Corrupción, violaciones y espionaje: la ola de escándalos que sacude al Ejército colombiano

Corrupción, espionaje ilegal, violación de derechos humanos y abusos sexuales son algunos de los escándalos que se han destapado durante el último año y que dejan en evidencia la crisis que atraviesa el Ejército de Colombia.

El pasado 25 de junio, autoridades indígenas denunciaron que una adolescente de 13 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban en el territorio de la comunidad Embera Chamí, en el oeste colombiano.

Al final, siete militares aceptaron cargos por la violación de la menor y están recluidos en la cárcel. Este caso abrió una caja de pandora que incrementó la indignación del pueblo colombiano hacia el comportamiento de sus Fuerzas Armadas.

Los medios de comunicación revelaron una serie de acusaciones de violaciones de militares a niñas en otras comunidades indígenas, por lo que el Ejército reconoció que 118 militares están siendo investigados por presunto abuso sexual contra menores, cometidos en los últimos cuatro años.

«Dolorosamente quiero comunicarle a todos los colombianos que al momento hemos realizado una verificación detallada desde el año 2016, identificando 118 integrantes en la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad«, dijo el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, en una rueda de prensa virtual.  

Según el general, tanto la Fiscalía como el Ejército investigan todos los casos para determinar las acciones penales, disciplinarias y administrativas a la que haya lugar.

Ante la controversia desatada, Zapateiro negó la «sistematicidad» de violaciones a menores en el Ejército y enfatizó en que se trata de «conductas individuales» y no «sistemáticas» de los 240.000 miembros del Ejército.

«Una conducta individual no puede estigmatizar al resto de los soldados que prestan su servicio militar obligatorio de la mejor forma», aseguró al tiempo que anunció medidas de prevención y capacitación para evitar estos delitos.

Sin embargo, los abusos sexuales se suman a otros escándalos que en los últimos meses han manchado a las Fuerzas Armadas de la nación suramericana.

Asesinato a menores

En noviembre de 2019, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, se vio forzado a renunciar a su cargo, en medio de la polémica por un bombardeo del Ejército que asesinó a ocho menores de edad.

El hecho fue ocultado durante meses y presentado como una operación en la que fallecieron 13 integrantes de un campamento guerrillero y su jefe, Rogelio Bolívar Córdoba, alias Gildardo Cucho.

Pero, en el lugar había menores de edad que murieron en el ataque. De acuerdo con los exámenes de las autoridades forenses presentados en el Congreso, entre los fallecidos había una niña de 12 años, un adolescente de 15 años, tres de 17 años y otras tres menores de 16.

La renuncia de Botero se produjo una semana antes de que el Congreso votara sobre una moción de censura en su contra, por la estrategia de defensa y seguridad «que ha puesto en peligro los derechos y libertades de la población civil”.

Además, el ex titular de Defensa estaba siendo señalado por la situación de violencia en el departamento del Cauca, donde habían sido asesinados indígenas en varios atentados. 

Espionaje ilegal

A principios de 2020 estalló un escándalo de espionaje por parte del cuerpo militar contra al menos 130 personas, mediante el uso de herramientas informáticas.

Las labores de espionaje ocurrieron entre febrero y diciembre de 2019, se realizaron mediante el desvío de recursos de la cooperación estadounidense, e incluyeron a periodistas nacionales extranjeros, defensores de derechos humanos, sindicalistas y hasta generales y miembros del Gobierno.

Diversos sectores cuestionaron que estos ciudadanos hayan sido blanco de seguimientos y hostigamientos por parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia militar, mientras que los líderes sociales se encuentran sin protección.

La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) rechazó «la interceptación ilegal y seguimiento a periodistas nacionales e internacionales«, y pidió garantías de seguridad para los corresponsales perseguidos, reseñó Telesur.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, quien aparece entre la lista delos espiados, aseguró que una operación de esta envergadura debió costar miles de millones de pesos y que un movimiento como ese no se realiza «sin que el Estado sepa».

Operación Bastón

A mediados de mayo, varios medios colombianos revelaron la trama de la Operación Bastón, que involucra a miembros del Ejército colombiano con nexos con el narcotráfico, complicidad con la eliminación de líderes sociales, espionaje electrónico, perfilamiento a opositores de izquierda, protección a la minería ilegal, desvíos de dinero, entrega de contratos a dedo a cambio de jugosas dádivas, venta de armas y salvoconductos a grupos paramilitares e irregulares.

La investigación tuvo su origen en la solicitud del Gobierno colombiano de pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como socio y no como miembro pleno, y buscaba homologar los estándares de transparencia de sus fuerzas armadas con las del grupo de defensa europeo.

