Francisco Marín Castro

El presidente Sebastián Piñera Echeñique avanza a toda velocidad con su “agenda de seguridad y paz social” que, en los hechos, pretende convertir a Chile en un estado policial.

Anunciada el 7 de noviembre, veinte días después del estallido social del 18 de octubre, esta agenda considera once medidas, de las cuales se han cumplido el 77%, según se ha jactado el Gobierno en su web oficial.

Entre ellas, destaca la promoción de leyes “antisaqueos”, “antibarricadas” y “antiencapuchados” -ya aprobadas por el Congreso Nacional, nominalmente dominado por la oposición de centroizquierda, pero en los hechos controlado por el Gobierno- las que aumentan exponencialmente las condenas contra manifestantes.

Previamente, en julio de 2019, Piñera había emitido el Decreto Supremo 256 que dispuso que las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) deban “aportar con tecnología, logística, transporte y vigilancia para combatir el narcotráfico”. Esto, ya había marcado el inicio del intento de Piñera de involucrar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en labores de seguridad interna.

Pero la “agenda de seguridad y paz social” considera un proyecto que va mucho más allá y tiene claros tintes autoritarios.

Se trata de la norma “que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE)”, mejor conocida como “Ley de Inteligencia” la que -de aprobarse- instalaría al propio Piñera a la cabeza del sistema y convertiría a chilenos en “enemigos” del Estado.

Esta deberá ser votada la tarde de este martes 7 de julio en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Previamente se debatirá una moción de censura presentada por los diputados Osvaldo Urrutia y Álvaro Carter.

Según señaló el doctor en derecho y académico de la Universidad de Chile Claudio Nash en el artículo Más poder para el Presidente, publicado el 16 de junio por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) este proyecto “consolida la reciente reconfiguración autoritaria del Estado de Chile, enmarcándose estas modificaciones al Sistema de Inteligencia en un contexto político de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, considerando a las organizaciones sociales y al movimiento popular como ‘enemigo interno’”.

Esta connotación quedó claramente establecida el 22 de enero cuando este proyecto fue aprobado en el Senado, en su primer trámite legislativo. En la ocasión el ministro de Defensa Alberto Espina deslizó su sentido profundo: “si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia moderno, los actos de violencia que ocurrieron en el mes de octubre se podrían haber impedido”.

Espina aludía al feroz estallido social gatillado el 18 de octubre de 2019, que remeció los cimientos del modelo neoliberal chileno y abrió un proceso constituyente -en pleno desarrollo- en una rebelión que no pudo ser sofocada pese a la feroz represión policial que significó decenas de muertos y miles de torturados y mutilados. No obstante, la pandemia de coronavirus puso este proceso en suspenso.

El proceso

Aunque el proyecto ya pasó la barrera del Senado, en un debate que apenas fue conocido por la opinión pública dada la casi nula difusión de los medios, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados se ha vuelto una barrera infranqueable -hasta ahora- para el Gobierno.

Esto, sin duda que es resultado del creciente rechazo de la opinión pública contra esta iniciativa el que ha sido recogido por sectores de oposición.

Pese a que el 28 de abril se aprobó en la citada comisión la idea de legislar, el proyecto mismo no ha sido discutido ni votado en particular, pese a la insistencia del ministro Espina en dicho sentido.

El 29 de mayo los siete diputados opositores de la Comisión de Defensa pidieron retirar la urgencia en la tramitación de este proyecto -que es fijada por el Ejecutivo- y llamaron al Gobierno a concentrarse en las tareas de control de la pandemia.

Una de las críticas más duras y significativas provino de parte del exjefe de la Dirección de Seguridad Publica e Informaciones (Dispi) -antecesora de la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)- Marcelo Schilling y de la diputada Maya Fernández Allende, nieta del presidente Salvador Allende. Ellos publicaron el 1 de junio -en El Mostrador- la columna “Un mal proyecto para Chile” en que sostuvieron que con esta propuesta de ley el Gobierno demuestra “que no sabe qué tipo de inteligencia desea producir”.

