Por la desaparición de Matute y el "cartel de Coronel"

El día en que el abogado de Bachelet persiguió a la prensa en un caso de drogas

Juan Pablo Hermosilla representó a funcionarios de Carabineros investigados por supuestos hechos de corrupción e interpuso varias querellas contra los medios que informaron de ello.

Por Matías Rojas

03/06/2016

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Hermosilla

Las repercusiones de la querella criminal presentada contra la Revista Qué Pasa por Michelle Bachelet continúan sacando ronchas en La Moneda. Y junto a la aparente retirada del apoyo oficialista a dicha acción, que vuelve a poner el caso Caval dentro del Palacio de Gobierno, y las críticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), surgen nuevas aristas.

El Ciudadano repasó la historia nacional y descubrió que no es primera vez que el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien esta vez patrocina a Bachelet, ha intentado enjuiciar a periodistas a raíz de filtraciones que incomodan a funcionarios públicos.

A mediados del año 2000, Hermosilla viajó a la Región del Biobío para asumir la representación de un oficial de Carabineros mencionado en filtraciones de un proceso judicial y administrativo por narcotráfico y supuesta corrupción policial.

El entonces mayor Jorge Caamaño, asistido por el jurista capitalino vinculado a la Concertación, era puesto en tela de juicio, además, por sus intervenciones en la pesquisa de la enigmática desaparición del estudiante Jorge Matute Johns, ocurrida meses antes en la discoteque «La Cucaracha».

Caamaño señaló que varios periódicos habían «dañado su honra» por el solo hecho de informar que el funcionario a cargo de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) de Concepción era indagado.

La presentación de querellas del oficial provocaron fuertes críticas del Colegio de Periodistas. En una declaración pública de agosto de ese año, sus miembros locales dijeron que «este tipo de acciones legales causan profunda extrañeza y de hecho parecen constituir un intento evidente de querer amedrentar la labor de los periodistas y de las instituciones de la prensa, que gozan de un claro reconocimiento, honra y prestigio entre la comunidad».

Agregaron que la circunstancia de que «un medio de comunicación informe que funcionarios de una institución como Carabineros se encuentren afectos a investigación interna no puede constituir de por sí una falta o un delito, por lo cual no deja de ser desconcertante la intención de reaccionar de una manera extrema, como la que se está verificando en este caso».

LAS «INJURIAS ENCUBIERTAS»

El periodista y entonces editor del diario «Crónica» de Concepción, Carlos Basso, recuerda cómo hizo frente a las querellas.

«La verdad es que nunca siquiera conocí al abogado Hermosilla, pues en aquella época el proceso penal era escrito y secreto, por lo cual me correspondió declarar un par de veces en el Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, donde fuimos sobreseídos no solo nosotros, sino también varios otros medios que fueron querellados, entre ellos al desaparecido diario El Metropolitano y a Radio Bío Bío», afirma.

Explica que Hermosilla luego «apeló ante la Corte de Apelaciones de Concepción y también le fue mal. De acuerdo a nuestros abogados, aparte de que no habíamos cometido delito alguno (pues solo informamos que un oficial de Carabineros, cuyo nombre no publicamos, estaba siendo investigado por dos tribunales, en el marco del caso Matute y en un caso de narcotráfico) la querella se basaba en una figura penal inexistente, ‘injurias encubiertas’.»

Otro profesional de las comunicaciones afectado por las acciones de quien ahora es «abogado personal» de Bachelet, es Pablo Torres, co-autor del libro «Los enigmas del caso Matute Johns» editado en 2001. Torres señala que Hermosilla no sólo actuó en representación del jefe de Dipolcar Jorge Caamaño, sino que también defendió a Jaime Portales, asesor jurídico de la VII Zona de Carabineros.

Torres sostiene que en el marco del caso Matute, el diario «Crónica» reveló antecedentes contenidos en la investigación, donde se afirmaba que «el día en que desapareció ‘Coke’ había dos oficiales de alta graduación de Carabineros que estaban en la discoteque. En la investigación, individualizaron que esos oficiales eran el mayor Portales y el mayor Caamaño».

La nota fue considerada “injuriosa” por los oficiales, pero el ánimo detrás de ella, precisa Torres, fue «netamente de tipo periodístico, de revelar antecedentes de la investigación».

En esas fechas circulaba un documento interno de Carabineros elaborado con la asesoría del actual jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales, Mario Rozas, que analizaba en términos despectivos las publicaciones de «Crónica» y su cobertura del denominado “cartel de Coronel”, indagación paralela que se cruzó con la de Matute por las menciones de los carabineros Caamaño y Portales en la supuesta red del traficante Manuel Hernández Delgado, alias “Mañungo”.

