él por sospechas de corrupción. Una de las amenazas principales para la continuidad de su Gobierno, tal como confirmaron a la agencia EFE fuentes cercanas a la Presidencia.

El por ahora mandatario brasileño tiene un plazo de 24 horas para responder por escrito las 84 preguntas que le ha formulado la policía sobre la sospecha de que pudo haber incurrido en los delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.

No obstante, el gobernante no está obligado a responder al interrogatorio policial, que se basa en los testimonios ante la Justicia de varios ejecutivos del grupo JBS dentro de un acuerdo de colaboración. En esas declaraciones a la Justicia, varios ejecutivos del grupo JBS acusaron al jefe de Estado brasileño de recibir coimas desde 2010 y aportaron una explosiva grabación, en la que el mandatario escucha en silencio o consiente posibles delitos.

El caso está centrado sobre todo en ese audio grabado por Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, en una reunión que tuvo con Temer en su residencia oficial -algo que el propio mandatario reconoce-, pero niega que lo tratado en ese encuentro pueda incriminarlo en algún hecho ilícito.

Desde que se desató el escándalo, Temer ha perdido el apoyo de varios partidos en la Cámara de Diputados y tanto la oposición como algunos legisladores de su base oficial han exigido su renuncia inmediata, lo que ha amenazado la continuidad del Gobierno y la aprobación de importantes reformas económicas. Temer ha dicho una y otra vez que no dimitirá y que probará su inocencia.

Según la Constitución, si Temer renuncia o es destituido, el Congreso deberá realizar una elección indirecta para escoger a la persona que completará el período iniciado por Dilma Rousseff en 2015, el cual concluye el 1 de enero de 2019. Ahora bien, pese a la letra fría de la ley, el pueblo ha sido bastante claro en su reclamo de elecciones directas si eso sucediera, por lo que el panorama social e institucional sigue siendo imprevisible en Brasil.