Estos diputados, ambos del Partido Socialista, justificaron así su aseveración: “La propuesta en discusión no distingue entre lo que se entiende como Inteligencia Estratégica del Estado (que debería producir la ANI); la Inteligencia de la Defensa (propia de las FF.AA. y el Estado Mayor Conjunto); y la Inteligencia Policial (que realiza Carabineros y la Policía de Investigaciones)”.

En opinión de estos legisladores, con el citado proyecto de ley el Congreso Nacional verá mermadas sus facultades de supervisión de la actividad de inteligencia ya que se obstaculiza la posibilidad de citar al director de la ANI a la Comisión de Inteligencia de la Cámara.

“Pero aún más grave -agregan los diputados- es el hecho que el proyecto no asigna al Congreso ninguna facultad para evaluar la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia”.

Por lo mismo sostienen que “el único canal mediante el cual la ciudadanía puede aplicar un control democrático a la actividad de inteligencia se ve coartado” de lo que se derivaría que esta propuesta no cumpliría -en su parecer- “con los estándares suficientes que demanda un sistema democrático ni aborda con seriedad el problema que busca resolver”.

Pero sin duda la principal oposición al proyecto ha provenido del joven presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito (30), quien milita en el partido Revolución Democrática de la centroizquierdista coalición Frente Amplio.

Este se ha negado a dar paso a la votación del articulado de esta propuesta, poniendo en tabla otras iniciativas, pese a la urgencia impuesta por el ejecutivo. Esto ha desatado la furia del ministro Espina y de sectores de derecha que han iniciado una especie de campaña en su contra y han promovido su censura como presidente de dicha comisión.

Todo el poder para el Presidente

Sebastián Piñera intenta -a través de la nueva ley- construir una superpoderosa Agencia Nacional de Inteligencia que concentrará la información de todos los organismos de inteligencia y que lo tendrá a él a la cabeza del sistema.

De hecho, será el jefe de Estado quien encabezará las sesiones del Consejo Asesor de Inteligencia que estará compuesto por sus ministros y subsecretarios de Interior y Defensa; además de todos los jefes de Inteligencia. Estas reuniones se podrán realizar tantas veces el mandatario estime pertinente y sus actas serán reservadas y estarán prácticamente fuera de todo control.

De promulgarse esta Ley, el mandatario elegirá al Director y Subdirector de la ANI, quienes dirigirán las unidades de Inteligencia de las FFAA y de las policías. En los hechos, Piñera podrá definir directamente el uso de las capacidades operativas de las unidades de inteligencia y estará facultado a solicitar la obtención de datos -incluso vía espionaje directo- mediante la ANI.

Así se establece en la Minuta Política y Técnica PDL que Fortalece y Moderniza el Sistema de Inteligencia, elaborado por la Diputación de Jorge Brito.

Según determina la nueva normativa, las FF.AA. estarán obligadas a entregar información al director de la ANI, sometiendo a las unidades de Inteligencia a los requerimientos de este, que actuará en nombre del Presidente de la República.

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta legislativa del Gobierno, es la que cambia la definición de contrainteligencia del Estado, incorporando como nueva amenaza -además de las externas- a los “grupos nacionales”. 

Además, se obligará a las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas a entregar “información residual” a la ANI, lo que las implicará en operaciones de Inteligencia interna, que hasta ahora le estaban vedadas por la Constitución.

“Esta disposición, incorporada por el Senado (…) es especialmente grave, porque sumado a la posible aprobación del proyecto que faculta a las FF.AA. a desplegarse por el territorio nacional para resguardar Infraestructura Crítica, con este articulado se facultará (a militares) a que cumplan funciones en tiempos normales, sin Estado de Excepción, contra grupos nacionales que a juicio del Pdte. amenacen el Orden Público y la Seguridad Interior del Estado”. Así se puntualiza en la mencionada minuta de trabajo del diputado Brito.