El análisis de la policía uniformada indicaba que las páginas del diario “Crónica” estaban plagadas de “sensacionalismo”, un trabajo “poco acucioso”, “lenguaje popular”, “hechos exagerados” y “ribetes de prensa amarilla”. Agregaba también que los periodistas carecían de “bases sólidas de sustento” para vincular el caso Matute con el proceso de narcotráfico y se aventuraba a identificar las fuentes que el medio usaba para nutrir sus noticias.

“Todo indicaría que la(s) persona(s) que entrega(n) información a Basso y Torres, tiene acceso privilegiado a cierto nivel de información: podría(n) pertenecer a alguna Unidad Especializada, oficina de partes, ayudantía, telefonistas, radioestación, por nombrar los más calificados en recepción de información”, señalaba el informe.

Torres dice que el origen de algunas publicaciones del medio, como la supuesta presencia de los oficiales Caamaño y Portales en La Cucaracha, no era sino “el equipo investigador de Carabineros que estaba a cargo (del caso Matute) en ese momento”.

«Lo que buscaba tanto Caamaño como Portales, pero especialmente Caamaño, era coartar la libertad de expresión. No quería que se publicara nada a menos que él fuera la fuente oficial», manifiesta respecto a la ofensiva legal del abogado Hermosilla.

El periodista subraya que el avezado “Mañungo”, quien se hizo conocido por comprar un vehículo a Colonia Dignidad, “tenía una serie de tarjetas de presentación de varios oficiales de Carabineros, entre los que se encontraba el mayor Caamaño”.

Los documentos fueron requisados en julio de 2000 cuando el OS7 de Carabineros detuvo a Hernández Delgado a través de las pistas proporcionadas por Susana Ramírez, quien cooperó como informante a la unidad antidrogas.

LA ESTRATEGIA DE HERMOSILLA

Según publicaciones del diario “Crónica”, entre julio y agosto Juan Pablo Hermosilla se entrevistó con la jueza Flora Sepúlveda a cargo del caso Matute y, por separado, con el jurista defensor de “Mañungo”, David Sverlij.

Como destaca un recorte de prensa, Sverlij aludía en estos tiempos al jefe de inteligencia Jorge Caamaño como “un profesional íntegro y honesto, víctima de una conspiración”, usando la misma línea argumentativa con que había intentado defender a su cliente, sometido a proceso por asociación ilícita para el contrabando de cocaína.

Casi 20 días después, el cuestionado mayor Caamaño declaró ante Eduardo Carrasco, el juez de Talcahuano que sustanció el caso del “cartel de Coronel”, y entregó su versión: “(…) supe que este ‘Mañungo’ era dueño de Cabarets y locales nocturnos, y se comentaba que éste estaba involucrado con drogas, consumo y tráfico, pero no lo conocía personalmente”.

“El viernes 11 de agosto, mi abogado Juan Pablo Hermosilla presentó un escrito en el Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, acompañando un video que corresponde entendemos a la primera declaración que habría prestado (la informante Susana) ante los oficiales Uribe y Guzmán (de OS7) el día 26 de junio pasado… durante dos horas es interrogada y no aporta ningún antecedente que me involucre directa o indirectamente en los hechos que investiga el tribunal”, sostuvo.

De acuerdo a la declaración judicial que El Ciudadano tuvo a la vista para esta publicación, el oficial agregó: “En este acto, la tal Susana se muestra como una persona absolutamente mitómana, nombra como compradores que tiene Mañungo al Director de la Policía de Investigaciones Nelson Mery, al Diputado Haroldo Fossa, al ex Intendente de la Octava Región, Martín Zilic, y al actual Ministro del Interior, José Miguel Insulza, agregando que ella presenció cuando estas personas adquirían la droga entre otros lugares (en) el Hotel Hyatt de Santiago”.

Todas las personas mencionadas en la lista, a excepción del ex parlamentario Fossa – quien murió en septiembre de 2006 – han descartado su involucramiento en el caso.

Una fuente ligada a la investigación dijo a este medio que la informante Susana, quien posteriormente cambió su identidad, volvió a mencionar la supuesta vinculación de Mañungo con figuras del ámbito político, esta vez frente al juez Carrasco.

El magistrado revisó entonces la declaración del mayor Caamaño y concentró sus sospechas en la irregular obtención del testimonio audiovisual que el abogado Hermosilla había presentado a la jueza del caso Matute, en un intento por desacreditar a Susana y a través de eso la presunta conexión del expediente Mañungo con el de Coke.

Con fecha 26 de octubre de 2000, el juez Carrasco envió un oficio a la VIII Zona de Carabineros ordenando investigar “quién le facilitó los videos de la testigo con reserva de identidad (…) al mayor Jorge Caamaño, para que obtuviese acceso y copia de éstos”. Hecho que, afirmó la misma fuente consultada por El Ciudadano, nunca se aclaró.

Juan Pablo Hermosilla volvió a hacerse conocido en el contexto del caso Matute hablando en televisión como supuesto abogado «experto» del proceso. Ello pese a que su única intervención, en términos legales, fue perseguir a los medios que informaron sobre el avance de la investigación.

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