¿Costa Rica en crisis? Desempleo, déficit fiscal y peor calidad de vida

La nación centroamericana registró el déficit fiscal más alto desde 1979, con 6,96 % del PIB, algo que echó por tierra los pronósticos más optimistas del Gobierno de Carlos Alvarado

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Poco se habla sobre la situación económica de un país pequeño como Costa Rica. Los comentarios más comunes que allí se vive tranquilo, con estabilidad, que su estructura radica básicamente en el turismo, la agricultura, la exportación de equipos electrónicos y los servicios. Pero de ahí a encontrar información sobre los aumentos en los índices de desempleo y deuda pública, y que calidad de vida se ha deteriorado, ya es otra historia.

Sobre este aspecto, Andrés Mora Ramírez, académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica, sostiene que hay una narrativa de la crisis que vive el país centroamericano que no es contada con detalle y que ha sido muy bien manejada e instrumentalizada por tecnócratas, intelectuales y medios de comunicación.

Dos noticias recientes activaron las alarmas de la sociedad costarricense, especialmente de la clase política, los grupos de poder económico y la tecnocracia: de acuerdo con datos oficiales, la tasa de desempleo abierto alcanzó 12,4 % en el cuarto trimestre de 2019, el porcentaje más alto de la última década.

Además, el país registró el déficit fiscal más alto desde 1979, con 6,96 % del PIB, algo que echó por tierra los pronósticos más optimistas del Gobierno de Carlos Alvarado para detener un problema histórico que condiciona las posibilidades de desarrollo nacional en varios ámbitos.

«Recordemos que en diciembre de 2018, el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) logró la aprobación en la Asamblea Legislativa de una polémica reforma fiscal anunciada como «necesaria» si se quería evitar una crisis de grandes dimensiones, y con ello, frenar la aplicación de medidas de ajuste que –en palabras de la entonces Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar- provocarían “dolor”, más desempleo y afectarían la calidad y cobertura de los servicios públicos esenciales», describe Mora.

Al respecto, agrega que ahora, frente al estancamiento prolongado de la economía costarricence, y a los magros resultados del nuevo esquema tributario, agravados por el hecho de que la agencia Moodys emitió un comunicado negativo sobre el riesgo de inversión en bonos de deuda costarricense, la «inteligencia neoliberal -arrinconada por la situación-«, redobla su apuesta por los dogmas económicos neoclásicos.

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La pobreza en Costa Rica se ubica por encima del 20 % de la población. Foto: Web

Reformas neoliberales para Costa Rica

En su análisis sobre la realidad económica y social del país, Mora explica que desde el Ejecutivo, y con apoyo de las cámaras empresariales y varios partidos de derecha, se promueve la aprobación de un proyecto de ley que pretende flexibilizar la jornada laboral, que pasaría de 8 a 12 horas, bajo el supuesto de que ese cambio ayudaría a reactivar la actividad económica.

«En relación con la delicada situación fiscal y la asfixia de las finanzas públicas por el pago de la deuda, el Mandatario alega que recibió un “país hipotecado” por los gobiernos que le precedieron en los últimos 20 años, que no hicieron lo suficiente por resolver la crisis (aunque fue omiso en asumir la responsabilidad de su propio partido, que gobernó entre 2014 y 2018, cuando Alvarado se desempeñó como ministro). Es decir, las distintas administraciones no “ajustaron” al Estado y sus instituciones a la medida del traje diseñado por los organismos financieros internacionales», explica Mora.

En consecuencia con este discurso -añade el académico- el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, exfuncionario del Banco Mundial, anunció que reforzará el combate a la evasión de impuestos y, además, propuso “recurrir a los superávits presupuestarios de 11 instituciones y empresas públicas, así como la privatización” del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores, para conseguir recursos frescos para el pago de la deuda.

No obstante, como explica el economista Paulino Vargas, “todo esto sumado daría para cancelar el 1 % de la deuda total o, en el mejor de los casos, un poquito más. Bastaría un trimestre, quizá menos, para que esa amortización quede compensada y superada por el crecimiento inercial de la deuda”.

El servicio de la deuda –es decir, el monto que el Estado endeudado debe pagar a los acreedores- consumirá el 38,2 % del presupuesto nacional del 2020, y el ministro Chaves alberga la expectativa de realizar una nueva colocación de bonos (eurobonos) en los mercados de Londres o Nueva York, para sustituir deuda cara por deuda barata. El ciclo, a todas luces, parece interminable: a mayor deuda, mayor endeudamiento; a más desempleo y déficit, más ajustes y sacrificios.

«Para quienes nacimos en la Costa Rica de finales de la década de 1970, “crisis” se ha convertido en una palabra común, casi omnipresente: nuestra vida ha transcurrido en la zozobra permanente, en la inminencia del colapso social y económico, sometidos al dictum de los organismos financieros internacionales que reclaman la profundización de los ajustes fiscales y estructurales, detenidos solo temporalmente por la resistencia de los movimientos sociales», resalta Mora.

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¿Qué pasó con la edad de oro?

La «edad de oro» del Estado costarricense fue cuando el proyecto socialdemócrata iniciado en 1950 desplegó su potencial transformador, por medio del desarrollo de una economía mixta, de la regulación de los capitales, de la promoción del empleo y los derechos de los trabajadores como política social, de la inversión pública en infraestructura, de la ampliación de la cobertura educativa y sanitaria, del fortalecimiento de la producción agrícola y la gestión cultural, entre otros aspectos-.

«Es para nosotros un recuerdo que gravita en el discurso de la historia oficial y en el imaginario del discurso hegemónico de identidad nacional, pero que tiene cada vez menos referentes a los cuales anclarse como factor de movilización de la acción política», sostiene Mora.

El investigador también añade en su análisis titulado «Costa Rica: crisis, deuda e impunidad del neoliberalismo«, que desde mediados de los ’80, con la implementación del primer Programa de Ajuste Estructural, «la crisis como condición permanente, como narrativa que sostiene e impulsa el proyecto neoliberal, devino en una suerte de dispositivo cultural e ideológico que establece el carácter inexpugnable de sus mandatos, al tiempo que proscribe cualquier alternativa que se aleje de los marcos hegemónicos de comprensión de los problemas económicos y sociales».

«Con pesar, debemos reconocer que no existe hoy, entre la oposición en la Asamblea Legislativa ni entre los movimientos sociales, la capacidad de abrir un debate, con incidencia en la opinión pública, sobre salidas otras a la crisis multidimensional que nos aqueja», lamenta Mora.

Ese escenario, advierte, lo más probable es que lleve a Costa Rica a un aumento progresivo de la desigualdad social, a una mayor concentración de la riqueza, a más desempleo y a la precarización del trabajo, aunque pareciera que el sistema económico actual «permanece exento de toda sospecha, gozando de la impunidad de sus crímenes«.

Precisamente ante ese escenario, Mora subraya, que «ese, quizás, sea uno de sus mayores triunfos». Mantener el sucio bajo la alfombra.

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