CDE acusa "red de corrupción"

Fraude en Carabineros: Oficiales (r) quedan en prisión preventiva y general arriesga formalización

El fiscal José Antonio Villalobos adelantó que se indaga otra arista, relacionada con eventuales maniobras para favorecer a empresas vinculadas a la familia de uno de los imputados en licitaciones de cuarteles que se remontan a 2010. Hasta el momento la cifra del desfalco llegaría a los $500 millones.

Por Matías Rojas

29/09/2016

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Cuarteles2

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decidió aplicar la medida cautelar de prisión preventiva a dos oficiales en retiro de Carabineros, imputados por el Ministerio Público por delitos reiterados de fraude al Fisco y eventual cohecho en la construcción de cuarteles, bajo la gestión del actual jefe de zona de la Región del Maule, Félix Flores Santis.

El tribunal estimó que la libertad de los imputados era un peligro para la sociedad, por lo que resolvió cursar el ingreso de César Rojas Gaete y Christian Bustos Morgado, ex mayor y ex coronel, respectivamente, a un recinto policial, donde permanecerán recluidos durante los próximos cuatro meses, hasta que termine el plazo fijado para la investigación.

En una extensa audiencia de seis horas, el fiscal José Antonio Villalobos formalizó la causa iniciada hace dos años para indagar el pago indebido de recursos públicos a la empresa CGM y la existencia de informes falsos sobre el avance de las obras que se adjudicó, tales como los retenes de Isla Huar, Villa Ortega, Lago Castor y Coyhaique Alto.

Se estima que el perjuicio fiscal de la defraudación alcanza – hasta el momento – los $500 millones, monto que fue posible captar mediante el uso de información privilegiada obtenida por el ex mayor César Rojas desde el interior de la policía uniformada, según expuso el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El modus operandi habría consistido en contactar a una sociedad que se adueñara de los proyectos y lograr, coordinadamente con las personas encargadas del Departamento de Cuarteles L1 de Carabineros, el desvío de cuantiosas sumas de dinero invertidas por la institución luego del terremoto del 27-F, a fin de ser distribuidas entre los participantes del fraude.

Correos exhibidos en la audiencia, provenientes de la casilla personal del ex mayor Rojas, hablan de los «inversionistas A y B». El primero de ellos, según los antecedentes que el tribunal conoció este miércoles a partir del testimonio de un testigo, correspondería a la persona de Félix Flores, general activo, ex encargado de Cuarteles y ex vecino de Rojas. El segundo, se trataría del coronel (r) Christian Bustos, a esa fecha subalterno de Flores.

El ex capitán Carlos Bustos Prat y el empresario Rodrigo Carrasco Quiroga, ex gerente de ventas de Mellafe & Salas, también fueron mencionados en el relato de la Fiscalía. A ambos se les indagó en el bullado «caso TIC», por la adjudicación a sobreprecio de equipos computacionales, y de acuerdo a lo expresado en la jornada recién pasada habrían hecho gestiones con el ex mayor Rojas en la primera etapa de este desfalco.

El fiscal Villalobos adelantó que se indaga otra arista, relacionada con eventuales maniobras para favorecer a empresas vinculadas a la familia del ex coronel Bustos Morgado en licitaciones de cuarteles que se remontan a 2010, como las sociedades Fealfra SpA e Ingeniería Torrejón.

Además levantó dudas sobre la transferencia de un millón de pesos desde la cuenta del ex mayor Rojas al general Flores, hecho justificado por este último como el pago de un mueble oneroso que presuntamente vendió a la señora de su antiguo colega.

Pese a haber sido formalizados en el mismo caso, el dueño de la empresa CGM, Cristian Gutiérrez, y el ITO encargado de la revisión de los trabajos, Francisco Pizarro, fueron los primeros en abandonar la sala. A ellos solo se les aplicó la cautelar de arresto domiciliario total luego de haber cooperado sustancialmente en la indagatoria, según lo explicado por la parte acusadora.

En el caso del ITO Pizarro, éste señaló en la carpeta que el entonces comandante Christian Bustos, abusando de su posición jerárquica y amenazándolo con perder su fuente laboral, le ordenó ocultar el nulo avance de las obras de CGM, por la cual se seguían cancelando importantes sumas.

Esto supuestamente llevó al ingeniero a denunciar al hecho al general Flores, quien le habría respondido que no se preocupara y siguiera al pie de la letra las directrices de Bustos «por el bien de Carabineros».

La hebra que apunta a dicho miembro del Alto Mando, quien no es formalizado todavía y podría serlo en el futuro con más civiles, fue tomada en consideración por el juez que dirigió la audiencia para argumentar las presunciones del hecho punible que llevaron a justificar la prisión preventiva de los imputados Rojas y Bustos, señalando que Flores suscribió las resoluciones que posibilitaron el pago indebido a CGM, firma que ni siquiera cumplía con los requisitos para efectuar obras de esa envergadura.

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