El resultado de esa labor de investigación interna causó impacto, no solo por el número de uniformados de todos los grados involucrados en actividades por fuera de la ley, sino por la gravedad de hechos.

Incluso, por el volumen de información bien se podría hablar de una especie de WikiLeaks del Ejército colombiano.

La operación de contrainteligencia puso al descubierto numerosos hechos de corrupción que involucran a 16 altos generales y 266 oficiales y suboficiales del Ejército, y 35 civiles. El titulo del operativo hace referencia al tradicional bastón de mando que usan los generales, grupo por donde se inició la investigación, que puso al descubierto las irregularidades y delitos en el seno de la institución.

La filtración de los resultados de la investigación por periodistas colombianos generó conmoción en la opinión pública, mientras que el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue llamado a comparecer al Senado, por los parlamentarios Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino.

El senador Cepeda definió el informe como un «panorama espeluznante» que demuestra la existencia de «un sólido bloque corrupto de extrema derecha, estrechamente ligado al narcotráfico en el Ejército nacional».

Denunció que se busca echar un manto de silencio sobre la investigación y que la Fiscalía Militar pretende vincular a personas de la institución por la filtración de los resultados de la Operación, así como a los periodistas que la difundieron.

Para el senador Gustavo Bolívar, de Alianza Verde, los hechos denunciados «corresponden a un entramado de estructuras criminales enquistados con un aparato de extrema derecha».

Por su parte, el senador Antonio Sanguino, quien se encuentra en la lista de los políticos víctimas del espionaje, denunció que esta práctica viola los derechos fundamentales y le genera mucha preocupación por su seguridad, ante las continuas amenazas de grupos de extrema derecha como los Águilas Negras, que ya lo han amenazado de muerte en otras ocasiones.

Ante los señalamientos, Holmes Trujillo negó que haya encubrimiento en los casos denunciados, acotando que por disposición legal la Procuraduría no puede dar a conocer ni los nombres de las personas investigadas, ni el estado del proceso que, aseguró, se encuentra en proceso de investigación.

Destacó que, sobre los supuestos vínculos de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico, están siendo investigados, acotando que se trata de casos individuales por lo que no se puede hablar de una estructura al interior del Ejército.

Sin embargo, según reportó la revista Semana, inexplicablemente en muchos casos las investigaciones quedaron engavetadas en los archivadores de fiscales«.

Tropas estadounidenses

El último escándalo que sacude al Ejército y al Gobierno es que un tribunal ordenó al presidente Iván Duque suspender las actividades de una brigada militar estadounidense, desplegada en el país latinoamericano entre 27 de mayo y el 2 de junio, para supuesto apoyo a la lucha contra el narcotráfico.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca establece que las operaciones deberán detenerse mientras el Senado debate si autoriza o no las actividades y presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, como lo establece la Constitución.

Además, dispone que Duque debe entregar a la Cámara Alta toda la información sobre el ingreso, llegada y permanencia del medio centenar de unidades especiales del contingente Asistencia de Fuerza de Seguridad.

La sentencia se dio luego de la denuncia presentada por varios congresistas, quienes consideran que la autorización del despliegue de los 53 efectivos estadounidenses debía de pasar por el Senado, reportó RT.

La llegada de los efectivos norteamericanos causó rechazo por parte de varios sectores que alertaron que la presencia militar de Estados Unidos  en Colombia atenta contra la soberanía nacional y además es inconstitucional. 

Un nutrido grupo de congresistas lo consideraron una violación a la soberanía y a las funciones del Senado, así como un potencial detonante para un conflicto bélico con Venezuela.

«Me complace enormemente que la justicia en Colombia restaure nuestros derechos y nuestra soberanía (…) Esperamos que el Congreso esté a la altura y que niegue esa presencia invasora y hostil en nuestro territorio», afirmó Cepeda, uno de los impulsores de la acción judicial.

Bogotá y Washington aseguran que los militares estadounidenses se limitan a asesorar y apoyar acciones contra el tráfico de drogas, ejecutadas únicamente por las Fuerzas Armadas colombianas. Por ello, Duque argumenta que la llegada de la brigada no debía ser autorizada por el Senado.

Por el momento, el ministro Holmes Trujillo anunció que el Gobierno refutará la sentencia del tribunal y defendió la presencia militar extranjera. «La cooperación internacional es fundamental para fortalecer la lucha contra el narcotráfico», aseguró.

Esta serie de escándalos afectan el respecto y la credibilidad del Ejército entre el pueblo colombiano, que durante las protestas de noviembre de 2019 exigieron una reforma y reestructuración de las Fuerzas Armadas.

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