“Lo que busca Piñera es transformarse en el jefe de la inteligencia nacional sin ningún control”, sostuvo Brito en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, de 10 de junio.

La nueva norma aumentará los requisitos para que el Congreso fiscalice a la ANI, incrementando el quórum para que las comisiones del Congreso citen a su director. Antes se requería la mayoría simple de los presentes, pero este proyecto establece que deben ser dos tercios de los miembros permanentes.

De acuerdo a lo aprobado en el Senado, se otorga la posibilidad que la ANI cuente con agentes que puedan infiltrarse “en organizaciones sospechosas de actividades criminales”. Estos agentes podrán ser oficiales activos de las FFAA y de Orden, en la figura de comisión de servicio.

En el reordenamiento legal propuesto por Piñera, se facultará a la ANI a solicitar información a cualquier oficina o empresa del Estado, determinando que el funcionario que se niegue a entregarla reciba sanciones administrativas.

El artículo 12 f) de la nueva Ley aborda este tema “pero no establece las salvaguardas y requisitos del caso cuando se trate de información que, por su naturaleza, requiere una orden judicial”, como señaló el abogado de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, en análisis de la Ley de Inteligencia publicado el 19 de mayo.

“En síntesis, se crea un sistema de inteligencia centrado en el Poder Ejecutivo y bajo mando directo del Presidente de turno, sin límite ni controles de instituciones propias de un sistema democrático”, como señala el abogado Nash en su mencionado artículo.

Piñera quiere que el Ejército haga “el trabajo sucio”

“La Ley de Inteligencia es una propuesta política del gobierno de blindaje del modelo neoliberal frente a la posible nueva explosión ciudadana (…) porque en el fondo el proyecto apunta a concentrar y centralizar todos los servicios de inteligencia, de generación de información estratégica, en manos del Presidente de la República”.

Es lo que señala en entrevista con Proceso el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar. Este académico de la Universidad de Chile es reconocido como el más importante investigador de procesos constituyentes en la historia de Chile y, además, del papel que ha jugado el Ejército desde su fundación, en la década de 1830.

“La ley apunta ciertamente a la ciudadanía y a sus formas más básicas de asociatividad”, señala Salazar, agregando que la acción de los aparatos de inteligencia va a implicar “la observación, espionaje, persecución y represión eventual de todos los grupos y cabildos territoriales que estén pensando en cambiar en profundidad el sistema institucional que nos rige”.

El historiador estima que la iniciativa de Piñera “es una peligrosa movida” porque implica poner al Ejército “en una condición de servicio para hacer trabajos sucios”, como ha ocurrido en otros momentos de la historia de Chile.

No obstante, sugiere que en esta ocasión no existiría una buena disposición, al menos de parte de las filas castrenses, para hacer esta tarea.

“Hay mucha gente (militares) que no le gusta hacer trabajos sucios (crímenes de lesa humanidad), porque sería repetir el desprestigio en que incurrieron cuando estuvieron encabezados por su capitán general Augusto Pinochet”.

Cabe consignar que el 18 de marzo Piñera decretó el estado de catástrofe lo que le permitió sacar los militares a las calles y decretar el toque de queda nocturno, que se mantiene hasta el presente en todo el territorio nacional.

Estas restricciones han sido aprovechadas por el Gobierno para aprobar y/o mantener en marcha numerosos proyectos de inversión que amenazan el medio ambiente y que generan resistencia de las comunidades, pese que implican la dispersión de la epidemia de coronavirus la que se encuentra fuera de todo control. 

El 18 de junio, el estado de excepción fue prorrogado por otros tres meses y Piñera no ha ocultado su intensión de postergar o suspender indefinidamente el plebiscito programado para el 25 de octubre que definirá el destino de la Constitución Política dictada por Pinochet, en 1980, y que se mantiene plenamente vigente.