Escándalo de pensiones millonarias en Gendarmería gatilla crisis en el alto mando

En medio de una huelga de hambre que suma adherentes cada día y en una atmósfera de inquietud que recorre los pasillos de Rosas 1264, los motivos del llamado a retiro de dos altos funcionarios de Gendarmería por decisión del director nacional Tulio Arce, son manejados con absoluto hermetismo.

La olla de presión se volvió incontrolable el viernes pasado, mismo día en que El Ciudadano expuso la preocupación que existía al interior de la institución con respecto al sueldo bruto mayor a 9 millones de pesos que el jefe de gabinete del director, Patricio Torres, había recibido en marzo.

Similar molestia causaba el abultado cálculo de pensiones de ex oficiales penitenciarios como Patricio Campos, asesor estrella de la ministra de Justicia Javiera Blanco.

La versión del Departamento de Comunicaciones de Gendarmería fue que no existía ninguna irregularidad ni falta a la probidad en el caso de Torres, ya que «por única vez», afirmaron, «la persona individualizada percibió ese monto bruto ($9.163.947), correspondiente al pago retroactivo de su asignación profesional de título, que además coincidió con el bono trimestral que periódicamente perciben los funcionarios públicos».

Agregaron que tampoco se transgredió «el principio de transparencia en la tramitación de pensiones, las que se rigen por el DFL 29».

Horas antes de la publicación de este medio, el subdirector operativo Freddy Larenas había exigido explicaciones sobre la materia a Arce, aludiendo a un fuerte comentario que ponía en duda el criterio usado para fijar los elevados montos de jubilación correspondientes a Patricio Campos, la ex subdirectora técnica del servicio Paula Espinoza, y el ex presidente de la ANFUP Pedro Hernández.

El documento de Larenas vinculaba lo anterior con el rechazo de la Contraloría General de la República a tomar razón de las pensiones y la devolución de numerosas resoluciones a la Dirección de Previsión de Carabineros en cada uno de los casos.

En efecto, a través de un oficio fechado el 21 de abril de 2016, la División de Personal de la Administración del Estado de Contraloría, a través del abogado jefe del Área de Beneficios Previsionales y Remuneraciones, Samy Mainemer Fischer, señaló a Dipreca que el cálculo de las pensiones en Gendarmería no se ajustaban a derecho.

Ello porque se habían realizado «sin considerar el límite de imponibilidad de las remuneraciones establecido en el artículo 5º del decreto ley Nº 3.501, de 1980», que determina un tope de 60 UF para la fijación del monto.

En la institución comentan que Tulio Arce ha desplegado un fuerte lobby en Contraloría para revertir las observaciones del ente fiscalizador, contando con el apoyo de la ministra Javiera Blanco y el senador Antonio Horvath, quien es cercano al ex jefe de gabinete de Gendarmería Christian Alveal.

Arce actúa en estos esfuerzos como parte interesada, ya que lo señalado por Contraloría podría, eventualmente, afectar su propio bolsillo si es que intenta optar por una jubilación amplificada como han hecho sus colegas en el pasado.

Así las cosas, la decisión que tomó la máxima cabeza de Gendarmería una vez filtrada la ordenanza de Larenas por redes sociales, fue citar al subdirector de Administración y Finanzas, Jorge Ortiz Silva, a su oficina, para exigirle renunciar a un cargo que mantenía desde julio del año pasado, cuando ingresó al servicio a través del sistema de alta dirección pública.

El hecho fue interpretado por un sector crítico a la gestión de Arce como el sacrificio de un chivo expiatorio. En este sentido, dijeron, la salida de Ortiz permitiría sólo evadir la responsabilidad de la Dirección Nacional en un sistema engañoso de abultamiento de pensiones que se remonta a 2010 e infringe el citado decreto ley Nº 3.501, como detectó el contralor Jorge Bermúdez.

El sistema se aprovecharía del cálculo de pensiones realizado a partir del último sueldo recibido por el funcionario que se acoge a retiro en período trimestral, cuando existen beneficios que aumentan la cantidad remunerada. En otras palabras, a la hora de fijar el monto de la pensión, se toma como referencia un mes que no refleja el sueldo normal.

Esto ocurrió en el caso de Patricio Campos, ex oficial que se retiró de Gendarmería la primera semana de enero de 2016, saliendo de un período trimestral que sentó las bases para fijarle una pensión de $4.657.791. Dicho monto se suma al dinero que actualmente recibe como asesor del Ministerio de Justicia, lo que le permite acumular un total de 8 millones de pesos aproximados al mes.

Algunos casos de montos elevados conocidos por El Ciudadano fueron: los ex directores de la institución, Marco Salas Mercado y Juan Letelier Araneda, con $5.850.935 y $5.866.687 mensuales de pensión, respectivamente; el ex coronel Juan Carlos Manríquez Sepúlveda, con $5.023.632 mensuales de pensión; el ex coronel Carlos Eduardo Barraza, con $5.605.874 mensuales de pensión, y el ex coronel Luis Camino Farías, con $6.037.622 mensuales de pensión.

Otro elemento que permitiría explicar la entrega de estos cuantiosos recursos son las denominadas asignaciones críticas, bono determinado por facultad exclusiva del director nacional Tulio Arce y que sólo favorece a oficiales del servicio (Planta 1).

Por ejemplo, aún no es claro el criterio detrás de las asignaciones de 39,38% y 35,34% concedidas al actual jefe de gabinete Patricio Torres y al inspector operativo Maurice Grimalt, dos cargos que no tienen responsabilidad de mando.

Aunque hasta el momento la institución ha declinado confirmar que Arce haya pedido también la renuncia del subdirector operativo Freddy Larenas, quien justamente advirtió sobre estas irregularidades, fuentes vinculadas a Gendarmería plantean que así ocurrió.

Las mismas voces alertan sobre un nuevo escándalo que podría salir de la caja de Pandora abierta por Contraloría y la ordenanza de Larenas: los más de 100 funcionarios jubilados que fueron recontratados por Gendarmería y que ganan mensualmente cifras superiores a los cinco millones de pesos.