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Crisis penitenciaria en Chile: ¿Cárceles o campos de concentración?

Macarena Albornoz, encargada de DDHH de la ONG Leasur que en octubre de 2015 presentó una denuncia contra funcionarios del Ministerio de Justicia por negar beneficios carcelarios a más de 500 internos, apuntó a la falta de iniciativa del Ejecutivo para legislar sobre la materia.

Cárceles

Graves irregularidades al interior de las cárceles de la Región Metropolitana detectó un informe elaborado por la Corte de Apelaciones de Santiago hace algunas semanas, hecho que levantó una alarma sobre las precarias condiciones en las que conviven prisioneros y gendarmes de la capital.

Sobre esta problemática, El Ciudadano TV recogió diversas impresiones de figuras vinculadas al ámbito del derecho.

Macarena Albornoz, encargada de DDHH de la ONG Leasur que en octubre de 2015 presentó una denuncia contra funcionarios del Ministerio de Justicia por negar beneficios carcelarios a más de 500 internos, apuntó a la falta de iniciativa del Ejecutivo para legislar sobre la materia.

En este sentido, aún queda dictar una Ley de Ejecución Penitenciaria que permita la existencia de “jueces de vigilancia penitenciaria que tengan su locación al interior de las prisiones”, afirmó.

El abogado penalista Mauricio Daza criticó el sistema de cárceles concesionadas, indicando que su ineficiencia y ganancia de las mismas a costa del hacinamiento que viven los penales, se da en un contexto en que “hay bastante corrupción respecto a la asignación de contratos a privados”.

Para Ariel Zúñiga, en Chile las cárceles no son tales: lo que hay son “campos de concentración”, insertos en un “sistema institucionalizado y masivo de tortura”.

Zúñiga indicó que antes de poner acento en la posibilidad de que se repita una tragedia como la de la Cárcel de San Miguel, que cobró la vida de 81 presos en 2010, hay que poner ojo en la situación general de abuso y desamparo que existe en los recintos penitenciarios, y reflexionar sobre las causas del fenómeno.

Asimismo señaló que en Chile, “la posibilidad de ser pobre y ser criminalizado por el Estado es de un 100%”.

Finalmente Cristián Cruz, abogado defensor de los derechos humanos, criticó con dureza la escasa fuerza del gobierno de Bachelet para ordenar el cierre definitivo de Punta Peuco, cuya mantención profundiza la discriminación que existe en el país con la población carcelaria, según manifestó.

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